Las pruebas que comprometen a Humala

Evidencias de atrocidades y encubrimiento de abusos cometidos durante el conflicto armado en Peru

Resumen

Desde mayo de 2017, se han hecho públicas nuevas evidencias que corroboran los señalamientos de que el ex Presidente Ollanta Humala Tasso (2011-2016) de Perú sería responsable de aberrantes violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas a principios de la década de 1990, durante el conflicto armado interno en Perú. Estas evidencias se relacionan con delitos cometidos por soldados en la base Madre Mía, en la región del Alto Huallaga.

Este informe presenta un análisis de esas evidencias y concluye que estas implican de manera creíble a Humala directamente en atrocidades y en el intento de encubrir pruebas incriminatorias cuando se postuló a la presidencia. El informe exige que las autoridades peruanas a cargo de las investigaciones penales tomen medidas contundentes a la luz de esta información. Estas nuevas evidencias ofrecen una oportunidad única para que Perú salde su deuda histórica con muchas de las víctimas del conflicto armado que todavía están esperando justicia.

Human Rights Watch realizó su propia investigación y entrevistó a víctimas y testigos de abusos en los cuales está implicado Humala, a la fiscal a cargo de las investigaciones y a un ex alto funcionario que trabaja para el Ministerio de Defensa. También dialogamos en profundidad con un periodista que entrevistó a algunos de los soldados que presenciaron los crímenes o participaron en ellos. Además, consultamos registros judiciales de testimonios brindados por soldados, víctimas y testigos ante fiscales, así como entrevistas ofrecidas a medios de comunicación por distintos soldados que aseguran que Humala estaba al mando de Madre Mía en la época en que allí se cometieron atrocidades, y que a menudo daba órdenes a los soldados para que cometieran actos ilegales.

Han surgido nuevas evidencias que implican de manera creíble al ex Presidente Ollanta Humala Tasso (2011-2016) en atrocidades cometidas durante el conflicto armado que se desarrolló en Perú en la década de 1990.

En mayo de 2017, varios soldados reconocieron en la televisión peruana que habían cometido torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante operaciones militares contra grupos armados en la década de 1990. Afirmaron haberlo hecho siguiendo órdenes —y a veces en presencia— de Humala, quien en 1992 estaba asignado a una base militar en la región de Alto Huallaga, con el seudónimo de “Capitán Carlos”. En declaraciones prestadas a autoridades judiciales y en entrevistas con Human Rights Watch y con medios de comunicación, varias víctimas también han implicado a Humala en abusos. Algunos soldados y civiles informaron además que personas próximas a Humala intentaron encubrir estos delitos cuando se postuló a la presidencia en 2006.

Varios soldados que afirman haber estado bajo el mando de Humala dijeron en televisión que habían asesinado a detenidos, para luego desmembrar sus cuerpos, rellenarlos con piedras y arrojarlos al río Huallaga. Un soldado dijo que le ordenaron torturar a hombres y niños, matarlos y quemar sus cuerpos. Otro afirmó haber presenciado el momento en que soldados quemaban vivo a un campesino y violaban a tres mujeres después de que Humala dijera a los soldados que las mujeres eran “regalos” y que podían hacer “lo que quieran con ellas”. Un tercero manifestó que, siguiendo órdenes de Humala, un grupo de soldados había detenido a 18 personas por señalamientos de terrorismo, les habían sujetado las manos y los pies y las habían enterrado vivas. Algunos de los soldados también han realizado declaraciones formales a la fiscalía y actualmente están en un programa de protección de testigos.

Uno de los soldados dijo que Natividad Ávila, víctima de desaparición forzada junto con su esposo Benigno Sullca Castro en junio de 1992, fue retenida inicialmente en la base Madre Mía en la región de Alto Huallaga. El hermano de Natividad, Jorge Ávila, que también estuvo detenido en la base, afirmó que soldados le habían efectuado descargas eléctricas mientras le sumergían la cabeza en el agua, al tiempo que le preguntaban si era mando militar de Sendero Luminoso. Jorge Ávila consiguió escapar cinco días más tarde, pero el cuerpo de Sullca Castro fue hallado flotando en medio del río Huallaga con un orificio de bala en la frente. Todavía se desconoce el paradero de Natividad Ávila.

Un soldado asignado a la base Madre Mía, Jorge Ávila y la hermana de Ávila, quien se había acercado hasta allí para preguntar por el paradero de sus familiares desaparecidos después de la detención, manifestaron que en ese momento el “Capitán Carlos” se encontraba a cargo de la base.

Desde que se transmitió el testimonio de los soldados en televisión, otras víctimas o sus familiares también han identificado públicamente a Humala como el “Capitán Carlos” y lo han acusado de haber perpetrado violaciones aberrantes, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas.

Humala ha reconocido que en 1992 se desempeñó en el Batallón Contrasubversivo 313 en la región del Alto Huallaga —que incluía una base en Madre Mía— y que su seudónimo en esa época era “Carlos”. Pero insiste en que había varios “Carlos” en ese momento y niega haber tenido algún tipo de participación en violaciones de derechos humanos.

Además de las descripciones de los soldados y las víctimas que sitúan a Humala en la base Madre Mía, en una fotografía que conservó uno de los soldados se ve a un joven Humala junto a otros soldados, todos ellos con camisetas verdes en las que se lee el nombre de la base “Madre Mía”.

Fotografía de Ollanta Humala Tasso (sentado en el medio) y otros soldados, con una camiseta con el nombre de la base "Madre Mía", tomada a comienzos de los '90. 

© Privado

Al menos en parte debido a la supuesta destrucción de registros militares relevantes, la única documentación oficial disponible que pudo consultar Human Rights Watch es una copia de lo que, en apariencia, sería la foja de servicio militar de Humala, donde se indica que fue “jefe de patrulla” del Batallón 313 durante 1992.

Human Rights Watch pidió al Ministerio de Defensa que proporcionara información detallada acerca de cuáles soldados fueron destinados a la base Madre Mía y otras bases en la zona, así como quiénes eran las autoridades al mando, pero nos respondió que personal de las Fuerzas Armadas había indicado al ministerio que esa información “no existiría”. Un ex alto funcionario del Ministerio de Defensa indicó a Human Rights Watch que se cree que los documentos habrían sido incinerados deliberadamente.

En 2006, el Ministerio Público inició una investigación sobre el presunto rol de Humala en los delitos cometidos contra Natividad y Jorge Ávila y contra Sullca Castro, cuando los familiares de las víctimas lo identificaron como el “Capitán Carlos” durante la campaña presidencial. El caso se cerró en 2009, cuando el Ministerio Público determinó que no había pruebas suficientes para avanzar con la denuncia. Justificó la decisión indicando que Jorge Ávila y algunos soldados se habían retractado de sus declaraciones iniciales que implicaban a Humala en los abusos.

