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CPI: los países miembros se agrupan en defensa de la Corte

Las muestras de apoyo contrarrestan la acción sin precedentes por parte de EE. UU.

Sede permanente de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. © 2018 Marina Riera/Human Rights Watch

(Nueva York) – Los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) se han unido para apoyar el trabajo crucial del Tribunal y su independencia de la presión política, dijo hoy Human Rights Watch. El 23 de junio de 2020, un grupo interregional de 67 países miembros de la CPI emitió una declaración conjunta en respuesta a la orden ejecutiva del 11 de junio del gobierno de Estados Unidos que autoriza la congelación de activos y las restricciones de viaje que podrían usarse contra los funcionarios de la CPI y potencialmente otros que brindan su asistencia en las investigaciones del tribunal.

Los países miembros de la CPI reconfirmaron su “férreo respaldo a la corte como institución judicial independiente e imparcial”, y reiteraron su compromiso de defender los valores consagrados en su tratado fundacional “sin dejarse intimidar por las medidas o amenazas contra la Corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella”. Los países miembros también renovaron su promesa de ayudar al trabajo de la CPI bajo el Estatuto de Roma que fundó la Corte e hicieron un llamamiento a todos los gobiernos a garantizar la cooperación con el tribunal.

“Los países miembros de la CPI, incluidos muchos aliados clave de EE.UU., están defendiendo la corte internacional ante la firme extorsión de la administración de Trump”, dijo Richard Dicker, director de justicia internacional de Human Rights Watch. “Su declaración envía un fuerte mensaje de que los gobiernos efectivamente respaldan la corte y no cederán ante la desacertada presión por parte de Washington”.

El difícil panorama para un orden global basado en normas, incluida la rendición de cuentas por los crímenes más atroces, pone en evidencia la necesidad de que los países miembros de la CPI aboguen por un tribunal más fuerte, dijo Human Rights Watch. El tribunal enfrenta desafíos internos que deben abordarse. En diciembre de 2019, los países miembros manifestaron su renovado compromiso con la CPI lanzando un proceso de revisión para fortalecer el tribunal y su desempeño.

La declaración de los países miembros sigue una serie de declaraciones públicas anteriores que protestan la orden ejecutiva del 11 de junio de Washington. Incluyeron declaraciones del alto representante de la Unión Europea, varios países miembros, el presidente de la Asamblea de Estados Partes de la CPI y organizaciones de la sociedad civil, así como ex funcionarios estadounidenses y un senador estadounidense actual.

“El apoyo multilateral para la CPI es clave para disuadir el escalofriante efecto del escandaloso esfuerzo de la administración Trump por socavar la justicia para las víctimas", dijo Dicker. “Los países miembros necesitarán una vigilancia sostenida y estar preparados para tomar más medidas para afrontar el acoso de los tribunales en Estados Unidos".

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