(Buenos Aires) – La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería presionar al gobierno de Maduro en Venezuela para que las autoridades dispongan la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos y procesados arbitrariamente y desistan de los cargos penales en su contra, señaló hoy Human Rights Watch. Además, la OEA debe exigirle a Venezuela que investigue las denuncias de que varios detenidos han sufrido golpizas y torturas mientras estuvieron bajo arresto, y dar a conocer al público los resultados de la investigación.
Desde mayo de 2016, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas argumentando que habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el gobierno. La mayoría de esas personas afirman haber sido torturadas o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia. En varios casos, aunque el Ministerio Público no presentó evidencias creíbles que vincularan a los acusados con delitos concretos, fueron imputados igualmente por la justicia. En algunas instancias, las pruebas consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos.
“El gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime la disidencia política”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que se ejerza una enérgica presión regional, el gobierno venezolano seguirá creyendo que puede continuar castigando brutal y autoritariamente la disidencia, sin que haya ningún tipo de consecuencias”.
De las 21 personas detenidas, todas menos dos han sido imputadas penalmente por delitos y nueve siguen detenidas.
En varios casos, los detenidos declararon ante la justicia que habían sufrido abusos físicos que podrían constituir tortura, incluidas violentas golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual o muerte. Los patrones de maltrato que describen son coincidentes con casos que Human Rights Watch ha documentado en los dos últimos años en Venezuela. Algunos detenidos señalaron que fueron torturados para obligarlos a confesar delitos, y que agentes del SEBIN grabaron estas confesiones forzadas.
Human Rights Watch llevó a cabo investigaciones en Venezuela durante junio de 2016 y entrevistó a familiares y abogados, así como a una de las personas detenidas, y consultó documentos clave en los expedientes judiciales de varios casos, incluidos registros policiales y el testimonio directo de 11 detenidos, además de declaraciones de funcionarios gubernamentales. Los 21 casos ocurrieron en Caracas y en los estados de Bolívar, Cojedes y Zulia.
La mayoría de los detenidos eran activistas que señalaron que solamente habían participado en protestas y actividades políticas, como pedir la liberación de presos políticos o apoyar el referéndum revocatorio sobre la presidencia de Nicolás Maduro. Las autoridades vincularon a 10 de esas personas con una manifestación contra el gobierno en la cual personas no identificadas habían atacado a policías. La fiscalía sostuvo que la mayoría fueron aprehendidas mientras perpetraban o preparaban actos de violencia, pero no aportó pruebas creíbles para justificar estos señalamientos. Algunas personas declararon que ni siquiera habían participado en la manifestación.
Diversos informes policiales y señalamientos de fiscales y jueces citan publicaciones políticas lícitas como prueba contra los detenidos, según consta en expedientes judiciales y en declaraciones de funcionarios públicos o partidarios del gobierno. Entre las publicaciones se incluyen volantes que pedían la liberación del líder opositor Leopoldo López y documentos para impulsar un referéndum revocatorio. Entre las pruebas contra algunos detenidos se incluyó una mochila con el logotipo del partido opositor Primero Justicia. Una de estas personas fue acusada sobre la base de información aportada por un “patriota cooperante” anónimo, a pesar de que el fiscal manifestó ante el tribunal que no sería procedente presentar cargos en ese caso.
Hubo funcionarios gubernamentales y políticos oficialistas que anunciaron las imputaciones contra muchos de estos detenidos antes de que la justicia las hubiera dado a conocer, dijo Human Rights Watch.
Los 19 detenidos que fueron finalmente llevados ante la justicia tuvieron la posibilidad de contactar a un abogado recién pocos minutos antes de la audiencia con el juez, lo cual en la mayoría de los casos sucedió después de transcurrido el plazo máximo legal de 48 horas establecido por el derecho venezolano, según dijeron familiares y abogados. Dos detenidos fueron liberados sin que se formularan cargos y nunca fueron llevados ante un juez. Uno de ellos declaró ante un fiscal que fue mantenido incomunicado durante cinco días en una sede del SEBIN en Caracas, donde sufrió graves abusos, y posteriormente fue liberado. El otro declaró en una presentación escrita ante un fiscal que lo liberaron tras ser obligado a firmar una hoja en blanco en una sede del SEBIN en el estado de Zulia.
Diez de estas personas fueron detenidas luego de una manifestación contra el gobierno, que tuvo lugar el 18 de mayo en Caracas. En una aparición televisiva posterior a esa manifestación, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Gustavo González López declaró que el gobierno había identificado a un grupo de personas responsables de acciones “desestabilizadoras” y violencia contra las fuerzas de seguridad.