En abril de 2017, el periódico El Comercio publicó transcripciones de la grabación de conversaciones mantenidas entre personas próximas a Humala, y entre una de ellas y Ávila, que sugieren fuertemente que personas cercanas a Humala habían sobornado a Jorge Ávila para que modificara su declaración inicial. Un mes más tarde, Jorge Ávila declaró a los medios de comunicación que había recibido dinero para cambiar su testimonio. Otras víctimas y soldados también afirmaron que se les había ofrecido dinero durante la campaña presidencial de Humala en 2006 para que no lo implicaran en abusos, o se les había pedido que entregaran todos los documentos y fotografías que tuvieran que vincularan a Humala con la base Madre Mía.

Desde entonces, el Ministerio Público reabrió la investigación sobre el caso de Natividad Ávila y Sullca Castro. La fiscal a cargo de las investigaciones dijo a Human Rights Watch que se han iniciado al menos otras 10 nuevas investigaciones desde que se transmitieron por televisión los testimonios de los soldados. La fiscal no proporcionó información sobre casos específicos, debido a que el derecho peruano exige mantener la confidencialidad de las investigaciones en curso.

Humala se encuentra actualmente en una cárcel peruana, tras una decisión de julio de 2017 que dispuso su prisión preventiva por cargos de corrupción.

Las violaciones de derechos humanos que presuntamente habría cometido Humala en la base militar Madre Mía en la década de 1990 son parte de un patrón mucho más amplio de atrocidades. La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú ha concluido que la mayor cantidad de víctimas en la región noreste del país se registró en la selva de Huánuco y en el sur de San Martín, donde 2.244 personas fueron asesinadas o desaparecidas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad o de Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990. El número mayor de víctimas correspondería al período entre 1990 y 1993. Madre Mía se encuentra en la región de San Martín. La gran mayoría de los responsables de estos crímenes nunca han sido llevados ante la justicia.

La fiscal a cargo de estas investigaciones ha manifestado que el principal obstáculo es la falta de cooperación del Ministerio de Defensa. En “miles” de casos de presuntos abusos cometidos durante el conflicto armado, la fiscalía no ha podido identificar a los posibles agresores debido a que el Ministerio de Defensa se negó a brindar información sobre quiénes supervisaban las bases y los nombres de los soldados que habían sido destinados a ellas, según la fiscal a cargo de las investigaciones. Indicó que las condenas en los casos investigados son “minoritarias”.

Recomendaciones

El Ministerio Público debería investigar de manera exhaustiva y oportuna todas las nuevas evidencias y señalamientos contra el ex Presidente Ollanta Humala y otros soldados implicados en atrocidades cometidas durante el conflicto armado. Debería investigar no solo presuntas violaciones de derechos humanos, sino además los supuestos intentos por encubrir los delitos, como sobornar a testigos o incinerar o destruir documentos y otras pruebas.

Para asegurar que los autores de estos delitos sean llevados ante la justicia, el gobierno peruano debería:

  • Prestar todo el apoyo necesario al Ministerio Público dotándolo de recursos y personal suficientes, incluidos fiscales que investiguen la responsabilidad penal de los autores y antropólogos y arqueólogos para encontrar e identificar víctimas;
    Al determinar cómo implementar la ley de 2016 sobre desapariciones, en particular a efectos de la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas, tomar en cuenta información procedente de las investigaciones en curso sobre el posible destino y paradero de personas que presuntamente fueron víctimas de desaparición forzada[1];
  • Promover activamente que se elabore un registro de víctimas o familiares que ahora estén dispuestos a brindar su testimonio por primera vez en el Registro de Víctimas existente, y contribuir para que sus casos sean presentados ante las autoridades judiciales con el propósito de ser investigados; y
  • Adoptar medidas proactivas, incluido el inicio de procedimientos penales y disciplinarios contra miembros del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas que se nieguen a cooperar en la identificación de militares, incluidos comandantes, que tuvieron funciones operativas o de mando durante el período investigado, o que podrían haber estado implicados en la incineración u otro tipo de destrucción de importantes documentos oficiales.

Antecedentes

La región de Alto Huallaga fue escenario de altos niveles de violencia durante las décadas de 1980 y 1990. Los residentes sufrieron abusos perpetrados tanto por miembros de la organización armada Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas de Perú. Numerosos residentes quedaron atrapados en medio del conflicto armado y fueron acusados por militares de apoyar actividades terroristas y, como consecuencia de esto, sometidos a aberrantes abusos por miembros de las fuerzas militares. Se conformó una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que documentó muchos de los abusos cometidos en todo el país durante el conflicto armado y publicó sus conclusiones en 2003. Una de estas conclusiones, como se señaló antes, fue que la mayor cantidad de víctimas en la región noreste del país se registró en la selva de Huánuco y en el sur de la región de San Martín, donde 2.244 personas murieron asesinadas o desaparecieron a manos de miembros de las fuerzas de seguridad o de Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990. El período en el cual se indicó que habría habido más víctimas en esas áreas fue el comprendido entre 1990 y 1993. En la zona del Alto Huallaga, que forma parte de la región y donde se encuentra Madre Mía, 994 personas fueron asesinadas o desaparecieron entre 1990 y 1993[2].

En 1989, como parte de una estrategia militar contra las actividades terroristas de Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas de Perú crearon el “Frente Huallaga”, formado por batallones contrasubversivos en toda la región de Alto Huallaga. Uno de estos era el Batallón Contrasubversivo 313, llamado “Los Laureles”, en Tingo María. Los miembros de este batallón estaban distribuidos en varias bases de distintas ciudades, cada una de ellas con un capitán militar que tenía a su cargo entre 20 y 40 soldados[3].
 

A partir de 1989, diversos operativos militares realizados en la región del Alto Huallaga para capturar a presuntos miembros de Sendero Luminoso fueron el marco de graves violaciones de derechos humanos, incluidos cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, agresiones sexuales y otras formas de tortura.

Human Rights Watch consultó documentación de más de 30 casos en los cuales víctimas o familiares dieron su testimonio a la CVR. Los casos, relacionados con decenas de víctimas, incluyen señalamientos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1992 y 1994. Los testimonios revelan el uso de formas graves de tortura como electrocución, quemaduras y desmembramiento. Aunque algunos abusos habrían sido cometidos por miembros de Sendero Luminoso, la mayoría de los abusos descriptos en estos testimonios fueron perpetrados por integrantes de las Fuerzas Armadas de Perú.

La CVR remitió 47 casos a fiscales para que fueran investigados[4]. Estos casos abordan solamente una fracción de los abusos cometidos en esa época: algunos residentes se negaron a declarar ante la CVR por temor a represalias, y el personal de la CVR no se desplazó hasta todas las zonas remotas donde se habían cometido abusos, según lo indicó una periodista que participó en el proceso y una activista que vive en la zona[5].

Evidencias del expediente militar de Humala

Ollanta Humala Tasso ha reconocido que prestó servicios en el Batallón Contrasubversivo 313 —que incluía la base Madre Mía— en 1992 y que su seudónimo en esa época era “Carlos”, pero alega que, por ese entonces, muchos otros usaban el mismo seudónimo[6].

