(Austin, 11 de julio de 2022) – Estados Unidos debería poner fin de inmediato a la financiación federal de las agencias y condados que participan en el abusivo programa fronterizo del gobernador de Texas, Greg Abbott, incluso mientras el Departamento de Justicia lleva a cabo una investigación sobre el operativo, señaló hoy Human Rights Watch. El operativo Lone Star es una maniobra discriminatoria y abusiva que tiene como objetivo detener, procesar y encarcelar a presuntos migrantes por infracciones estatales de baja gravedad.
“Si el gobierno federal ignora la escalada de la xenofobia mientras sigue financiando a las agencias implicadas, podría convertirse en cómplice de los continuos abusos cometidos en el marco del operativo Lone Star”, señaló Alison Leal Parker, directora ejecutiva de Human Rights Watch en Estados Unidos. “Los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional deberían investigar los abusos y obligar a Texas a cambiar de rumbo, incluso poner fin al operativo Lone Star”.
La oficina del gobernador, y muchas de las agencias y sheriffs implicados, reciben regularmente fondos federales a través de diversos programas, muchos de los cuales son anteriores al operativo Lone Star.
La investigación del Departamento de Justicia que informó el Texas Tribune el 6 de julio, se produce en medio de un peligroso auge de la retórica y acciones perjudiciales por parte de funcionarios de Texas. El 7 de julio de 2022, el gobernador Abbott emitió una orden ejecutiva que iba más allá de los arrestos y las detenciones de solicitantes de asilo y migrantes con cargos de delitos menores, para autorizar a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública a devolverlos unilateralmente a la frontera entre Estados Unidos y México, en un aparente menosprecio por la legislación estadounidense e internacional en materia de derechos humanos.
El 5 de julio, un pequeño número de funcionarios locales se reunieron en una conferencia de prensa en el condado de Kinney junto con ex funcionarios de la administración Trump para alentar al gobernador Abbott a declarar una “invasión” en la frontera entre EE.UU. y México. Además, el sheriff del condado de Kinney, Brad Coe, declaró a los medios de comunicación que había conducido a cuatro migrantes al “puerto de entrada en México” para que “pudieran volver a casa” después de un accidente de tráfico en el que resultó herida una quinta persona, cuando los funcionarios de inmigración supuestamente le dijeron que no aceptarían a los migrantes hasta que tuvieran una autorización médica.
La reciente orden ejecutiva, los incidentes, las declaraciones y el ya abusivo programa Lone Star corren el riesgo de avivar aún más el sentimiento xenófobo y de intensificar la violencia, en lugar de reducirla, señaló Human Rights Watch. Un tiroteo masivo en un Walmart de El Paso el 8 de agosto de 2019 tuvo lugar después de que el gobernador de Texas hiciera falsas afirmaciones sobre una “invasión” de migrantes.
“La estrategia de referirse a la migración como una ‘invasión’ para alentar al gobernador de Texas, Greg Abbott, a militarizar y hacer aún más abusivo el operativo Lone Star es innecesaria, racista y peligrosa”, señaló Bob Libal, consultor de Human Rights Watch con sede en Austin, Texas. “Al utilizar la palabra ‘invasión’, con su vinculación a los ataques militares, los funcionarios de Texas trivializan su significado al aplicarla a personas que emigran a EE.UU., muchas de las cuales buscan asilo de la violencia y el abuso”.
Ya en el marco del operativo Lone Star, los migrantes y solicitantes de asilo han sido sometidos a procedimientos penales estatales racialmente discriminatorios. Han estado privados de libertad en instalaciones estatales donde, según su testimonio, han recibido alimentación deficiente y una atención sanitaria inadecuada o inexistente, incluida la atención a la salud mental. También denunciaron haber sido detenidos innecesariamente hasta un mes antes de que se presentasen cargos en su contra, así como semanas y meses de detención preventiva por cargos de delitos menores y retraso en el acceso a un abogado.
La orden ejecutiva del 7 de julio violaría el derecho de los migrantes y solicitantes de asilo a solicitarlo y a la unidad familiar si bloquea el examen de las solicitudes de asilo u otras reclamaciones relacionadas con la inmigración. La Casa Blanca respondió a la orden con una vaga declaración el 8 de julio, calificándola simplemente de “pesadilla logística”, y sin mencionar el desprecio de la orden por la legislación estadounidense o internacional en materia de derechos humanos.
Las organizaciones de inmigrantes, derechos civiles y reforma de la justicia penal de Texas, que llevan más de un año reclamando la actuación del Departamento de Justicia, acogieron con satisfacción el anuncio de la investigación. Los grupos dijeron que la medida era crucial, pero no suficiente, y afirmaron que el gobierno federal debería poner fin a la cooperación con las agencias de Texas que trabajan en el marco del programa.
El operativo Lone Star es un programa estatal de 4.000 millones de dólares para movilizar a la policía estatal de Texas, a los sheriffs y a miles de miembros de la Guardia Nacional de Texas, un elemento de la reserva militar estadounidense, con el objetivo de detener e impedir el paso a los migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El 7 de julio, el gobernador Abbott anunció una subvención adicional de 30 millones de dólares del estado para impulsar las operaciones del programa Lone Star.
El gobierno federal está estudiando por separado la propuesta de asignar 15.740 millones de dólares a la Oficina Federal de Aduanas y Protección de Fronteras para sus operaciones en todo el país para el próximo año fiscal.
La enorme inversión tanto del gobierno federal como del estado de Texas en un enfoque policial militarizado y de mano dura en la frontera se hace eco de una política federal fracasada conocida como “prevención a través de la disuasión”, que también ha dado lugar a abusos y muertes y no ha frenado la migración. La Organización Internacional para las Migraciones informó de que solo en 2021 había contabilizado 595 migrantes muertos o desaparecidos en la frontera entre México y EE.UU., y es muy probable que el total sea mayor. El 29 de junio, 53 migrantes murieron de agotamiento por el calor en un camión abandonado que se encontró en San Antonio, un suceso atribuible en parte a las políticas que canalizan a las personas hacia intentos más clandestinos y peligrosos para llegar a EE.UU.
En lugar de redoblar las políticas fallidas y abusivas a nivel estatal o federal, EE.UU. debería adoptar una respuesta humanitaria y ordenada a la migración que permita a los solicitantes de asilo presentar sus solicitudes, y que regule la migración respetando los derechos, señaló Human Rights Watch.
“El aumento de la militarización y la criminalización de las fronteras no reduce las muertes de migrantes ni disuade la migración”, dijo Parker. “El operativo Lone Star empuja a los migrantes a situaciones aún más peligrosas, incluso a situaciones en las que pierden la vida, y fortalece a los actores que se benefician del tráfico ilícito”.