Una de estas personas es el estudiante José Gregorio Hernández Carrasco, de 20 años, que había participado en la manifestación del 18 de mayo y fue detenido dos días después en su lugar de trabajo, según contó. Declaró que fue golpeado y torturado, hasta que aceptó firmar una confesión luego de que los agresores amenazaran con violarlo sexualmente. Las torturas incluyeron aplicarle descargas eléctricas, cubrirle la cabeza con una bolsa plástica para provocarle asfixia, y colocarle un palo en el recto y amenazar con violarlo. Hernández Carrasco permanece detenido y ha sido procesado penalmente, a pesar de que el Ministerio Público no aportó pruebas creíbles en su contra.
Desde febrero de 2014, las autoridades venezolanas han detenido, procesado y condenado arbitrariamente a líderes políticos de oposición, así como también a otros activistas menos prominentes. López y otras personas arrestadas arbitrariamente durante las protestas contra el gobierno en 2014 siguen detenidas o procesadas. Desde junio de 2016, el gobierno también habría despedido a decenas de trabajadores del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria en todo el país como represalia por apoyar el referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro. Cientos de personas más que apoyaron el referéndum habrían sido despedidas de otras oficinas públicas en circunstancias similares.
La falta de independencia judicial en Venezuela ha facilitado que ocurran este tipo de procesamientos y despidos arbitrarios, observó Human Rights Watch. Uno de los principios clave consagrados en la Carta Democrática Interamericana, adoptada hace 15 años por la OEA, es “la separación e independencia de los poderes públicos”. La Carta estipula que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender ese principio.
El Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó un informe exhaustivo el 30 de mayo, en el cual instó a que se aplique la Carta a Venezuela. El informe describe en detalle la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país.
El 23 de junio, el Consejo Permanente de la OEA se reunió para evaluar el informe de Almagro. Aunque Venezuela sostuvo que mantener un debate sobre el informe sería violatorio de su soberanía, la mayoría de los países miembros votaron a favor de avanzar en este sentido y evaluar el cumplimiento de la Carta por parte de Venezuela.
El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano declaró que el gobierno está a favor del “diálogo y la diplomacia de paz”, pero Maduro ha señalado que el diálogo con la oposición venezolana deber ser “incondicional”. La oposición ha manifestado que, como parte de cualquier diálogo, el gobierno debe liberar a los presos políticos y aceptar que se lleve a cabo el referéndum revocatorio durante 2016.
“Si Maduro pretende suspender el proceso de la Carta Democrática que ya se ha iniciado, deberá demostrar resultados concretos y que su gobierno está terminando con las prácticas abusivas”, destacó Vivanco. “Como parte de cualquier diálogo genuino, los Estados Miembros de la OEA deberían presionar a Venezuela para que desista de encarcelar a sus críticos y termine con la represión de la disidencia”.
Casos documentados por Human Rights Watch
Caracas, mayo de 2016
El 18 de mayo, grupos de oposición venezolanos organizaron manifestaciones a nivel nacional para exhortar al Consejo Nacional Electoral a que lleve adelante un referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro. Varios líderes de oposición ya habían presentado un pedido formal previamente ese mismo mes ante las autoridades electorales, a fin de que iniciaran el proceso de referéndum revocatorio. En la mañana del 18 de mayo, durante la manifestación en Plaza Venezuela, en Caracas, se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad.
Durante la noche, el Ministro de Interior y Justicia Gustavo González López señaló en declaraciones a la televisión pública que las autoridades habían detenido a siete personas “vinculadas a organizaciones violentas con fines políticos”. Declaró que eran responsables de incidentes violentos ocurridos previamente ese día en Caracas, incluidos ataques contra agentes de seguridad. Mostró diapositivas donde se veían imágenes de los siete detenidos y se indicaban sus nombres y su número de documento, bajo el título “Agenda violenta de la derecha”. Según dijo, una de estas personas había confesado que “un grupo de jóvenes recibieron financiamiento del jefe de seguridad de un diputado de la derecha de la Asamblea Nacional”. Otra persona fue detenida dos días después.