Según una copia de lo que parece ser la foja de servicio militar de Humala, que está incluida en un expediente judicial en el que se investiga su responsabilidad por violaciones de derechos humanos, Humala estuvo asignado al Batallón Contrasubversivo 313 de Tingo María como “jefe de patrulla” entre el 1 de enero de 1992 y el 1 de febrero de 1993[7].

Sin embargo, la mayor parte de la documentación oficial que detalla qué oficiales estuvieron asignados a bases contrasubversivas en la región del Alto Huallaga a principios de la década de 1990 parece haberse esfumado.

En una carta del 6 de julio de 2017, Human Rights Watch solicitó al ministro de defensa peruano la siguiente información: una copia de la foja de servicio de Humala, una lista de los nombres y seudónimos de los militares a cargo de la base Madre Mía en 1992 e información sobre cuánto tiempo estuvieron en ese lugar. En esa misma oportunidad, también se solicitó información sobre quiénes estuvieron a cargo de otras bases en el área en las décadas de 1980 y 1990, copias de documentación que certificara las designaciones y transferencias de personal militar, y una lista de quiénes formaban parte de la línea de mando en esa época[8].

El 31 de julio, la jefa de gabinete del ministro dijo a Human Rights Watch que, según las Fuerzas Armadas, la información solicitada “no existiría”[9]. De igual manera, un alto funcionario que trabajó en el Ministerio de Defensa desde 2011 hasta 2013 indicó a Human Rights Watch que los documentos oficiales sobre designaciones y transferencias de personal militar asignado a la base Madre Mía a principios de la década de 1990 ya no existen[10]. Según este alto funcionario y un soldado de Madre Mía, la mayor parte de estos documentos fueron incinerados y destruidos deliberadamente[11].

Relatos de soldados sobre violaciones en Madre Mía

En mayo de 2017, se difundieron en la televisión peruana los testimonios de seis soldados que afirman haber estado bajo el mando de Humala cuando este era jefe de la base Madre Mía, en 1992. Los soldados implicaron al ex presidente en abusos aberrantes y en intentos de encubrir su responsabilidad en esos delitos. De los seis soldados, dos están identificados públicamente solo con seudónimos. Estos soldados y al menos otros dos más se encuentran en programas de protección de testigos desde que prestaron formalmente su declaración ante el Ministerio Público. Los señalamientos que efectuaron contra Humala son los siguientes:

  • Un soldado identificado públicamente sólo como “Anchoveta” dijo que Humala estuvo a cargo de la base Madre Mía y que mientras estuvo allí usaba el alias “Capitán Carlos”[12]. Dijo que el “Capitán Carlos” lo obligó a cometer abusos. “Anchoveta” contó que, mientras estuvo en Madre Mía, degolló a un detenido, rellenó el cadáver con piedras y lo arrojó al río Huallaga. Según “Anchoveta”, en una ocasión, el “Capitán Carlos” le indicó que torturara a hombres y niños, los matara y luego quemara sus cuerpos. “Anchoveta” refirió que Amilcar Gómez Amasifuen, una persona cercana a Humala que prestó servicios con él en la base Madre Mía, había intentado sobornarlo en 2006 para que cambiara su testimonio durante la investigación inicial de los abusos perpetrados en Madre Mía[13].
  • Un soldado identificado públicamente sólo como “Manzanita” dijo haber visto a soldados que llevaban a cinco detenidos con las cabezas cubiertas, desde la base Madre Mía hasta la orilla del río Huallaga, a 200 metros de distancia[14]. Contó que luego vio cuando los soldados degollaban a las víctimas y rellenaban sus cuerpos con piedras antes de arrojarlos al río. También sostiene haber visto cuando el “Capitán Carlos”, que según el testigo era Humala, ordenaba a los soldados que quemaran vivo a un campesino. Dijo que otros soldados violaron a dos mujeres y a una niña de 14 años después de que Humala les dijera que las mujeres eran “regalos” y que “hagan lo que quieran con ellas”. Cuando en 2006 se inició una investigación sobre supuestos delitos consumados en Madre Mía, “Manzanita” dijo que alguien le dejó en su casa un documento que contenía instrucciones sobre qué debía decir si la prensa o las autoridades le preguntaban acerca de las acusaciones, junto con el número de teléfono de un abogado que, según Manzanita, trabajaba para el Partido Nacionalista de Humala[15].
  • Adolfo Becker Silva, conocido también como “Cachorro”, dijo que durante la época en que el “Capitán Carlos” —que él afirma que era Humala— fue jefe de la base Madre Mía, vio cómo soldados cortaron los brazos a una víctima y los colocaron en una bolsa, rellenaron el cuerpo con piedras y lo arrojaron al río. Según Becker, a menudo los soldados cortaban los brazos, piernas y cabezas de las víctimas para poder colocar las partes desmembradas en un costal y arrojarlas al río. Becker sostuvo que antes de la campaña presidencial de Humala, y también durante ella, Gómez Amasifuen le pidió a él y a otros soldados que le entregaran todas las fotografías que tuvieran con el “Capitán Carlos”, con la excusa de que iba a preparar un álbum de recuerdos, pero nunca las devolvió[16].
  • Werner Melgarejo, también conocido como “Águila”, dijo que el “Capitán Carlos” ordenó a soldados que mataran personas y las desmembraran: les cortaban las orejas, les abrían el vientre y las rellenaban con piedras para que se hundieran. Contó que Humala ordenó que se incineraran todos los documentos que lo vincularan con los homicidios. “No existimos como soldados”, dijo Melgarejo[17].
  • Leonardo Soria García contó en una conversación supuestamente grabada a fines de 2015 sin su consentimiento —y trasmitida en la televisión peruana en 2017— que recibió órdenes de Humala para hacer desaparecer y ejecutar a varias personas. Soria contó que Humala le dijo, durante la campaña presidencial, que no debía compartir ningún tipo de información sobre lo que había ocurrido en Madre Mía, y que lo “arreglarían” más tarde, cuando fuera elegido presidente en 2011. Soria alegó que Gómez Amasifuen, el aliado de Humala que presuntamente lo habría ayudado a silenciar a otros testigos, le pidió ayuda para ponerse en contacto con otros soldados para sobornarlos a fin de que no hablaran[18].
  • José Ponce Ruiz contó que, siguiendo órdenes de Humala, un grupo de soldados detuvo a 18 personas acusadas de ser terroristas, les sujetaron las manos y los pies y las enterraron vivas. Ponce afirmó haber visto al propio Humala torturar a detenidos, y a otros soldados asesinar a decenas de víctimas, incluidas mujeres y niños. El testimonio de Ponce, grabado en 2006, no se trasmitió sino hasta 2017, debido a que el equipo periodístico que lo entrevistó no había podido encontrar, en ese momento, evidencia que corroborara sus dichos. [19].

El periodista Beto Ortiz, que entrevistó a dos de los soldados, dijo a Human Rights Watch que en mayo de 2017 su equipo había entrevistado a un total de siete soldados en Madre Mía: todos ellos brindaron testimonios congruentes acerca de los crímenes y la participación de Humala en esos hechos[20].

