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Ecuador debe proteger a sus estudiantes de la violencia sexual

El gobierno debe dar pleno cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció la semana pasada contra Ecuador, en el primer caso en el cual el tribunal trató la violencia sexual vinculada con el ámbito escolar en las Américas.

En 2001, un vicedirector de una escuela pública de la ciudad de Guayaquil empezó a violar sexualmente a la alumna Paola Guzmán Albarracín, que entonces tenía 14 años. Los abusos continuaron durante más de un año, con el conocimiento y la complicidad de funcionarios de la escuela. Sin embargo, la institución no adoptó medidas para protegerla y, en diciembre de 2002, Paola se suicidó. Tras su muerte, la madre de Paola, Pepita Albarracín, presentó denuncias en la escuela y en la fiscalía local. Hubo graves demoras en el proceso judicial relacionado con el caso.

Lamentablemente, el caso de Paola no es el único: desde entonces, muchos niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual en escuelas de Ecuador, y son pocos los que obtienen justicia. 

Después de 18 años desde que Albarracín intentó por primera vez obtener justicia a nivel local, la Corte Interamericana ha determinado que Ecuador violó los derechos de Paola a la vida, a estudiar sin sufrir violencia sexual y a su salud sexual y reproductiva y autonomía física, así como el derecho de su familia a las debidas garantías judiciales y al respeto de su integridad moral y psicológica. Concluyó que Ecuador no cumplió su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia sexual, así como tampoco la obligación de prevenir todo tipo de actos de violencia y adoptar medidas en respuesta cuando ocurren, especialmente aquellos perpetrados por funcionarios públicos en instituciones del Estado.

Human Rights Watch presentó ante la corte un memorial en carácter de de Amicus Curiae, en el cual explicó la estrecha relación entre la violencia sexual contra las niñas y la falta de educación sexual integral. El tribunal reconoció que Paola no contó con la información necesaria sobre su salud sexual y reproductiva, y concluyó que el derecho a una adecuada educación en sexualidad es un componente integral del derecho a la educación. Concedió al gobierno un año para adoptar medidas que garanticen que los y las estudiantes estén seguros frente a la violencia sexual en las instituciones educativas.

En 2017, en una medida positiva que lo distanció de los anteriores gobiernos, que no habían siquiera reconocido este problema, el presidente Lenín Moreno se comprometió a mantener una política de tolerancia cero frente a la violencia sexual vinculada con el ámbito escolar. La semana pasada, ratificó el compromiso de su gobierno y su intención de dar cumplimiento al pronunciamiento de la corte.

El gobierno de Ecuador debe dar a conocer plazos claros para la implementación de las medidas dispuestas por la corte, en las cuales debería incluir consultas a jóvenes sobrevivientes de violencia sexual. Ecuador también debe respaldar este compromiso destinando los recursos necesarios para prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas y asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes tengan acceso a la justicia que se le negó a la familia de Paola.

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