(Miami, Florida) – El gobierno federal y los gobiernos estatales de EE. UU. están tomando medidas insuficientes para garantizar el acceso a un medicamento que permite salvar vidas —la naloxona—, a fin de revertir las sobredosis de opioides que ocasionan miles de muertes evitables, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 48 páginas, “A Second Chance: Overdose Prevention, Naloxone, and Human Rights in the United States” [Una segunda oportunidad: Prevención de sobredosis, naloxona y derechos humanos en Estados Unidos], identifica leyes y políticas federales y estatales que no permiten que la naloxona llegue a manos de las personas que tienen mayores probabilidades de ser testigos de sobredosis accidentales, y se las priva así de la posibilidad de salvar vidas. El informe fue difundido en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el IDEA Exchange Center de la Facultad de Medicina Miller, en la Universidad de Miami, que es el primer y único programa de distribución de jeringas de Florida. El centro brinda servicios de salud vitales, que incluyen naloxona, en una ciudad y en un condado con altas tasas de uso y sobredosis de opioides.
La administración Trump se ha comprometido a poner fin a la epidemia de uso de opioides y ha asignado fondos a los estados para combatirla. Estos fondos se otorgaron el año pasado en virtud de la Ley de Curas del Siglo XXI (21st Century Cures Act) e incluyen dinero destinado a reducir las muertes por sobredosis.
“La medida más sencilla y más efectiva que puede adoptar tanto el gobierno federal y como el estatal para terminar con la ola de muertes causadas por sobredosis de opioides es hacer que resulte fácil obtener naloxona”, señaló Megan McLemore, investigadora sénior sobre salud de Human Rights Watch. “La naloxona debería adquirirse tan fácilmente como el Tylenol. Las leyes penales bloquean el acceso a programas de reducción de riesgos como el intercambio de jeringas, y el medicamento es demasiado costoso y no se puede conseguir sin receta. Estos y otros obstáculos hacen que la naloxona no llegue a quienes más la necesitan”.
En 2016, más de 33.000 personas murieron a causa de sobredosis accidentales en las cuales las drogas implicadas eran opioides, como analgésicos recetados, heroína y fentanilo, un poderoso opioide sintético. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control, CDC) de Estados Unidos se han referido a estas muertes como una “epidemia”. Desde el año 2000, las muertes por sobredosis de drogas han aumentado un 137 por ciento, y las muertes relacionadas con opioides se han incrementado un 200 por ciento durante ese período. La mayor cantidad de víctimas se registra en las zonas rurales de Estados Unidos, donde las tasas de muertes causadas por el consumo de opioides son mucho más elevadas que en áreas metropolitanas.
Hay grandes probabilidades de revertir una sobredosis vinculada con opioides si se administra sin demora el medicamento naloxona. La naloxona, un medicamento genérico seguro, puede ser administrada por personal no médico con un nivel mínimo de capacitación. Entre 2010 y 2014, al menos 30.000 sobredosis se revirtieron con la medicación, en la mayoría de los casos, por personas que también son usuarias de drogas y se encontraban en el lugar. No obstante, la naloxona solamente resulta eficaz si alguna persona que presencia la sobredosis la administra o llama inmediatamente a servicios de emergencia.
Human Rights Watch documentó los casos de Michelle Hamby, de 49 años, una madre de Arizona, y Kendra Williams, de 23 años, una estudiante de enfermería de Carolina del Norte, que demuestran cómo el acceso a naloxona puede marcar la diferencia entre la muerte y una segunda oportunidad de vivir.
Michelle, que perdió dos hijos por sobredosis de heroína, encontró a su hija Breana desmayada en el piso del baño. Llamó a paramédicos, pero estos demoraron más de diez minutos. Para cuando llegaron, era demasiado tarde. Michelle cree que, si hubiera tenido naloxona disponible, habría podido salvar la vida de Breana.
Kendra era, en sus propias palabras “una persona totalmente adicta” a los 15 años de edad. La naloxona le salvó la vida después de una sobredosis, y ahora ha dejado de usar heroína, asiste a la escuela y está criando un hijo con su pareja. Kendra y Michelle trabajan como voluntarias en organizaciones locales que proveen naloxona a usuarios de drogas, junto con agujas limpias, información sobre atención médica, y pruebas de VIH y hepatitis C.
El informe documenta que existen numerosos obstáculos para acceder a naloxona, como la ausencia de leyes “del buen samaritano”; la existencia de leyes que prohíben o limitan el intercambio de jeringas y los programas de reducción de daños que ofrecen naloxona; y el hecho de que este medicamento se venda a precios elevados.
Las personas que presencian una sobredosis suelen ser renuentes a llamar al 911 por temor a ser procesadas penalmente por aplicación de las leyes estatales contra las drogas. Las leyes del “buen samaritano” protegen de la posibilidad de procesamiento penal a quienes llamen a servicios de emergencia para que acudan al lugar donde se ha producido una sobredosis. No obstante, 14 estados no cuentan con estas leyes, de manera que las personas que tienen intención de salvar una vida quedan expuestas al riesgo de ser detenidas.