Posteriormente, esa misma noche, Diosdado Cabello, un poderoso político chavista que presidió en el pasado la Asamblea Nacional, manifestó durante su programa semanal en televisión que los detenidos habrían recibido dinero de Ángel Coromoto Rodríguez, de 62 años, que es jefe de seguridad del actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup. Cabello se refirió al jefe de seguridad por su segundo nombre, “Coromoto”, y dijo que los detenidos serían trasladados a una prisión de máxima seguridad en San Juan de los Morros, estado de Guárico. Una semana después, Cabello difundió una grabación de video durante su programa de televisión, en la cual se mostraba a uno de los detenidos cuando declaraba que Rodríguez le había pagado para participar en actos de violencia durante la manifestación del 18 de mayo en Caracas. Rodríguez fue detenido el 19 de mayo.
Todos los detenidos, salvo Rodríguez, afirmaron ante el juez haber recibido golpizas por parte agentes del SEBIN mientras estuvieron bajo custodia. Varios de ellos describieron violentas agresiones que podrían constituir tortura conforme al derecho internacional. Cuatro declararon ante un juez que agentes del SEBIN los golpearon para lograr que realizaran confesiones.
Salvo cuando se indica lo contrario, los relatos que se presentan a continuación están basados en los registros oficiales que surgen de su primera comparecencia ante la justicia.
José Gregorio Hernández Carrasco, un estudiante de 20 años que había participado en la manifestación del 18 de mayo, fue detenido dos días después en su lugar de trabajo, un banco de propiedad del Estado. Declaró ante la justicia que agentes del SEBIN se presentaron en su oficina, lo obligaron a presentar su renuncia y lo detuvieron. Afirmó que los agentes lo golpearon durante el trayecto a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, y una vez allí le arrojaron en la boca y los ojos un líquido que no pudo identificar.
Contó que lo golpearon nuevamente cuando les dijo que no pertenecía a ningún partido político, y cuando indicó que no conocía a varios jóvenes de quienes le mostraron fotografías. Según afirmó, los agentes le aplicaron descargas eléctricas y lo golpearon varias veces con un palo en el cuello y el rostro. Le colocaron un palo en el recto, amenazaron con violarlo de esta manera y le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica para provocarle asfixia. Indicó que le cubrieron el abdomen con un cojín y le advirtieron que no podría demostrar los abusos, ya que no quedarían marcas visibles.
Le dijeron que no lo violarían si aceptaba que lo grabaran mientras declaraba que había sido detenido por manifestarse en forma violenta el 18 de mayo, según indicó en su testimonio, y que el “guardaespaldas de Ramos Allup” le había pagado para que realizara actos violentos. Hernández Carrasco contó que confesó en la grabación “para que dejaran de pegarme y no me violaran con el palo”.
Daniel Eduardo Morales Hidalgo, un estudiante universitario de 18 años, dijo que fue detenido por agentes del SEBIN aproximadamente al mediodía en el día de la manifestación, mientras se dirigía a su casa tras salir de la universidad. La estación de metro que utiliza habitualmente Morales estaba cerrada debido a la protesta, según contó, y fue arrestado mientras pasaba caminando por la entrada de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Los agentes lo arrojaron al suelo, le propinaron golpes y puntapiés, le rociaron gas pimienta en la cara y lo llevaron dentro del edificio del SEBIN. Una vez allí, continuaron golpeándolo y lo obligaron a decir que alguien le había pagado 1.500 bolívares supuestamente para perpetrar actos de violencia durante la manifestación. Amenazaron con continuar golpeándolo si contaba que había sido maltratado.
Jeremy Antonio Bastardo Lugo, un estudiante de 18 años, participó en la manifestación del 18 de mayo. Contó que hombres vestidos de civil lo detuvieron durante la tarde, una vez que había concluido la manifestación, cerca de Plaza Altamira, a varios kilómetros del lugar donde se había llevado a cabo la protesta. Los hombres cubrieron la cabeza de Bastardo y lo llevaron a una sede del SEBIN, donde, según indicó, varios agentes lo habrían obligado a decir que había recibido dinero de dirigentes opositores, entre ellos Henrique Capriles Radonski y María Corina Machado, y que había cometido actos violentos durante la manifestación.
Los agentes lo golpearon, según dijo, y amenazaron con violarlo sexualmente con un palo y matarlo con un arma de fuego. Afirmó que los agentes también le aplicaron descargas eléctricas, lo golpearon con un bate en el pecho y amenazaron con abusar de su novia. Bastardo dijo que los agentes grabaron en video el momento en que, bajo coacción, decía que había participado en la manifestación con el propósito de desestabilizar al país.