En una declaración efectuada ante la fiscalía en 2006, otro soldado que prestó servicios en Madre Mía en 1992 afirmó haber visto al “Capitán Carlos” ordenar a un soldado que matara a un residente de la zona que había sido detenido en la localidad La Morada. El soldado dijo que lo degolló con un puñal, colocó piedras en sus ropas y arrojó a la víctima al río. En otro incidente distinto, relató que había visto al “Capitán Carlos” pisar la cabeza de siete detenidos y dispararles a quemarropa cuando yacían en el piso con las manos atadas por la espalda. El soldado afirma que advirtió que el “Capitán Carlos” era Humala cuando se postuló a la presidencia[21].

Desapariciones forzadas de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro, y tortura de Jorge Ávila

Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro, quienes eran esposos, fueron desaparecidos de forma forzada el 17 de junio de 1992. El cuerpo de Sullca Castro se recuperó días después de su desaparición forzada, pero todavía se desconocen el destino y el paradero de Ávila Rivera. Human Rights Watch consultó registros judiciales proporcionados por testigos, incluidos los hijos y el hermano de Ávila Rivera, acerca de la desaparición de la pareja; y entrevistó a Teresa Ávila, hermana de Ávila Rivera, y a un soldado que había sido asignado a Madre Mía en la época de la desaparición y que conocía a las víctimas. 

El soldado señaló a Human Rights Watch que, alrededor de la 1 a.m. del 17 de junio de 1992, salieron de la base Madre Mía dos vehículos con soldados con la intención de buscar a lugareños que estaban trabajando con “terroristas”[22]. Según las declaraciones judiciales de los hijos de Ávila Rivera y Sullca Castro, que presenciaron los acontecimientos, seis o siete soldados ingresaron en la vivienda de Ávila Rivera y Sullca Castro, aproximadamente a las 4 a.m. y se los llevaron en un vehículo[23]. A continuación, los soldados se dirigieron a la casa de Jorge Ávila, hermano de Natividad. Lo sacaron de la vivienda por la fuerza, le ataron las manos por detrás de la espalda y lo obligaron a subir al vehículo blanco donde estaban Natividad Ávila y Sullca Castro, indicó Jorge Ávila en su primera declaración ante la fiscalía en 2006[24]. La declaración inicial de Jorge Ávila coincide con lo que manifestó a los médicos que confeccionaron un informe médico al cual tuvo acceso Human Rights Watch, y también con lo que dijo a varios familiares días después de la detención[25]. El vehículo tomó un camino que solamente conducía a la base Madre Mía, según la esposa de Jorge Ávila[26].

El soldado que habló con Human Rights Watch, señaló que luego regresaron a la base con los detenidos. Los tres detenidos fueron arrojados a un pozo de tierra, de 1,5 metros de profundidad, con las manos atadas. A la mañana siguiente, el “Capitán Carlos” ordenó a los soldados que separaran a los hombres de la mujer y no les dieran comida ni agua. El soldado conocía a los detenidos[27].

El 18 de junio, Teresa Ávila, la hermana de Natividad y Jorge, acudió a la base Madre Mía[28]. Cuando preguntó al “Capitán Carlos” dónde estaban sus familiares, este respondió: “Si yo tendría a tu familia, los voy a matar porque tu familia es una lacra”, dijo Teresa Ávila a Human Rights Watch. El capitán le dijo a Teresa Ávila que regresara esa noche, buscara a su hermana en la base y se la llevara si la encontraba, pero Ávila contó que esto la atemorizó y no regresó.

Jorge Ávila y el soldado entrevistado dijeron que durante los cinco días que estuvieron en la base hubo ocasiones en que algunos soldados les dieron comida disimuladamente. Durante su detención, Ávila fue torturado por soldados, que le aplicaron descargas eléctricas mientras le sumergían la cabeza en el agua, al tiempo que le preguntaban si era cabecilla de Sendero Luminoso[29].

El 24 de junio, un grupo de soldados llevaron a los tres detenidos a orillas del río Huallaga. Jorge Ávila contó que se arrojó al río y consiguió escapar. Dijo que, mientras se alejaba nadando, escuchó disparos[30]. La descripción ofrecida por Ávila es congruente con lo manifestado por el soldado entrevistado, que dijo a Human Rights Watch que, una noche, el “Capitán Carlos” dio instrucciones al menos a cinco soldados de que se prepararan para salir. Los soldados se llevaron a los tres detenidos y regresaron algunas horas más tarde sin ellos, señaló el soldado. Uno de los soldados, que era compañero de habitación del soldado, , le contó que uno de los detenidos había escapado y le mostró un puñal con sangre.

 Al día siguiente, el hijo de Teresa Ávila le dijo que había visto gran cantidad de sangre en una zona que los lugareños denominaban “el matadero”[31]. Ávila corrió hasta el lugar y, mientras estaba sentada allí llorando, una mujer se le acercó y le dijo que su hermano, Jorge Ávila, había escapado y estaba en la casa de ella, desnudo y golpeado. Poco después, Jorge Ávila huyó de la zona donde vivían.

 Teresa Ávila siguió buscando a su hermana. Un día que estaba buscándola con otra persona que conducía un bote encontró un cuerpo flotando en medio del río Huallaga. Se acercaron y, cuando dieron vuelta el cuerpo, advirtió que era Benigno Sullca Castro. Aunque partes de sus labios habían sido comidos por peces, tenía los mismos pantalones azules, la camisa color crema y las zapatillas blancas que vestía en el momento de su detención. El cuerpo hallado también tenía una uña negra, al igual que Sullca Castro, y un orificio de bala en la frente, señaló Ávila. Mientras intentaban llevarse el cuerpo, escucharon disparos y decidieron dejarlo a la orilla del río, cubierto con hojas. Su yerno regresó al día siguiente, pero no pudo retirar el cuerpo porque el río estaba bajo vigilancia. Según dijeron Ávila y su hija, enterró el cuerpo allí.

En 2006, después de que Teresa Ávila y su familia vieron a Ollanta Humala Tasso durante la campaña presidencial y lo reconocieron como el “Capitán Carlos”, presentaron una denuncia. En agosto, un fiscal formalizó denuncia penal contra Humala por la desaparición forzada, tortura y asesinato de Natividad Ávila y Sullca Castro, y por la tentativa de desaparición forzada, tortura y asesinato de Jorge Ávila. Días más tarde, un juez autorizó que avanzara la investigación por todos los cargos, excepto el de tortura, que, según adujo, no se encontraba tipificado en el código penal al momento de los hechos[32].

No obstante, en febrero de 2009, el Ministerio Público determinó que no había pruebas suficientes para avanzar con el caso[33]. Dos meses después, la Sala Penal Nacional entendió que había pruebas que indicaban que se habían cometido los delitos, pero que no era posible demostrar la participación de Humala. Citó como prueba que Jorge Ávila y otros soldados se habían retractado de sus declaraciones iniciales, en las cuales habían implicado a Humala[34]. En diciembre de 2009, la Corte Suprema confirmó la decisión[35].

