(Washington, D.C., 7 de septiembre de 2017) – Han surgido nuevas evidencias que implican de manera creíble al ex Presidente Ollanta Humala Tasso (2011-2016) en atrocidades cometidas durante el conflicto armado que se desarrolló en Perú en la década de 1990, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Las evidencias también sugieren de forma contundente que Humala intentó encubrir pruebas incriminatorias cuando se postuló a la presidencia en 2006.
El informe de 26 páginas, “Las pruebas que comprometen a Humala: Evidencias de atrocidades y encubrimiento de abusos cometidos durante el conflicto armado en Perú”, presenta un análisis de evidencias existentes, incluidos los testimonios de varios soldados que afirman haber cometido torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante operaciones militares contra grupos armados en la década de 1990. Los soldados señalaron haberlo hecho siguiendo instrucciones —e incluso a veces en presencia— de Humala, quien, en 1992, estaba presuntamente asignado a la base militar Madre Mía en la región de Alto Huallaga y empleaba el seudónimo “Capitán Carlos”. En declaraciones prestadas a autoridades judiciales y entrevistas con Human Rights Watch y medios de comunicación, varias víctimas también implicaron a Humala en abusos e intentos de encubrimiento.
“Ante las contundentes evidencias que implican a un ex presidente en atrocidades y en su posterior encubrimiento, el Ministerio Público debería avanzar decididamente con todas las nuevas líneas de investigación”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El país no puede echar a perder esta oportunidad única de saldar la deuda histórica que tiene el Perú con las víctimas del conflicto armado que todavía están esperando justicia”.
Human Rights Watch entrevistó a víctimas y testigos de abusos en los cuales está implicado Humala, así como también a la fiscal a cargo de las investigaciones, a un ex alto funcionario del Ministerio de Defensa y a un periodista que entrevistó a soldados que presenciaron los delitos o participaron en ellos. También consultó declaraciones de testigos prestadas a fiscales y otros registros judiciales, y revisó los testimonios de los soldados.
En mayo de 2017, varios soldados que afirman haber estado bajo el mando de Humala dijeron en televisión que habían asesinado a detenidos, para luego desmembrar sus cuerpos, rellenarlos con piedras y arrojarlos al río Huallaga. Un soldado dijo que le ordenaron torturar a hombres y niños, matarlos y quemar sus cuerpos en un campo.
Otro contó haber presenciado el momento en que soldados quemaban vivo a un campesino y violaban a tres mujeres, después de que Humala dijera a los soldados que las mujeres eran “regalos” y que podían hacer “lo que quieran con ellas”. Algunos de los soldados también realizaron declaraciones formales a la fiscalía y actualmente están en un programa de protección de testigos.
Un soldado asignado a la base Madre Mía, Jorge Ávila y la hermana de Ávila, quien se había acercado hasta allí para preguntar por el paradero de sus familiares desaparecidos poco después de la detención, manifestaron que en ese momento el “Capitán Carlos” era quien supervisaba la base.
Desde que se transmitió el testimonio de los soldados en televisión, otras víctimas y familiares de víctimas también han identificado públicamente a Humala como el “Capitán Carlos” y lo han acusado de muertes, desapariciones forzadas y torturas.
Humala ha reconocido que en 1992 se desempeñaba en un batallón en la región, y que su seudónimo en esa época era “Carlos”. Otras evidencias —como una fotografía que muestra a un joven Humala con una camiseta con la leyenda base “Madre Mía” y una copia de lo que sería su foja de servicio militar, también lo sitúan en la base en esa época. Sin embargo, Humala insiste en que muchos soldados usaban el pseudónimo “Carlos” y niega haber cometido violaciones de derechos humanos.
En 2006, luego de que familiares de Ávila y Sullca Castro identificaran a Humala como el “Capitán Carlos” durante la campaña presidencial, la fiscalía abrió una investigación. El caso se cerró en 2009 después de que Jorge Ávila y algunos soldados se retractaran de sus declaraciones.
No obstante, la grabación de conversaciones mantenidas entre personas próximas a Humala, y entre una de ellas y Jorge Ávila, las cuales fueron difundidas en abril de 2017, sugieren fuertemente que personas del círculo de Humala habían sobornado a Jorge Ávila para que se retractara de su declaración inicial. Estos señalamientos son consistentes con otras declaraciones que comprometen a Humala en el encubrimiento de pruebas incriminatorias.
Desde mayo, el Ministerio Público ha reabierto la investigación del caso de Natividad Ávila y Sullca Castro, y ha iniciado al menos 10 nuevas investigaciones.
La fiscal a cargo de estas investigaciones —que no puede divulgar información sobre casos concretos de conformidad con la normativa peruana relevante— manifestó a Human Rights Watch que el principal obstáculo es la falta de cooperación del Ministerio de Defensa. La fiscal dijo que el ministerio había impedido la identificación de presuntos responsables en “miles” de casos, al no brindar información acerca de quiénes supervisaban las bases y los nombres de los soldados que estaban allí.
Human Rights Watch pidió al Ministerio de Defensa que proporcionara información detallada sobre soldados y comandantes en la base Madre Mía y otras bases en la zona, pero el ministerio respondió que personal de las Fuerzas Armadas había indicado que esa información “no existiría”. Un ex alto funcionario del Ministerio de Defensa indicó a Human Rights Watch que se cree que los documentos habrían sido incinerados deliberadamente.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú determinó que la mayor cantidad de víctimas en la región noreste del país se registraron en la selva de Huánuco y en el sur de San Martín, donde se encuentra Madre Mía. La Comisión concluyó que 2.244 personas fueron asesinadas o desaparecidas en esa zona a manos de las fuerzas de seguridad o de miembros de Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990. La mayor cantidad de casos se produjo entre 1990 y 1993. La gran mayoría de los responsables de estos crímenes nunca han sido llevados ante la justicia.
Desde julio, Humala se encuentra en prisión preventiva por cargos de corrupción.
“Las autoridades peruanas deberían brindar al Ministerio Público todo el apoyo que necesita para estas investigaciones”, sostuvo Vivanco. “Todos aquellos que se nieguen a cooperar en la identificación de militares, incluidos comandantes, o que hayan podido estar involucrados en la destrucción de documentos oficiales deberían ser investigados penalmente por obstruir la justicia”.
