El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano clausuró la Asamblea Nacional, la única instancia gubernamental clave que seguía siendo independiente del poder ejecutivo. Lo hizo mediante el absurdo anuncio de que el propio Tribunal asumiría todas las facultades legislativas o designaría a otra institución a la cual delegárselas. Este pronunciamiento marca el fin de la fachada democrática del gobierno de Maduro.
Este no fue un acontecimiento aislado que ocurrió de manera imprevista. A lo largo de los años, el gobierno de Maduro ha actuado de forma persistente y deliberada para lograr que se debilitaran los controles sobre su propio poder, mientras avasallaba los derechos fundamentales de los venezolanos.
Celebrar elecciones periódicas, libres y justas. El Consejo Nacional Electoral —conformado por mayoría de partidarios del gobierno— ha frenado deliberadamente un referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. No ha convocado a las elecciones locales y de gobernadores que, según lo estipulado en la Constitución, debían celebrarse en 2016.
Separación de poderes. No existen en Venezuela instituciones gubernamentales capaces de controlar al poder ejecutivo. El ex presidente Hugo Chávez copó con adeptos el Tribunal Supremo en 2004, y desde entonces tanto Chávez como Maduro siguieron designando a personas leales al gobierno en el tribunal, arrasando así con su función de garante de derechos. Desde que en 2015 los venezolanos eligieron a una amplia mayoría opositora en la Asamblea Nacional, el Presidente Maduro ha empleado al tribunal para impedir que los legisladores ejercieran sus funciones. Tras varios meses en los que el Tribunal anuló prácticamente todas las leyes que suponían una amenaza para los intereses del gobierno, declaró que la Asamblea Nacional no estaba acatando las resoluciones del Tribunal y asumió todas las funciones legislativas, clausurando así en la práctica al poder legislativo.
Represión de opositores políticos y críticos. El Foro Penal Venezolano, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a detenidos, ha contabilizado más de 100 presos políticos, incluido el líder de oposición Leopoldo López, que lleva encarcelado más de tres años. Algunos presos políticos fueron arrestados sobre la base de información proporcionada por “patriotas cooperantes”. El gobierno ha usado con frecuencia a sus servicios de inteligencia para detener y procesar penalmente a opositores políticos y críticos.
El Tribunal Supremo dispuso también que el apoyo de los legisladores opositores al debate en curso en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Venezuela podría constituir traición a la patria, y advirtió que los legisladores responsables no gozarían de inmunidad parlamentaria.
Respeto por la libertad de expresión. Son muy pocos los medios de comunicación independientes que todavía quedan en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido e interrogado a periodistas y confiscado sus equipos. Se ha impedido que periodistas internacionales ingresen al país para dar cobertura a la crisis, e incluso algunos fueron detenidos por hacerlo. También se ha sacado del aire a canales de noticias. El gobierno ha adoptado medidas para limitar el financiamiento internacional que pueden recibir las organizaciones sin fines de lucro cuyo trabajo es exponer los abusos, alegando sin fundamentos que desestabilizan la democracia venezolana. También se ha procesado penalmente a ciudadanos de pie que criticaron al gobierno. Los medios de comunicación han informado que cientos de personas fueron despedidas de empleos públicos por apoyar el referéndum revocatorio.
Respeto de otros derechos civiles y políticos. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han usado reiteradamente la fuerza excesiva contra transeúntes y manifestantes en protestas contra el gobierno. En algunos casos, han torturado a los detenidos. Una serie de redadas policiales y militares llevadas a cabo en 2015 en comunidades populares y de inmigrantes dieron origen a señalamientos de abusos generalizados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, deportaciones y desalojos arbitrarios, y demolición de viviendas.
Respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria. La severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos ha impedido que numerosos venezolanos puedan tener acceso a una nutrición y servicios de salud adecuados. El gobierno ha negado que exista una crisis, no ha adoptado medidas para mitigar la escasez y solamente ha realizado acciones limitadas para obtener asistencia internacional humanitaria, que podría estar disponible inmediatamente para ayudar a paliar la crisis.
Durante años, Venezuela ha sido administrada por un gobierno con un nefasto récord en materia de derechos humanos, que ha hecho uso de una enorme concentración de poder para erosionar progresivamente las garantías de derechos humanos y los controles a su propio poder. El último pronunciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión. Ante una situación que se parece cada vez más a una dictadura con todas sus letras, la comunidad internacional debería reaccionar con fuerza: ahora más que nunca es necesario que los líderes democráticos ejerzan con urgencia una presión multilateral firme y decisiva sobre el gobierno de Maduro.
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José Miguel Vivanco es Director para las Américas de Human Rights Watch.
