Banderas arcoíris que simbolizan los derechos de las personas LGBT.

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Hoy la Corte Suprema de Estados Unidos consideró tres casos que brindarán claridad sobre el alcance de leyes federales relativas a derechos civiles y sobre si es posible despedir a trabajadoras y trabajadores debido a su orientación sexual o identidad de género.

Los tres casos —interpuestos por una mujer que fue despedida de una empresa de servicios fúnebres por ser transgénero y un paracaidista y un trabajador social a quienes se despidió por ser gais— plantean el interrogante de si la discriminación contra las personas LGBT constituye una forma de discriminación por sexo.

El título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación en el empleo por motivos relacionados con el sexo de una persona, entre otros factores.

Activistas en el tema señalan que las personas transgénero son blanco específico de discriminación justamente porque su identidad o expresión difiere del sexo que les fue asignado al nacer. Sostienen que las personas lesbianas, gais y bisexuales enfrentan una discriminación que no sufrirían si el simple hecho de su sexo fuera distinto y sus atracciones o relaciones fueran heterosexuales.

Numerosos tribunales han estado de acuerdo con esta posición. Los tribunales de apelaciones para Connecticut, Illinois, Indiana, Nueva York, Vermont y Wisconsin determinaron recientemente que el Título VII protege a trabajadores y trabajadoras lesbianas, gais y bisexuales. Y un número mayor de tribunales federales de apelación ha determinado que la discriminación por motivos de identidad de género constituye una forma de discriminación por sexo. La Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, que vela por la aplicación de las disposiciones del Título VII, ha replicado estas conclusiones.

En cambio, el Gobierno de Trump ha ido en otra dirección. Durante el verano, el Departamento de Justicia efectuó varias presentaciones instando a la Corte Suprema a decidir que el Título VII no protege a las y los trabajadores LGBT. Estas presentaciones son el último ejemplo de una serie de acciones orientadas a debilitar las protecciones para las personas LGBT en materia de educación, vivienda, atención de la salud, adopción y acogida, y negocios y servicios.

Mientras la Administración Trump apunta contra las y los trabajadores LGBT, el Congreso tiene poder para actuar. Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó una Ley de Igualdad que aclararía expresamente que la orientación sexual y la identidad de género están protegidas por la legislación federal sobre derechos civiles. El Senado debería someter a votación el proyecto y cerciorarse de que en ningún caso se despida a personas debido a quiénes son o a quiénes aman.