Habitualmente, los primeros en responder a incidentes de sobredosis son policías, sobre todo en áreas rurales. En la actualidad, más de 1.200 departamentos de policía cuentan con naloxona, pero esto aún representa una pequeña fracción de las dependencias en EE. UU. Es necesario que las autoridades federales asuman el liderazgo para promover estrategias comprobadas en materia de salud pública ante la crisis de opioides. No obstante, las señales que envía el Departamento de Justicia respecto de su intención de endurecer la aplicación de las leyes sobre drogas y las sentencias vinculadas generan preocupación por la posibilidad de que los usuarios de drogas sean ocultados y alejados de servicios de salud y reducción de daños que podrían salvar sus vidas.
“Es necesario capacitar a más policías y darles los recursos para que puedan revertir las sobredosis con naloxona”, señaló McLemore, “pero si se vuelve a la ‘guerra contra las drogas’, el resultado serán menos llamadas al 911, y se perderán vidas”.
Un análisis de las leyes estatales sobre el acceso a naloxona y la sustitución de jeringas muestra el contraste entre estados como Carolina del Norte, donde el acceso amplio a naloxona ha dado como resultado 6.000 reversiones de sobredosis desde el año 2013, y Kansas, un estado que no cuenta con leyes del “buen samaritano” ni otras normas orientadas a aumentar el acceso a naloxona, y donde las leyes penales prohíben el intercambio de jeringas. Casi 1.000 personas murieron de sobredosis en Kansas entre 2013 y 2015.
Los intercambios de jeringas están expresamente autorizados en solo 21 estados y en el Distrito de Columbia. En otros estados, las leyes sobre materiales vinculados con el consumo de drogas y sobre tenencia de drogas limitan el funcionamiento del intercambio de jeringas, pese a que existe evidencia —recogida a lo largo de décadas— de que estos programas no aumentan el uso de drogas ni la tasa de delitos, sino que sirven como vías para orientar a las personas a tratamientos contra la drogodependencia y reducen la transmisión de VIH, hepatitis y otras enfermedades que se contagian a través de la sangre. En zonas rurales en estados como West Virginia, Tennessee y Kentucky, donde la crisis de los opioides es más aguda, se observa una particular escasez de puntos de intercambio de jeringas, que son uno de los principales lugares para la entrega de naloxona a usuarios de drogas.
Programas como IDEA Exchange de la Universidad de Miami en Miami, Florida, brindan una variedad de servicios de salud, derivaciones a tratamientos y exámenes de detección de enfermedades infecciosas. Entre 2013 y 2015, 8.336 habitantes de Florida murieron por sobredosis de drogas, y no parece que esta tendencia vaya a modificarse en el futuro.
En 2015, la tasa de muertes por sobredosis en Florida aumentó un 22 por ciento. Este incremento fue uno de los más marcados de todo el país. IDEA Exchange, cuya denominación se relaciona con la Ley de Eliminación de Enfermedades Infecciosas del estado (Infectious Disease Elimination Act), comenzó a funcionar en diciembre de 2016 y en pocos meses ha brindado servicios a más de 200 clientes; retiró 20.000 agujas usadas de las calles a cambio de agujas limpias; llevó a cabo casi 200 pruebas de VIH y hepatitis C; y conectó a más de 20 personas con programas de tratamiento por consumo de drogas. En marzo de este año, IDEA Exchange comenzó a distribuir naloxona. Aun así, es el único punto público de intercambio de jeringas del estado, dado que las leyes penales de Florida obstaculizan la ampliación de estos programas de fundamental importancia.
Los precios de la naloxona han aumentado notablemente en la última década, y esto ha supuesto otro obstáculo para que personas, agrupaciones comunitarias y organismos de salud pública y de aplicación de la ley distribuyan los medicamentos. La naloxona podía comprarse por menos de USD 1 en 2005, pero en la actualidad, su costo oscila entre USD 20 y USD 4.500, según la forma farmacéutica, la dosis y el fabricante.
La naloxona está cubierta por muchos planes de seguro, incluso por Medicaid, pero los expertos señalan que otorgarle la categoría “de venta libre” cambiaría completamente el escenario para las personas dependientes de opioides. En función de sus antecedentes comprobados de 30 años de seguridad y eficacia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. debería trabajar con los fabricantes de drogas para promover la transición y hacer que la naloxona se encuentre disponible en máquinas expendedoras, tiendas de autoservicio y lugares similares.
Mientras tanto, es esencial garantizar que la naloxona y los servicios de salud para los usuarios de drogas sigan recibiendo cobertura de seguro. Los esfuerzos por debilitar la Ley para la Atención de la Salud Asequible (Affordable Care Act) podrían frustrar esta meta, ya que, solo por efecto de la ampliación de Medicaid, 1,2 millones de personas en EE. UU. han accedido a tratamientos para tratar la drogodependencia.
“El gobierno de Trump y los gobiernos estatales pueden elegir entre ayudar a salvar vidas haciendo que la naloxona sea más accesible, o permitir que miles de personas más mueran innecesariamente mientras ellos son testigos”, señaló McLemore.
