“By the time we walked to school, the school day would end.” – Najiba, 15, explaining why she and her eight siblings did not go to school in Daikundi, Mazar-i Sharif, July 2016.

(Kabul) – Los esfuerzos del gobierno afgano y de donantes internacionales a favor de la educación de las niñas aportados desde 2001, han mermado significativamente en los últimos años, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe difundido hoy. A 16 años de que la intervención militar encabezada por Estados Unidos expulsó a los talibanes de Afganistán, se estima que dos tercios de las niñas afganas no asisten a la escuela.

“El gobierno afgano y los donantes hicieron grandes promesas en 2001 de incorporar a todas las niñas a la educación, pero actualmente la inseguridad, la pobreza y el desplazamiento están dejando a numerosas niñas fuera de las escuelas”, observó Liesl Gerntholtz, directora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El gobierno debe renovar su estrategia para asegurar que todas las niñas tengan una escuela a la cual asistir; de lo contrario, existe el riesgo de que estos logros se desperdicien”.

El informe de 132 páginas, “No seré médica y algún día te enfermarás: El acceso de las niñas a la educación en Afganistán”, describe cómo, a medida que se deteriora la seguridad en el país y los donantes internacionales se desvinculan de su compromiso con Afganistán, los avances para escolarizar a las niñas se han estancado. El informe se elaboró a partir de 249 entrevistas realizadas en las provincias de Kabul, Kandahar, Balkh y Nangarhar, principalmente a niñas de entre 11 y 18 años que no pudieron completar su educación. 

Niñas estudian bajo una carpa en una escuela gubernamental en Kabul, Afganistán. Según las estadísticas más optimistas, poco más de la mitad de las niñas afganas asisten a la escuela y cuando llegan a los 15 años, apenas un tercio sigue estudiando.

© 2017 Paula Bronstein para Human Rights Watch

Los donantes internacionales y el gobierno afgano han destacado la educación de las niñas como un ejemplo exitoso, y hoy asisten a la escuela varios millones de niñas más que durante el régimen talibán. Pero el objetivo explícito de escolarizar a todas las niñas está lejos de concretarse, y la proporción de alumnas mujeres ahora está descendiendo en algunas partes del país. Según el gobierno, 3,5 millones de niños no asisten a la escuela, y de esta cifra el 85% son niñas. Solo el 37% de las adolescentes están alfabetizadas, en comparación con el 66% de los varones adolescentes.

El gobierno de Afganistán ofrece una cantidad menor de escuelas para niñas que para niños, tanto en el nivel primario como en el secundario. En la mitad de las provincias del país, menos del 20% de los docentes son mujeres, un obstáculo importante para la gran cantidad de niñas cuyas familias no aceptan que un hombre les imparta educación, sobre todo en la adolescencia. Muchos niños y niñas viven demasiado lejos de la escuela más próxima, y esto afecta en especial a las niñas. Alrededor del 41% de las escuelas no tienen edificios, y muchas carecen de muros de separación, agua y baños, lo cual afecta a las niñas de manera desproporcionada.

Khatera, una niña de 15 años que se crió en la provincia rural de Samangan, dijo a Human Rights Watch: “La escuela para niñas más cercana quedaba muy lejos, en otra aldea... En burro o a caballo, habría que viajar desde la mañana hasta el mediodía para llegar”.

Las niñas suelen permanecer en la casa debido a actitudes discriminatorias que no valoran ni permiten su educación. Un tercio de las niñas contrae matrimonio antes de los 18 años, y una vez que están comprometidas o casadas, muchas son obligadas a abandonar la escuela.

Pero muchas familias también hacen enormes esfuerzos por educar a sus hijas superando obstáculos colosales, y merecen contar con apoyo. Human Rights Watch dialogó con familias que se han trasladado a otras ciudades e incluso han cruzado el país con el fin de encontrar una escuela para sus hijas, que se han separado para permitir que sus hijas estudien, y que hacen que hermanos mayores realicen viajes peligrosos para trabajar en forma ilegal en Irán y, con sus ingresos, solventar los estudios de sus hermanas menores en su país.