Richard Rafael Rendon Macías, un guardia de seguridad privada de 33 años, señaló que fue detenido mientras estaba esperando a su esposa, que estaba buscando unos documentos en el departamento de una tía, cerca del lugar de la manifestación. Rendon dijo que se encontraba esperando en la casilla de seguridad que hay fuera del edificio, junto con otro hombre, cuando irrumpieron varios policías que perseguían a manifestantes y lo detuvieron. Los agentes del SEBIN presuntamente golpearon a Rendon, le cubrieron la cabeza y lo llevaron hasta la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, donde le habrían propinado golpes en la espalda y lo habrían pisoteado reiteradamente.
Luis Antonio Theis Camacho, un artista de 28 años, dijo que se estaba retirando de la manifestación cuando vio a dos personas mayores que habían sido golpeadas por cartuchos de gases lacrimógenos. Se detuvo un momento, y entonces fue interceptado por agentes del SEBIN. Lo llevaron a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, donde le aplicaron golpes en el cuello y la espalda, le dieron puntapiés en los testículos e intentaron asfixiarlo. Los agentes obligaron a Theis a grabar un video en el cual declaraba su supuesta responsabilidad por actos violentos durante la manifestación.
Deivis Gabriel Hernández, un indigente de 22 años que vive de las propinas que recibe por cuidar los automóviles que se aparcan delante de una tienda donde venden arepas cerca de Plaza Venezuela, señaló que se encontraba frente a una tienda de venta de comidas rápidas, cuando fue detenido por agentes del SEBIN. Golpearon a Hernández reiteradamente y le dijeron que era “inservible”.
Yeferson Araguache Valderama, un trabajador de la construcción de 25 años, contó que cuando salió del lugar donde trabaja no pudo tomar el metro en Plaza Venezuela porque la estación estaba cerrada debido a la manifestación. Fue detenido cerca de las 4 p.m. frente a un centro comercial en las proximidades. Los agentes del SEBIN le propinaron golpes, le preguntaron si pertenecía a algún partido político y le dijeron que estaba siendo detenido por haber golpeado a una policía. Afirmó que los agentes le fracturaron el brazo.
Ángel Coromoto Rodríguez, de 62 años, se desempeña como jefe de seguridad para el presidente de la Asamblea Nacional. Abogados que asistieron a la audiencia preliminar dijeron a Human Rights Watch que los agentes detuvieron a Rodríguez —sin mostrar una orden de detención— en una panadería en Parque Central. La causa penal en su contra se basa en un “informe de inteligencia” que contiene información aportada por un “patriota cooperante”, quien sostuvo que Rodríguez financiaba y proporcionaba asistencia logística a “grupos violentos”, que se hacían pasar por estudiantes durante la manifestación del 18 de mayo.
Edgardo Pérez (seudónimo), un estudiante de 17 años, se estaba dirigiendo a otra estación de metro debido a que la más cercana a la universidad a la cual asiste estaba cerrada, cuando fue detenido por agentes al pasar frente a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, según contó su abogada a Human Rights Watch. Lo golpearon y le dijeron “Si crees que por ser adolescente te vas a salvar, te equivocas”, refirió su abogada. La abogada afirmó que mostraron a Pérez una fotografía de Rodríguez, y le dijeron que lastimarían a su familia a menos que dijera que lo conocía. Pérez fue filmado admitiendo su participación en actos de violencia ocurridos durante la manifestación, y Cabello difundió por televisión la confesión el 25 de mayo. A pesar del requisito legal de que los menores de 18 años reciban una audiencia en un tribunal especial dentro de las 24 horas siguientes a su detención, Pérez no fue llevado ante un juez hasta el 20 de mayo, dos días después de la detención. Un fiscal lo acusó de daños a la propiedad pública, instigación pública a delinquir, tenencia de explosivos y agavillamiento, conforme indicó su abogado.
Un día antes de la audiencia preliminar, todos los detenidos, salvo Pérez y Rodríguez, fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad “26 de julio”, en San Juan de los Morros, estado de Guárico, tal como Cabello anticipó que sucedería. Ante la justicia, varios de los detenidos declararon que los guardias penitenciarios les cortaron el cabello y los obligaron a entonar cánticos incluyendo: “¡Chávez vive, la lucha sigue!”. Los guardias los habrían ubicado formando un círculo y luego arrojaron gases lacrimógenos al centro, además de obligarlos a hacer flexiones reiteradamente, comer arepas con moscas, y dormir en el piso mojado.
