(Washington D.C.) – Un testigo relacionado con una investigación penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue asesinado el 14 de abril y otras personas involucradas en el caso han recibido amenazas, indicó hoy Human Rights Watch. Las autoridades deberían reforzar las medidas de protección para los testigos y sus familiares.

El Senador Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, asiste a un debate en el Congreso, en Bogotá, Colombia, el 3 de octubre de 2016.

© 2016 Reuters

El 16 de febrero, la Corte Suprema de Justicia ordenó iniciar una investigación contra el expresidente Uribe. En 2012, Uribe, quien actualmente es senador, había denunciado penalmente al senador Iván Cepeda acusándolo de haber tomado y difundido testimonios “fraudulentos” para implicarlo a él y a su hermano Santiago en atrocidades perpetradas por paramilitares en la década de 1990. La Corte Suprema rechazó las acusaciones contra el senador Cepeda y, en cambio, inició una investigación para determinar si Uribe había manipulado a testigos para que dijeran que el senador Cepeda les había ofrecido beneficios con el fin de implicar al expresidente.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia ha demostrado una notable valentía al iniciar esta investigación sobre Uribe”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero tal vez nunca se descubra la verdad si las autoridades penitenciarias, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección no garantizan la máxima protección a los testigos y sus familiares”.

Según la prensa, el 14 de abril, en un centro comercial en el municipio de Bello, Antioquia, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta sin matrícula efectuaron disparos letales contra Carlos Enrique Areiza Arango, exintegrante de un grupo paramilitar y uno de los testigos del caso.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia ha demostrado una notable valentía al iniciar esta investigación sobre Uribe

José Miguel Vivanco

Director para las Américas

En su sentencia de febrero, la Corte Suprema había instado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad a favor de tres testigos: Areiza, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, otros dos exmiembros de grupos paramilitares. La corte manifestó que los testigos vivían con “constante incertidumbre y temor” de sufrir represalias.

En 2014, Areiza testificó que Luis Fernando Ramos, exgobernador y aliado de Uribe, había actuado en connivencia con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2015, varios periódicos colombianos publicaron una carta supuestamente firmada por Areiza, en la cual manifestaba que el senador Cepeda le había ofrecido 100 millones de pesos colombianos para que implicara falsamente a Uribe y a Ramos en delitos.

En 2016, Areiza fue condenado por falso testimonio debido a sus señalamientos de que Ramos estaba implicado en connivencia con grupos paramilitares, luego de que él admitiera el falso testimonio en un preacuerdo con la fiscalía. La sentencia dictada en febrero por la Corte Suprema ordenó iniciar una investigación sobre ese “cuestionable” preacuerdo.

Areiza manifestó a la Corte Suprema, en su declaración en el caso Uribe-Cepeda, que la carta había sido falsificada utilizando hojas en blanco que él había firmado. El 21 de abril, el periodista Daniel Coronell difundió unos testimonios, en los cuales Areiza afirma que “tenía mucho miedo” a lo que “rode[a] a esa carta” y que estaba “empeza[ndo] a temer por su vida”. Areiza dijo a la corte que había recibido amenazas debido al testimonio contra Ramos y que había firmado los papeles para no “terminar… muerto”.

El supuesto vínculo de Uribe con grupos paramilitares ya había sido planteado previamente, en 2011, por Monsalve y Sierra, quienes dieron entrevistas grabadas en video al senador Cepeda en las cuales implicaban a Uribe y a su hermano Santiago en la creación de un grupo paramilitar en Antioquia, conocido como el “bloque Metro”. Monsalve y Sierra manifestaron a la corte que el senador Cepeda no los había sobornado para que efectuaran tales declaraciones ni les había pedido que implicaran al expresidente.

Monsalve recibió “continuas y reiteradas amenazas”, según la sentencia de febrero de la Corte Suprema. En septiembre de 2011, Monsalve envió una carta a la entonces fiscal general Viviane Morales indicando que sus familiares en Antioquia habían recibido “amenazas de muerte” de alguien que les había dicho que Mosalve debía “retractarse” y decir que tenía problemas de salud mental.

En respuesta a los señalamientos de Monsalve, el abogado del expresidente Uribe envió a la corte una carta de un preso que afirmó haber escuchado cuando Monsalve se jactaba en el patio de la cárcel de haber mentido porque Cepeda le estaba “da[ndo] dinero”. Pero la corte concluyó que la carta del preso era “inverosímil” debido a que, en su testimonio posterior, el preso no pudo explicar las “condiciones, motivos y circunstancias” en las cuales escribió la carta.

Sierra dijo a la Corte Suprema que no había sufrido amenazas directas, pero que uno de sus abogados, Carlos Toro, había renunciado en 2014 debido a “intimidaciones”. En ese momento, Toro manifestó a la prensa que hombres armados habían interceptado a uno de sus hijos y le habían dicho que no debía “continuar en Medellín metiendo[se] en lo que no [le] importa”. Toro dijo que creía que se referían a Sierra, pues era el único cliente que tenía entonces en Medellín.

En 2011, Álvaro y Santiago Uribe presentaron una denuncia penal acusando a Sierra de “calumnia”. En mayo de 2015, un tribunal de Antioquia absolvió a Sierra. En junio de 2015, un tribunal superior confirmó la sentencia.

El 16 de abril, la Corte Suprema instó a la Fiscalía General de la Nación a priorizar la investigación sobre el homicidio de Areiza. El 18 de abril, el senador Uribe solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigara el homicidio.

“La Fiscalía General de la Nación debe llevar a cabo una investigación urgente y exhaustiva sobre los motivos detrás del homicidio de Areiza, así como las amenazas a los demás testigos”, señaló Vivanco.