Pese a señalamientos de que Jorge Ávila y los soldados habían sido sobornados para que cambiaran sus declaraciones[36] —lo cual coincide con la información proporcionada por otros familiares que sostuvieron que habían recibido ofrecimientos de dinero para hacerlo[37], en 2012 la Corte Suprema absolvió a dos personas cercanas a Humala en un caso en el cual estaban acusadas de “delito contra la administración pública” por intentar sobornar a testigos[38].

Si bien las sentencias no impidieron que los fiscales continuaran investigando los crímenes perpetrados contra los hermanos Ávila y contra Sullca Castro, la investigación estuvo paralizada durante ocho años, según informó a Human Rights Watch Luz Carmen Ibáñez, la fiscal responsable de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en ese período[39].

En abril de 2017, el periódico peruano El Comercio publicó grabaciones de una serie de conversaciones que sugieren que personas cercanas a Humala efectivamente habían sobornado a Jorge Ávila para que cambiara su declaración inicial[40]. Las conversaciones habían sido grabadas por una orden judicial emitida en un caso que no está relacionado con este. En una conversación que tuvo lugar el 11 de mayo de 2011, justo antes de la segunda vuelta electoral entre Humala y Keiko Fujimori, Gómez Amasifuen dijo a Jorge Ávila: “hoy día te van a hacer el depósito sí o sí... Ya antes del mediodía te [lo] está haciendo”. Ávila responde que se lo hará saber a su hija Adriana. En una conversación anterior, el 9 de mayo, Amasifuen advierte a Julio Torres, tesorero del Partido Nacionalista de Humala, que no debía olvidarse de transferirle el dinero a Adriana.

Según informes de prensa, en mayo de 2017 Jorge Ávila confirmó que le habían pagado para que cambiara su declaración[41]

Sobre la base de los audios de las conversaciones y los testimonios de los soldados, Teresa Ávila, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos de Perú, solicitó al Ministerio Público que se reabriera la investigación, y así lo hizo. Ibáñez señaló a Human Rights Watch que hay una investigación en curso “contra los que resulten responsables”[42].

Desapariciones forzadas de Nelson Hoyos Sagástegui y Miguel Herrera Ortiz

El 5 de junio de 1992, Nelson Hoyos Sagástegui, de 19 años, y Miguel Herrera Ortiz fueron detenidos por soldados cuando esperaban en Tocache un autobús para viajar a Lima, según las declaraciones de los padres de Hoyos y de testigos que constan en el Registro de Víctimas oficial[43]. Antenor Hoyos Cubas, padre de Hoyos, dijo a Human Rights Watch que su hijo no había cumplido el servicio militar obligatorio y había pedido a su amigo Herrera, que servía en la Marina, que le ayudara a regularizar su situación.

El 6 de junio, Antenor Hoyos se dirigió a la base Madre Mía y pidió al “Capitán Carlos” información sobre su hijo y acerca de la detención. Antenor Hoyos dijo que, aunque el capitán reconoció que su hijo había sido detenido por soldados, también afirmaba que lo habían “botado” la noche anterior. Cuando Antenor Hoyos insistió en que aún se encontraba en custodia, el capitán amenazó con enviarlo al “bote”, un pozo profundo donde mantenían a los detenidos.

Antenor Hoyos regresó a la base el 8 de junio, pero el “Capitán Carlos” repitió que habían dejado ir a su hijo el mismo día de la detención. Esta vez, el capitán amenazó con “barrerlos” y “matarlos como a perros” si él y su familia no se iban, dijo Antenor Hoyos a Human Rights Watch. Poco después, la familia Hoyos se mudó a las afueras de Lima.

Pocos meses después, tras escuchar a un vecino decir que había visto a su hijo vestido de soldado en la base, Antenor Hoyos regresó y, una vez más, preguntó al “Capitán Carlos” dónde se encontraba su hijo. Esta vez, el capitán insistió en que habían dejado ir a su hijo, pero también dijo que era “terrorista”.

Los padres de Hoyos nunca volvieron a verlo, y aún siguen sin conocer el destino o el paradero de su hijo.

En 2006, Antenor Hoyos vio a Humala en televisión cuando se postulaba a la presidencia, y lo reconoció como el “Capitán Carlos” de Madre Mía. Ese año, Aurea Felipe Hermosilla, la esposa de Herrera, también acusó a Humala en televisión de ser responsable de la desaparición forzada de su esposo[44],

Antenor Hoyos presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo en 2008. Human Rights Watch tuvo acceso al registro oficial, donde se indica que Nelson Hoyos desapareció durante el conflicto armado. Antenor Hoyos señaló que su familia recibió una indemnización de 10.000 soles.

Cuando la Suprema Corte falló a favor de no dar curso a la denuncia contra Humala en 2009, la familia Hoyos perdió la fe en el sistema de justicia y decidió desistir del caso, hasta este momento. En la actualidad, están colaborando con abogados peruanos especializados en derechos humanos y con el Ministerio Público para impulsar la investigación.

Asesinato de Hermes Estela Vásquez

El 6 de junio de 1992, a las 5 a.m., un grupo de soldados ingresaron en la vivienda de Hermes Estela Vásquez, lo mataron y detuvieron a su hermano, Nicolás, conforme lo relató su padre, Norvil Estela Delgado, a la Comisión de la Verdad y Reconciliación[45]. El padre indicó que los soldados se llevaron el cuerpo de Hermes en una camioneta en dirección a la base Madre Mía, por lo que decidió seguirlos, hasta que fue obligado a detenerse por dos soldados. Nunca volvió a ver a su hijo Hermes.

Más tarde, la madre de Hermes, Estela, se dirigió a la base Madre Mía y pidió al “Capitán Carlos” que no matara a su otro hijo Nicolás, que había sido llevado a la base con las manos atadas, según lo manifestado por un testigo que habló con el padre. El capitán le aseguró que a su hijo no iba a ocurrirle nada. Cuando Nicolás fue liberado, dijo que los soldados lo habían golpeado, le habían cortado el cabello y le habían pedido que dijera quiénes eran los mandos de Sendero Luminoso y dónde estaban.

Algunos días después, Norvil Estela acudió a las proximidades del río en busca del cuerpo de Hermes y vio al “Capitán Carlos”, quien le dijo, “otra vez que te vea por aquí, lo desaparezco”.

En la actualidad, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está trabajando con la familia para impulsar la investigación penal en este caso.

Otros abusos denunciados

La prensa peruana ha informado sobre otros casos de abusos presuntamente perpetrados por el “Capitán Carlos” en 1992. Algunos casos que han tenido repercusión en los medios son, entre otros, la detención y la tortura de Javier Saravia Alanya en enero de 1993[46], los asesinatos de Yander Leandro Zúñiga[47] y Nemer Acuña[48] en 1992, y abusos contra Victoria Zonia Luis Cristóbal, y su esposo, Cirilo Rosales Tabraj, en 1992[49].