No se les permitió contactarse con familiares ni abogados hasta que fueron llevados ante un juez varios días después de ser detenidos. Luego de la primera confirmación oficial en televisión de que habían sido detenidos, durante varios días sus familias y abogados debieron desplazarse de una sede a otra del SEBIN, así como a bases de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana en las proximidades, en un intento infructuoso por averiguar dónde estaban retenidos. Los familiares nunca recibieron una confirmación oficial de que habían sido trasladados a la cárcel “26 de julio” el 22 de mayo. En el caso de Hernández Carrasco, según dijo su madre, los agentes del SEBIN entraron a la vivienda sin una orden de detención mientras ella había salido para intentar localizarlo, y dijeron a los vecinos que lo estaban buscando. Los agentes robaron alimentos, dinero en efectivo y artículos de primera necesidad, como jabones, champú y pasta dental, según contó.
El 23 de mayo, todos los detenidos fueron llevados ante una jueza. En la audiencia, que se suspendió durante la noche y concluyó el 24 de mayo, Morales, Theis, Rendon, Hernández y Araguache fueron acusados de instigación a delinquir, agavillamiento y daños violentos. Bastardo y Hernández Carrasco fueron acusados por los mismos delitos, y además por tentativa de homicidio agravado en grado de frustración y lesiones genéricas.
Si bien un fiscal había declarado inicialmente que no podía presentar cargos contra Rodríguez, la jueza confirmó los cargos contra él por instigación al odio, homicidio en grado de frustración y asociación. La jueza dictaminó que solamente dos de los acusados —Theis y Rendon— debían ser liberados en forma provisional, y que el resto debería permanecer en prisión preventiva mientras siguiera en curso la investigación, conforme consta en expedientes judiciales. Pérez ya había sido acusado formalmente el 20 de mayo, y fue liberado en ese momento en libertad condicional.
Human Rights Watch consultó parte de las pruebas recabadas por los fiscales contra ocho de los detenidos, así como un resumen de la prueba que se presentó durante la primera audiencia judicial para fundamentar los cargos. No se pudo acceder al expediente de Pérez debido a que es menor de edad.
Durante la audiencia del 23 de mayo, en la cual el Ministerio Público presentó brevemente las pruebas contra los detenidos, un fiscal señaló que no presentaría cargos contra Rodríguez debido a que su detención no se había efectuado con una orden judicial y no había sido detenido en flagrancia. El fiscal manifestó que la detención se había llevado a cabo a partir de información que un patriota cooperante anónimo había proporcionado a agentes del SEBIN, y que no era posible establecer su identidad ni “quién es responsable de lo que dice un patriota cooperante escondido detrás de un anonimato el cual está prohibido de conformidad con ... la Constitución Nacional”. La audiencia luego se suspendió hasta el otro día.
Al día siguiente, la jueza indicó que imputaría a Rodríguez, y anunció que el 18 de mayo había emitido una orden judicial para que fuera detenido, tras haber recibido una llamada de otro fiscal que pedía su detención. Según consta en el resumen judicial de la audiencia, el día anterior la jueza no había hecho mención alguna de la existencia de dicha orden, ni de un pedido en tal sentido.
El mismo fiscal que señaló que no presentaría cargos contra Rodríguez presentó las pruebas que tenía contra todos los demás detenidos. Según el resumen de la audiencia, sostuvo que los agentes del SEBIN aprehendieron a todos los detenidos mientras estaban cometiendo actos delictivos, y que “se logró la incautación” de elementos como “miguelitos” —objetos armados con clavos, que normalmente se utilizan para perforar los neumáticos de los vehículos— y resorteras, pero no aportó un relato individualizado de qué estaba haciendo concretamente o qué elemento tenía en su poder cada uno de los detenidos. Más allá de esto, el fiscal no mencionó ninguna otra prueba concreta y creíble al formular los cargos. Su versión fue además incongruente con el hecho de que Hernández Carrasco había sido detenido dos días después de las manifestaciones, en el lugar donde trabajaba.
El fiscal indicó que los agentes del SEBIN estaban realizando “labores de patrullaje” cuando encontraron a cada uno de los detenidos mientras causaban daños a propiedad privada, y procedieron a detenerlos. No especificó cuándo ni en qué circunstancias específicas fueron detenidos. Los objetos incautados “evidenci[aban]... que estos ciudadanos se encontraban con actitud violenta a fin de causarle daño a la colectividad”, según indicó el fiscal, pero no especificó cuántos de estos objetos se encontraron, ni cuáles de los detenidos supuestamente los llevaban.