Las leyes de Afganistán establecen la obligatoriedad de la educación hasta el noveno nivel, cuando los niños tienen por lo general alrededor de 14 años, aunque en realidad muchos niños no acceden hasta este nivel de educación —ni, a veces, a ningún otro. Los obstáculos administrativos y la corrupción crean escollos adicionales, sobre todo para las familias desplazadas y pobres. Aunque la matrícula es gratuita, enviar a los niños a la escuela genera costos, y muchas familias sencillamente no pueden permitirse enviar a ninguno de sus hijos a la escuela o, ante las limitaciones financieras, optan por favorecer la educación de los hijos varones. Alrededor de una cuarta parte de los niños afganos trabajan para ayudar a sus familias a subsistir en la pobreza acuciante, y muchas niñas tejen, bordan, mendigan o recogen basura en lugar de estudiar.

En la actualidad, los talibanes y otros grupos insurgentes controlan o se disputan más del 40% de los distritos de Afganistán. Los combates entre talibanes y fuerzas gubernamentales han obligado a miles de familias a abandonar sus casas, y hay en el país más de un millón de desplazados internos. En áreas controladas por los talibanes, estos suelen imponer a las niñas un tope de solo algunos años de escolarización, o directamente les prohíben toda posibilidad de educación. En áreas disputadas, las niñas que intentan asistir a la escuela enfrentan cada vez más amenazas a su seguridad. Durante el conflicto ha reinado el caos, las milicias y las bandas criminales han proliferado, y las niñas enfrentan amenazas como acoso sexual, secuestro y ataques con ácido, así como ataques y amenazas lanzados específicamente contra la educación de las niñas. En este contexto, la educación está cada vez más afectada, y el perjuicio causado a las niñas es desproporcionadamente mayor.

Los donantes han trabajado con el gobierno de Afganistán para desarrollar modelos innovadores que permitan que las niñas estudien incluso en medio de la escalada del conflicto, observó Human Rights Watch. La “educación comunitaria” consiste en una red de clases, a menudo organizadas en los hogares, que permite a los niños —en especial a las niñas— acceder a la educación en comunidades que están alejadas de una escuela pública. Sin embargo, dado que estas clases especializadas son financiadas exclusivamente por donantes e implementadas por organizaciones no gubernamentales, no tienen una relación estable con el sistema de escuelas públicas y se dictan de manera intermitente debido a los ciclos poco constantes del financiamiento a organizaciones no gubernamentales.

“Integrar estas escuelas comunitarias en el sistema de educación pública con financiamiento sostenible y controles de calidad sería vital para gran cantidad de niñas”, comentó Gerntholtz.

Según los estándares internacionales establecidos por la UNESCO, el gobierno debería destinar a educación al menos entre el 15% y el 20% del total del presupuesto nacional, y entre el 4% y el 6% del PBI. Las Naciones Unidas instan a los países menos desarrollados, entre ellos Afganistán, a alcanzar o superar el extremo superior de estos parámetros de referencia. Hasta 2016, el 13% del gasto público afgano y el 4% del PBI, se destinaba a educación.

El gobierno de Afganistán, junto con sus donantes internacionales, debería incrementar el acceso de las niñas a la educación brindado mejor protección a las escuelas y los estudiantes; institucionalizando y ampliando los modelos educativos que ayudan a las niñas a estudiar; y tomando medidas concretas para cumplir con la obligación internacional del gobierno de brindar educación primaria gratuita y obligatoria y hacer que la educación secundaria sea también gratuita y esté disponible para todos. También deben fomentar e intensificar la “educación fundamental” para las personas que no han recibido o completado el ciclo de educación primaria (o básica) entero.

“Incluso ante las grandes dificultades que enfrenta Afganistán, el gobierno puede y debería trabajar para garantizar que las niñas y los niños tengan iguales oportunidades de acceso a la educación y para integrar la educación comunitaria de niñas en el sistema escolar nacional”, señaló Gerntholtz. “Los donantes deberían comprometerse a aportar financiamiento a largo plazo para la educación de las niñas y deben hacer más preguntas incisivas para saber a qué se destinan sus fondos”.