Investigaciones de violaciones de derechos humanos

En 2004, la Fiscalía de la Nación creó una fiscalía especial para investigar violaciones de derechos humanos en respuesta a una recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La mayor parte de los casos que maneja esta fiscalía especial están relacionados con abusos cometidos entre 1980 y 2000, si bien no todos se incluyeron en el informe de la CVR, según Luz Carmen Ibáñez, la fiscal especial a cargo de estas investigaciones. Los casos investigados incluyen desapariciones, abuso sexual, tortura y ejecuciones, a veces contra grupos de muchas personas[50].
 

El 6 de julio de 2017, Human Rights Watch solicitó información detallada al Ministerio Público sobre la cantidad de investigaciones y condenas obtenidas en estos casos, pero no había recibido una respuesta al momento de la redacción del presente informe. Si bien la fiscal a cargo de investigar estos casos manifestó que su fiscalía no contaba con información sobre la cantidad total de condenas obtenidas, señaló a Human Rights Watch que las condenas son “minoritarias” en los casos bajo investigación[51]. Activistas peruanos de derechos humanos dijeron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en mayo de 2017, que solamente tenían conocimiento de 78 sentencias vinculadas con abusos cometidos durante el conflicto armado; de estas, 41 estaban relacionadas con denuncias de desapariciones forzadas y solamente 17 habían terminado en condenas[52].
 

La fiscal dijo a Human Rights Watch que el mayor obstáculo que enfrenta su fiscalía para avanzar con los procesos es la falta de colaboración del Ministerio de Defensa. La oficina tiene “miles” de casos de abusos presuntamente cometidos en ese período, en los cuales no ha podido identificar a los autores porque el Ministerio de Defensa no proporciona información sobre quiénes supervisaban las bases ni de las personas que trabajaban allí[53].

Obligaciones jurídicas internacionales de Perú

Las obligaciones de Perú de investigar los graves delitos analizados en el presente informe y de juzgar a los responsables surgen de distintas fuentes. En primer lugar, muchos de los delitos constituyen crímenes de guerra cometidos durante un conflicto armado interno y posibles delitos de lesa humanidad. Existe un amplio consenso jurídico de que la obligación de investigar y juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad es una cuestión de derecho internacional consuetudinario y de ius cogens[54]. Los crímenes de guerra cometidos durante un conflicto armado interno incluyen violaciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, como “los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios” y “atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”, al igual que actos como ataques deliberados contra la población civil, la violación y otras formas de violencia sexual y la mutilación. Los delitos de lesa humanidad incluyen actos prohibidos como homicidio, violación y violencia sexual, tortura y desapariciones forzadas cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil.

En segundo lugar, los crímenes también constituyen violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos, respecto de las cuales existen múltiples tratados que establecen la obligación de investigar y juzgar estos hechos, además de las normas del derecho consuetudinario aplicables. Por ejemplo, Perú es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)[55]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre el alcance de las obligaciones de Perú conforme a la CADH de investigar y sancionar violaciones graves ocurridas durante el conflicto armado. En este sentido, la corte resolvió que:

son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos[56].

Perú también es parte en convenciones internacionales y regionales referidas específicamente a la prevención de la tortura y las desapariciones forzadas[57]. Las cuatro convenciones pertinentes incluyen la obligación, conforme al derecho internacional, de asegurar la investigación efectiva de los actos de tortura y las desapariciones forzadas, y de que se brinden recursos adecuados a las víctimas. El delito de desaparición forzada, además, constituye una violación continua, lo cual significa que, mientras no se informe sobre el destino y el paradero de una persona que ha sido víctima de desaparición forzada, se considera que la violación continúa, y Perú tiene la obligación de poner fin a esa violación.

Agradecimientos

Tamara Taraciuk Broner, investigadora sénior de la División de las Américas, realizó la investigación y escribió este informe. El documento fue revisado y editado por José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas, Aisling Reidy, asesora legal sénior, y Joe Saunders, subdirector de programas. Nicola Haubold, pasante de la división de las Américas, fue de gran ayuda para la investigación. María Barragan-Santana, asociada de la división de las Américas, brindó apoyo logístico. El informe fue preparado para la publicación por Olivia Hunter, asociada de publicaciones. Fue traducido al español por Gabriela Haymes.

Human Rights Watch desea expresar su agradecimiento a cada uno de los abogados y activistas de derechos humanos a quienes hemos entrevistado, por haber aportado información y sus perspectivas para este informe. Además, desea agradecer especialmente a Francisco Soberon de Aprodeh por su apoyo indispensable en todo el proceso, y a Ana María Vidal y su equipo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por su colaboración para recabar información y coordinar encuentros con las víctimas. Human Rights Watch también desea agradecer al periodista Beto Ortiz y a su producción por compartir información y grabaciones de su trabajo en Madre Mía, y a la fiscal Luz Carmen Ibáñez por reunirse con nosotros y aportar información para la elaboración de este informe.

Human Rights Watch desea expresar de forma especial su profundo agradecimiento a las víctimas y los testigos que, generosamente, compartieron con nosotros sus testimonios con la esperanza de contribuir a que se haga justicia.

[1] “Minjus: búsqueda de personas desaparecidas será prioridad el 2017”, Andina, 1 de enero de 2017, http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-minjus-busqueda-personas-desaparecidas-sera-prioridad-2017-647490.aspx (consultado el 19 de agosto de 2017).

[2] Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, http://www.cverdad.org.pe/ifinal/ (consultado el 19 de agosto de 2017); Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “Violaciones a los derechos humanos en el Alto Huallaga: El caso Madre Mía y la responsabilidad de Ollanta Humala”, noviembre de 2009, pág. 13; Pedido de Teresa Ávila a la fiscalía para que se reabriera la investigación del Caso Natividad Ávila y Benigno Sullca, 19 de mayo de 2017 (copias en los registros de Human Rights Watch).

[3] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “Violaciones a los derechos humanos en el Alto Huallaga: El caso Madre Mía y la responsabilidad de Ollanta Humala”; Solicitud presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Natividad Ávila, Beningno Sullca Castro y Jorge Ávila, sin fecha (copia en los registros de Human Rights Watch).

[4] Ibíd.; Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Perú, “Seguimiento de casos de violaciones de Derechos Humanos”, sin fecha, http://idehpucp.pucp.edu.pe/seguimiento/casos/seguimiento-de-casos-cvr/ (consultado el 19 de agosto de 2017).

[5] Entrevista de Human Rights Watch con María Elena Castillo, Lima, 29 de junio de 2017; entrevista de Human Rights Watch con Mónica Miraval, Lima, 29 de junio de 2017.

[6] Declaración indagatoria de Ollanta Humala Tasso, 23 de junio de 2006; Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, Auto Apertorio de Instrucción, 29 de agosto de 2006 (copias en los registros de Human Rights Watch).

[7] Copia de la foja de servicio de Ollanta Moisés Humala Tasso, en la cual se detalla dónde estuvo asignado entre 1980 y 1994, 13 de diciembre de 2005. El documento tiene el sello de la Dirección de Personal del Ejército. Copia en los registros de Human Rights Watch.

[8] Carta de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, al ministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos, 6 de julio de 2017.