El Ministerio Público también citó como evidencia un video de YouTube que había circulado en las redes sociales, donde se ven ataques violentos contra policías. En la audiencia, el fiscal sostuvo que Bastardo estaba en el video. No dijo lo mismo sobre Hernández Carrasco, sino que dijo que “posteriormente se logró [su] detención”. Sin embargo, imputó a ambos con homicidio en grado de frustración. El fiscal se refirió además a “entrevistas donde constatan el hecho que se evidenció en las redes sociales”, pero no especificó si estas eran las confesiones obtenidas mediante coacción que fueron grabadas en sedes del SEBIN, o entrevistas con otros testigos.
Los detenidos recién pudieron ver a sus familias luego del 19 de junio, casi un mes después de la detención, conforme indicó un abogado del Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que trabaja en la defensa de varias de estas personas.
Caracas, mayo de 2016 (II)
Aproximadamente a las 8 p.m. del 20 de mayo, cerca de 10 agentes del SEBIN detuvieron al estudiante Christian Agustín Manrique Habanero, de 21 años, mientras se dirigía a pie hasta la vivienda de su novia en Caracas, según indicó Manrique al Ministerio Público. Declaró que los agentes le apuntaron con un arma, le preguntaron cuál era su nombre y, luego de que se identificara, le cubrieron los ojos con un abrigo y lo obligaron a subir a un automóvil.
En la sede de SEBIN en Plaza Venezuela, los agentes golpearon a Manrique con un palo, lo obligaron a arrodillarse, le dieron golpes en la espalda y le rociaron gas pimienta en el rostro. Los agentes interrogaron a Manrique acerca de quién financiaba sus actividades, y si tenía nexos con Henry Ramos Allup. Le cubrieron la cabeza con una capucha de cuero y dieron vueltas por la ciudad en un vehículo, mientras le decían que lo matarían a él y a su familia, encarcelarían a su novia y le meterían “un palo por el culo”. Los agentes le colocaron un arma en la boca y activaron el gatillo, según dijo, pero el arma no estaba cargada.
Los familiares de Manrique se enteraron de que había sido detenido cuando el Ministro de Interior y Justicia González López envió un tuit a las 8:26 p.m., que decía “Seguimos identificando y en proceso de captura de autores materiales de acciones fascistas”. El tuit incluía una fotografía de Manrique con su nombre completo y número de documento, y con el mensaje “identificados y capturados”. Se acompañaba un enlace a un video, en el cual se acusaba a Manrique de participar en un ataque contra una agente de la Policía Nacional Bolivariana durante la manifestación del 18 de mayo. El video no muestra a Manrique atacando a la mujer policía. Se lo ve de pie junto a un periodista, presuntamente durante la manifestación, y más tarde al lado de Ramos Allup y de un joven. Luego se muestra al otro joven —en otra grabación distinta— cuando aparentemente participa en una agresión a una policía.
La madre de Manrique señaló que, durante la detención de su hijo, acudió varias veces a las sedes del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, pero que las autoridades no le confirmaron si su hijo estaba allí. Presentó un recurso de hábeas corpus el 23 de mayo, y el 24 de mayo pidió a la fiscalía que iniciara una investigación penal por la desaparición forzada de su hijo.
Manrique permaneció incomunicado en la sede del SEBIN en Caracas hasta el 25 de mayo, cuando fue liberado sin ser llevado ante un juez, dijo su abogado.
Estado de Zulia, mayo de 2016
Aproximadamente a las 3 p.m. del 4 de mayo, en Maracaibo, estado de Zulia, un grupo de agentes del SEBIN que llevaban el rostro cubierto —y no exhibieron una orden de detención— ingresaron en la vivienda del soldado Jesús David Chirinos Rodríguez, de 23 años. Los agentes despertaron a Marcos Chirinos, de 35 años, hermano de Jesús, le apuntaron con un arma, y obligaron a este y a sus hermanas y padres a salir de la casa, contó Marcos Chirinos. Poco después, los agentes llevaron a Jesús Chirinos afuera, lo golpearon y lo interrogaron sobre el paradero de una mujer llamada “Belén”.
La pareja de Jesús Chirinos, Belén Carolina Salas González, de 21 años, y su amiga Kristy Valentina Mavares Paredes, de 18, se escondían dentro de la vivienda. Los agentes las encontraron, detuvieron a Jesús Chirinos, su hermano Marcos y las dos mujeres, y los llevaron en un vehículo Jeep a la sede del SEBIN en Maracaibo, según se indica en el testimonio de algunos de los detenidos en el expediente judicial. Marcos Chirinos dijo que lo llevaron esposado, con la cabeza cubierta por una capucha sujetada al cuello con un plástico, y lo golpearon durante el trayecto.