Selección de testimonios

“Para cuando llegáramos a la escuela caminando, la jornada escolar ya habría terminado”. – Najiba, de 15 años, explica por qué ella y sus ocho hermanos no iban a la escuela en Daikundi, Mazar-i Sharif, julio de 2016

“Los talibanes están cerca de nuestra casa. Si vamos a la escuela, nos matan. Si el gobierno pudiera brindar seguridad, estaríamos muy interesados en ir a la escuela”. – Paimanah, una niña de 12 años que estudiaba en un centro de educación comunitaria oculto en una casa de familia cerca de su propia vivienda, Kandahar, julio de 2016

“En el camino hasta la escuela pública hay muchos ladrones y jóvenes malvados”. – Hakim, de 13 años, estudiante de nivel 3 en la educación comunitaria, Kandahar, julio de 2016

“Lo más importante es convencer a los padres de que permitan a sus hijas ir a la escuela”. – Manija, de 17 años, estudiante de nivel tres en un programa de educación comunitaria, Kandahar, julio de 2016

“Los hombres molestan y amenazan a las niñas pequeñas. Los hombres nos tocaban y nos hacían otras cosas, y por eso dejamos la escuela. Eran hombres de la localidad que vivían cerca. Nadie hizo nada por detenerlos, nos pasó a muchas de nosotras. Muchas niñas dejaron la escuela por esto, más de cien abandonaron los estudios. La población de Kandahar no permite que sus niñas vayan a la escuela”. – Chehrah, una niña de 16 años que vivía a solo 100 metros de una escuela en Kandahar. Debido al acoso, le pidió a su padre si podía ir a otra escuela cercana en un área que ella considera más segura, pero en lugar de ello la sacó de la escuela en forma permanente, a la edad de 12 años.

“Pasaba en la calle justo frente a la escuela... Algunas estudiantes perdieron los ojos, les quemaban el rostro…La familia entera decidió que ninguna niña de nuestra familia irá a la escuela…Pero durante años los enfrenté y seguí los estudios”. – Maliha, de 17 años, estaba en el nivel cinco en una escuela pública cuando sus compañeras de clase fueron víctimas de un ataque con ácido. Quince estudiantes resultaron heridas, cuatro de gravedad.

“Tenemos 395 escuelas sin edificios. Esta es una enorme dificultad para las estudiantes mujeres porque son escuelas sin un muro perimetral, están abiertas. En estas áreas, en la mayoría de los distritos, las personas no envían a las niñas a la escuela si no hay un edificio y un muro perimetral”. – Funcionario de educación provincial, Jalalabad, julio de 2016

“En muchas áreas no hay maestras mujeres”. – Director de educación provincial, julio de 2016

“Vendemos fruta por 20 a 30 afganis [29-43 centavos de dólar estadounidense]. Los niños aquí corren por el mercado y comen cáscaras que recogen del suelo. Somos indigentes. Todos los niños son analfabetos… ¿Deberían ocuparse de la comida o de la educación? … Si tienes el estómago vacío, no puedes ir a la escuela.” – Un líder comunitario de un asentamiento informal en Kabul del pueblo Kuchi, que anteriormente fueron nómadas, explicó por qué en su comunidad pocos niños y niñas van a la escuela. Él tiene cinco o seis nietos que viven en el asentamiento, y ninguno de ellos va a la escuela.

“No tengo dinero para comprarle un lápiz a mi hijo, mucho menos a mi hija”. – Un trabajador del programa de educación comunitaria cuenta lo que responden habitualmente los padres cuando se les pregunta por qué sus hijas no van a la escuela.

“Necesitamos paz y necesitamos escuelas que sean iguales para niños y niñas e igualdad de educación para niños y niñas. Me parece que los niños [ahora] tienen más derecho de acceder a la educación”. – Qasima, una estudiante de 13 años del programa de educación comunitaria, Mazar-i Sharif, julio de 2016