[9] Conversación telefónica de Human Rights Watch con Aelín Pérez, jefa de gabinete del Ministro de Defensa, 31 de julio de 2017.

[10] Entrevista de Human Rights Watch con un ex alto funcionario del Ministerio de Defensa que solicitó mantener el anonimato, 30 de junio de 2017.

[11] Ibíd.; “Testigos sanguinarios de Madre Mía delatan a Ollanta Humala y a su abogado Roy Gates", video de YouTube, subido por Noticias NTN el 28 de mayo de 2017, https://www.youtube.com/watch?v=GP1kYoEOCOs (consultado el 19 de agosto de 2017); “Caso Madre Mía: Ex soldado denunció que Ollanta Humala incineró todos los registros de su promoción”, Perú 21, 9 de mayo de 2017, http://peru21.pe/politica/caso-madre-mia-ex-soldado-denuncio-que-ollanta-humala-quemo-todos-registros-su-promocion-2280977 (consultado el 19 de agosto de 2017).

[12] En el programa donde se trasmitió el testimonio no se hizo público el nombre completo de “Anchoveta”.

[13] “Testigos sanguinarios de Madre Mía delatan a Ollanta Humala y a su abogado Roy Gates”, video de YouTube subido por Noticias NTN.

[14] En el programa donde se trasmitió el testimonio no se hizo público el nombre completo de “Manzanita”.

[15] “Testigos sanguinarios de Madre Mía delatan a Ollanta Humala y a su abogado Roy Gates”, video de YouTube subido por Noticias NTN.

[16] “Beto a Saber: Programa del 02 de Mayo de 2017”, video de YouTube por Beto a saber el 2 de mayo de 2017, https://www.youtube.com/watch?v=u31x2DOveig (consultado el 19 de agosto de 2017).

[17] “Impactante testimonio de ex militar sobre crueldad del Capitán Carlos”, video de YouTube subido por Beto a saber el 8 de mayo de 2017, https://www.youtube.com/watch?v=tz743Llnzio (consultado el 19 de agosto de 2017).

[18] “Nuevos testimonios de soldados que vinculan a Ollanta Humala en caso Madre Mía”, video de YouTube subido por Cuarto Poder (AmericaTV Perú) el 17 de mayo de 2017, https://www.youtube.com/watch?v=C2-Bd_8Rauw (consultado el 19 de agosto de 2017).

[19] ¡Exclusivo! Cuarto testigo reveló macabro secreto del Capitán Carlos”, video de YouTube subido por Beto a saber el 10 de mayo de 2017, https://www.youtube.com/watch?v=Sr6iVmmUUTE (consultado el 19 de agosto de 2017).

[20] Entrevista de Human Rights Watch con Beto Ortiz, Lima, 28 de junio de 2017.

[21] Resumen del testimonio prestado por el testigo protegido R-172 a las autoridades judiciales, 20 de mayo de 2006 (copia en los registros de Human Rights Watch).

[22] Entrevista de Human Rights Watch con soldado, Lima, 28 de junio de 2017; resumen del testimonio brindado por testigo protegido CHR-20 a autoridades judiciales el 22 de abril de 2006 y el 6 de noviembre de 2006 (copia en los registros de Human Rights Watch).

[23] Resúmenes de declaración indagatoria prestada a la Fiscalía por María Magdalena Sullca Ávila, 8 de marzo de 2006; de declaración indagatoria de Teresa Ávila, 8 de marzo de 2006; y de declaración testimonial de Richar Gerardo Sullca Ávila, 27 de noviembre de 2006 (copias en los registros de Human Rights Watch).

[24] Declaración indagatoria de Jorge Ávila, marzo de 2006, citada en el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, Auto Apertorio de Instrucción, 29 de agosto de 2006.

[25] Copia del informe médico de Jorge Ávila, 14 de marzo de 2006; declaración indagatoria de Teresa Ávila, 8 de marzo de 2006; declaración testimonial de Richar Gerardo Sullca Ávila, 27 de noviembre de 2006; y declaración testimonial de Carmen Ávila Rivera, 26 de noviembre de 2006.

[26] Resumen de Declaración indagatoria de Teresa Ávila, 8 de marzo de 2006.

[27] Entrevista de Human Rights Watch con soldado, Lima, 28 de junio de 2017; resumen del testimonio brindado por testigo protegido CHR-20 a autoridades judiciales el 22 de abril de 2006 y el 6 de noviembre de 2006 (copia en los registros de Human Rights Watch).

[28] Entrevista de Human Rights Watch con Teresa Ávila, Lima, 28 de junio de 2017; declaraciones indagatorias de Teresa Ávila del 8 de marzo de 2006 y del 20 de septiembre de 2006.

[29] Declaración indagatoria de Jorge Ávila, marzo de 2006, citada en el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, Auto Apertorio de Instrucción, 29 de agosto de 2006.

[30] Ibíd.

[31] Entrevista de Human Rights Watch con Teresa Ávila, Lima, 28 de junio de 2017.

[32] Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, Auto Apertorio de Instrucción, 29 de agosto de 2006.

[33] Ministerio Público, Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, expediente 05-2007, Sentencia N.º 17-2009, 12 de febrero de 2009.

[34] Sala Penal Nacional, Expediente 05-07, 27 de abril de 2009.

[35] Corte Suprema de Justicia de la República, Segunda Sala Penal Transitoria, 21 de diciembre de 2009.

[36] En agosto de 2006, uno de los hijos de Natividad señaló a un juez que el mes anterior su tío Jorge Ávila había recibido USD 4.000 de una persona cercana a Humala, para que cambiara su testimonio y dijera que Humala no estaba implicado en los delitos. Resumen de declaración indagatoria de Yerson Sullca Ávila, 26 de agosto de 2006.

[37] Teresa Ávila manifestó a Human Rights Watch que una persona cercana a Humala había intentado sobornarla en 2007, indicándole que recibiría dinero si decía que Humala no era el “Capitán Carlos”, pero ella rechazó el ofrecimiento. Entrevista de Human Rights Watch con Teresa Ávila, Lima, 28 de junio de 2017.

[38] Solicitud de Teresa Ávila a la fiscalía para que se reabriera la investigación del caso de Natividad Ávila y Benigno Sullca, 19 de mayo de 2017.

[39] Entrevista de Human Rights Watch con Luz Carmen Ibáñez, Lima, 28 de junio de 2017.

[40] “Esta es la transcripción de los audios sobre Humala y Madre Mía”, El Comercio, 27 de abril de 2017, http://elcomercio.pe/politica/justicia/transcripcion-audios-humala-madre-mia-421730 (consultado el 19 de agosto de 2017).

[41] “Jorge Ávila: “Me arrepiento de cambiar mi testimonio por el caso Madre Mía”, Perú 21, 14 de mayo de 2017, http://peru21.pe/politica/testigo-clave-caso-madre-mia-me-arrepiento-cambiado-mi-testimonio-2281536 (consultado el 19 de agosto de 2017); “Caso Madre Mía: testigo Jorge Ávila denunció que es víctima de amenazas”, América TV, 17 de mayo de 2017, http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/madre-mia-testigo-jorge-avila-denuncio-que-victima-amenazas-n276767 (consultado el 19 de agosto de 2017).