En la sede del SEBIN, los agentes le preguntaron a qué partido político pertenecía, y sintió que aplicaban descargas eléctricas en las esposas. Un agente le preguntó si creía en la ideología del ex Presidente Hugo Chávez. “Esto es un problema político”, le dijo el agente, “…tienes que colaborar”. Los agentes sólo le permitieron irse luego de firmar una página que estaba totalmente en blanco, salvo por dos firmas de funcionarios gubernamentales. No fue acusado en ningún momento por ningún delito.
Los otros tres detenidos fueron presentados ante un juez el 6 de mayo, y acusados de “detentación de objetos incendiarios”. El tribunal dispuso que permanecieran en prisión preventiva.
Las acusaciones contra Jesús Chirinos, Salas y Mavares se basan en una investigación llevada a cabo por agentes del SEBIN para “descubrir, prevenir y neutralizar cualquier amenaza que atente contra los intereses supremos de la Nación”, conforme consta en actas policiales. El 3 de mayo, es decir, el día previo a las detenciones, el SEBIN había enviado a agentes a “realizar patrullaje preventivo con la finalidad de recabar información de relevancia vinculada con los actos de guarimbas”. El término guarimba ha sido empleado asiduamente por funcionarios y partidarios del gobierno, desde el comienzo de las manifestaciones masivas contra el gobierno en 2014, para referirse a barricadas opositoras en las cuales supuestamente ocurrieron incidentes violentos. La frecuencia de estas manifestaciones disminuyó significativamente tras la represión de manifestantes por el gobierno en 2014.
En Maracaibo, el SEBIN sostenía que los “actos desestabilizadores” eran “liderados por sectores adversos a las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional”, con el propósito de “alterar el orden constitucionalmente establecido”, conforme se consigna en los registros de investigaciones. En otro registro policial, se indica que Salas había participado en protestas violentas organizadas por la oposición venezolana y en incidentes de violencia que atentaron contra el orden público, y que tenía vínculos de amistad y familiares con dirigentes de partidos opositores.
Entre las evidencias que, conforme figura en los registros, los agentes habrían encontrado en la vivienda de los hermanos Chirinos, se incluyen 10 hojas para la promoción del referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro y una mochila con el logotipo del partido opositor Primero Justicia. Los registros también indican que los agentes encontraron botellas e ingredientes que podrían usarse para preparar cócteles Molotov y “miguelitos”, pero los cuatro detenidos afirman que estos elementos fueron colocados por el SEBIN en la casa para incriminarlos.
El 12 de mayo, González López dijo en televisión que los agentes habían “detecta[do] el desarrollo de un plan desestabilizador auspiciado por sectores de la derecha venezolana” y habían obtenido “pruebas contundentes” que implicaban a “dirigentes políticos de la derecha fascista venezolana”. Nombró a varias personas y mostró sus fotografías, incluidos Chirinos, Salas y Mavares. El ministro expresó que formaban “parte de una estructura de carácter violento con vinculaciones políticas y [que] han aportado información valiosa para la investigación”.
El 20 de junio, un fiscal acusó a Chirinos, Salas y Mavares de “detentación de objetos incendiarios”. Según información transmitida por el Foro Penal Venezolano a Human Rights Watch, el 18 de julio el tribunal dispuso la libertad condicional de las dos mujeres. Hasta el 19 de julio, la causa contra estas tres personas seguía abierta, y Chirinos continuaba en prisión preventiva.
Estado de Cojedes, junio de 2016
Aproximadamente a las 7 p.m. del 19 de junio, miembros de la Guardia Nacional interceptaron a los activistas del partido político Voluntad Popular Francisco Márquez, de 30 años, y Gabriel San Miguel, de 24, mientras se trasladaban en un automóvil en el estado de Cojedes. Se dirigían a un sitio donde tenían previsto coordinar la participación en la validación de firmas para el referéndum revocatorio en el estado de Portuguesa, conforme informó su abogado.
Los oficiales detuvieron a los hombres y los llevaron al destacamento N.º 321 de la Guardia Nacional en el estado de Cojedes, donde fueron interrogados por agentes del SEBIN sin que estuvieran presentes sus abogados. Se les permitió ver al abogado de Voluntad Popular tan solo cinco minutos durante la detención, en presencia de miembros de la Guardia Nacional, conforme refirió su abogado a Human Rights Watch.