[42] Entrevista de Human Rights Watch con Luz Carmen Ibáñez, Lima, 28 de junio de 2017.

[43] Entrevista de Human Rights Watch con Antenor Hoyos Cubas y María Concepción Sagastegui Tapia, Lima, 27 de junio de 2017; declaración jurada de Wilder Roberto Pardo Tapia, 24 de julio de 2013.

[44] “Capitán Carlos” Ollanta Humala: de Presunto Depredador en BCS Madre Mía a Candidato Presidencial Nacionalista”, La Leyenda del Huallaga Blogspot, 29 de mayo de 2011, http://leyendadelhuallaga.blogspot.com/2011/05/capitan-carlos-ollanta-humala-de.html (consultado el 19 de agosto de 2017).

[45] Ficha con la declaración prestada por Norvil Estela Delgado a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sin fecha; “Pobladores de Madre Mía: “Capitán Carlos” nos obligaba a realizar faenas todos los sábados”, Perú 21, 20 de mayo de 2017, http://peru21.pe/politica/pobladores-madre-mia-capitan-carlos-nos-obligaba-realizar-faenas-todos-sabados-informe-2282351 (consultado el 19 de agosto de 2017).

[46] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “Violaciones a los derechos humanos en el Alto Huallaga: El caso Madre Mía y la responsabilidad de Ollanta Humala”, “Coordinadora Derechos Humanos ratifica denuncias contra Humala”, Nación, 15 de marzo de 2006, http://www.nacion.com/archivo/Coordinadora-Derechos-Humanos-denuncias-Humala_0_818118556.html (consultado el 19 de agosto de 2017).

[47] “Nuevo testimonio en caso Madre Mía: Habla hermano de desaparecido”, Diario Correo, 8 de mayo de 2017, http://diariocorreo.pe/politica/nuevo-testimonio-en-caso-madre-mia-habla-hermano-de-desaparecido-748243/ (consultado el 19 de agosto de 2017); “Una de las víctimas del “caso Madre Mía” suma su testimonio contra Ollanta Humala”, Europa Press, 13 de mayo de 2017, http://www.europapress.es/internacional/noticia-victimas-caso-madre-mia-suma-testimonio-contra-ollanta-humala-20170513040848.html (consultado el 19 de agosto de 2017); “Caso Madre Mía: Los testimonios que implican a Ollanta Humala con ejecuciones extrajudiciales”, Perú 21, 10 de mayo de 2017, http://peru21.pe/politica/caso-madre-mia-testimonios-que-implican-ollanta-humala-ejecuciones-extrajudiciales-2280791 (consultado el 19 de agosto de 2017); “Ollanta: desenmascarado”, Diario Uno, 9 de mayo de 2017, http://diariouno.pe/columna/ollanta-desenmascarado/ (consultado el 19 de agosto de 2017); “Perú: Soldados aseguran que hicieron desaparecer y asesinaron a “personas subversivas” por orden de Ollanta Humala”, El Economista, 8 de mayo de 2017, http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm-pe/noticias/8344779/05/17/Peru-Soldados-aseguran-que-hicieron-desaparecer-y-asesinaron-a-personas-subversivas-por-orden-de-Ollanta-Humala.html (consultado el 19 de agosto de 2017).

[48] Tuit de Beto Ortiz, 8 de julio de 2017, https://twitter.com/malditaternura/status/883870651429289985 (consultado el 19 de agosto de 2017); “Acusan a Ollanta Humala de otro crimen en base militar contrasubversiva Madre Mía”, Éxitos Noticias, 10 de julio de 2017, http://exitosanoticias.pe/acusan-ollanta-humala-crimen-base-militar-contrasubversiva-madre-mia/ (consultado el 19 de agosto de 2017); “Caso Madre Mía: Marlit Acuña enterró a su padre dos veces y ahora pide justicia”, Trome, 10 de julio de 2017, http://trome.pe/actualidad/caso-madre-mia-ollanta-humala-nemer-acuna-cadaver-video-55621 (consultado el 19 de agosto de 2017); “Nemer Acuña, otra víctima identificada del Caso Madre Mía”, La República, 21 de junio de 2017, http://glr-vpc1-elb-larepublica-reda-711286046.us-east-1.elb.amazonaws.com/impresa/politica/887927-nemer-acuna-otra-victima-identificada-del-caso-madre-mia (consultado el 19 de agosto de 2017).

[49] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “Violaciones a los derechos humanos en el Alto Huallaga: El caso Madre Mía y la responsabilidad de Ollanta Humala”, “Los escuadrones de la muerte del Presidente de Perú”, Fronterapirata.com, 31 de octubre de 2014, https://fronterapirata.com/2014/10/31/los-escuadrones-de-la-muerte-del-presidente-de-peru/ (consultado el 19 de agosto de 2017).

[50] Entrevista de Human Rights Watch con Luz Carmen Ibáñez, Lima, 28 de junio de 2017.

[51] Ibíd.

[52] Entrevista de Human Rights Watch con Ana María Vidal, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Lima, 25 de junio de 2017; “CIDH expresa preocupación por la situación de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en Perú”, Demus, 25 de mayo de 2017, http://www.demus.org.pe/noticias/cidh-expresa-preocupacion-por-situacion-de-impunidad-en-casos-de-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-peru/ (consultado el 19 de agosto de 2017).

[53] Entrevista de Human Rights Watch con Luz Carmen Ibáñez, Lima, 28 de junio de 2017.

[54] Ver, por ejemplo, la Norma 158 del estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario y los análisis en Human Rights Watch, Selling Justice Short, https://www.hrw.org/sites/
default/files/reports/ij0709webwcover_1.pdf
, pá
gs.10-19; y Human Rights Watch, The Meaning of “the Interests of Justice” in Article 53 of the Rome Statute, 1 de junio de 2005, http://www.hrw.org/node/83018, págs. 9-11.

[55] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Doc. de la ONU A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, en vigor desde el 23 de marzo de 1976, ratificado por Perú el 28 de abril de 1978; Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (“Pacto de San José de Costa Rica”), OEA Serie de Tratados N.º 36, en vigor desde el 18 de julio de 1978, ratificada por Perú el 28 de julio de 1978.

[56] Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios-Altos, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Corte I.D.H., (Ser. C) N.º 75 (2001), párr. 41. Ver también, contra Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso La Cantuta, Sentencia del 29 de noviembre de 2006, Corte I.D.H. (Ser. C) N.º 162, (2006).

[57] Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Doc. de la ONU A/39/51 (1984), en vigor desde el 26 de junio de 1987, ratificada por Perú el 7 de julio de 1988; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, OEA. Serie de Tratados N.º 67, en vigor desde el 28 de febrero de 1987, ratificada por Perú el 27 de febrero de 1990; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 33 I.L.M. 1429 (1994), en vigor desde el 28 de marzo de 1996, ratificada por Perú el 8 de febrero de 2002; Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010, ratificada por Perú el 26 de septiembre de 2012.