El 21 de junio, la gobernadora de Cojedes Erika Farías declaró en Twitter que se había detenido a líderes de la oposición que llevaban “plata para pagar a tarifados que generan violencia y desestabilización”. Margaud Godoy, secretaria general del Gobierno para el estado de Cojedes, indicó que las autoridades confiscaron a los hombres dos cajas que contenían 2.990.000 de bolívares en efectivo (cerca de USD 3.000 al tipo de cambio extraoficial utilizado ampliamente), documentos con el logotipo de Voluntad Popular, volantes con una imagen de López que decían “Leopoldo #LibertadYa” y dos computadoras con “información clasificada sobre un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro”. La funcionaria señaló que David Smolansky, alcalde opositor de El Hatillo, en el estado de Miranda, y con quien trabajaban ambos detenidos, también estaba implicado en un “plan oscuro y putrefacto de la derecha venezolana”. El organismo a cargo de la seguridad ciudadana en ese estado indicó que los dos detenidos habían cometido delitos como legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y vandalismo.
Esa tarde, durante una emisión en radio y televisión que debieron transmitir en cadena todas las estaciones y canales, Maduro anunció que las autoridades habían detenido a líderes de oposición que tenían consigo millones de bolívares, y los acusó de pagar a grupos para generar violencia.
Durante la noche, Márquez y San Miguel fueron llevados ante un juez por cargos de legitimación de capitales e instigación pública a delinquir. El abogado indicó que pudo hablar con los detenidos y consultar el expediente judicial durante apenas unos pocos minutos antes de que comenzara la audiencia. El juez ratificó los cargos y dispuso la prisión preventiva en la cárcel de Tocuyito, en el estado de Carabobo, uno de los establecimientos penitenciarios más violentos del país.
Tras la audiencia, no se permitió que Márquez y San Miguel mantuvieran comunicación con sus abogados o familiares hasta el 28 de junio, fecha en que se reunieron con abogados durante menos de una hora y pudieron hablar por teléfono cinco minutos con sus familias. Al 19 de julio, continuaban en prisión preventiva.
Estado de Bolívar, julio de 2016
El 5 de julio, cinco estudiantes universitarios con participación activa en Voluntad Popular —Oswaldo Rodríguez, Peter Pérez, Carlos Briceño, Alvin Bridgewater y Sergio Morales— se reunieron en una panadería en Puerto Ordaz, estado de Bolívar, para organizar la distribución de volantes que pedían la liberación de presos políticos, entre ellos López.
Aproximadamente a las 5 p.m., un grupo de agentes del SEBIN vestidos de civil ingresaron en la tienda e indicaron a los estudiantes que les entregaran sus documentos y teléfonos celulares, según contó a Human Rights Watch una abogada del Foro Penal Venezolano que participa en su defensa. Aunque los estudiantes escaparon corriendo luego de entregar sus documentos y teléfonos, los agentes detuvieron a Rodríguez y lo llevaron a la sede del SEBIN en Puerto Ordaz. Los otros cuatro acudieron luego a la sede del SEBIN para buscar a Rodríguez. Cerca de las 9:30 p.m., un funcionario les indicó que debían ingresar para que les restituyeran sus documentos y teléfonos celulares, pero una vez adentro fueron detenidos.
Antes de que se divulgara ningún tipo de información sobre los motivos de la detención de los estudiantes, la legisladora oficialista Nancy Ascencio envió un tuit que indicaba que Rodríguez había sido detenido y lo calificaba de “guarimbero” —es decir, alguien que dirige una barricada opositora—, y señalaba que las autoridades habían confiscado cócteles Molotov.
No se permitió que los detenidos hablaran con sus abogados hasta el momento en que fueron llevados ante un juez, el 7 de julio. Un informe policial que pudo ser consultado ese día por los abogados de Rodríguez señalaba que este había sido arrestado en posesión de 9 cócteles Molotov, 58 miguelitos y un pasamontañas. En el informe se lo acusaba de organizar y promover “actos desestabilizadores” y de promover “el rompimiento del hilo constitucional en el estado”, afirmó la abogada.
En una audiencia que tuvo lugar el 8 de julio, el Ministerio Público acusó a Rodríguez de “detentación de objetos incendiarios”. Aunque la fiscalía manifestó que no acusaría a los otros cuatro estudiantes, la juez confirmó de todas maneras el mismo cargo contra los cinco. El 11 de julio, los cinco estudiantes fueron liberados en forma provisional, y se les indicó que debían presentarse ante el tribunal cada 15 días.
