(Nueva York) – La condena infundada del líder opositor Leopoldo López y tres estudiantes venezolanos, en relación con incidentes violentos ocurridos durante las protestas de 2014 en el país, muestra el deterioro extremo del estado de derecho en Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch. El juicio estuvo marcado por gravísimas violaciones del debido proceso, y no se aportaron pruebas que vinculen a los acusados con ningún delito.
El 10 de septiembre de 2015, la justicia condenó a López a 13 años, nueve meses, siete días y 12 horas en prisión por todos los cargos que presentó el Ministerio Público, incluyendo instigación pública y asociación para delinquir, por hechos ocurridos durante una manifestación que tuvo lugar en Caracas el 12 de febrero de 2014. Tres estudiantes cuyas causas se acumularon a la de López también fueron condenados. Dos fueron sentenciados a cuatro años y seis meses, y el tercero a más de diez años. López permanecerá detenido y los estudiantes seguirán en libertad condicional.
“Este caso es una farsa”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, y no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente”.
El Ministerio Público imputó a López inmediatamente después de la protesta del 12 de febrero, luego de que funcionarios gubernamentales señalaran que López había incitado hechos violentos en el marco de la protesta, incluidos ataques contra oficinas y vehículos gubernamentales. López se entregó el 18 de febrero de 2014, y desde entonces permanece detenido en la prisión militar de Ramo Verde.
La orden de aprehensión reconocía que López se retiró del lugar donde ocurrieron los ataques antes de que sucedieran, pero invocaba como prueba de su responsabilidad penal una serie de “pronunciamientos con mensajes subliminales” que había expresado a través de Twitter. No obstante, no especificó cómo este supuesto discurso “subliminal” o indirecto había provocado concretamente la comisión de delitos.
Human Rights Watch tuvo acceso al expediente del caso, y no encontró elementos de prueba aportados por la Fiscalía durante el juicio que permitieran justificar los cargos contra los acusados. El equipo de defensores de López dijo a Human Rights Watch que la jueza desestimó los argumentos que plantearon y no admitió ninguna de las pruebas ofrecidas, salvo el testimonio de dos testigos presentados por el Ministerio Público.
El derecho venezolano y los estándares internacionales de derechos humanos disponen que, salvo en circunstancias extraordinarias, los procesos penales deben ser públicos. Sin embargo, no se permitió que miembros del público —incluidos periodistas y observadores internacionales— estuvieran presentes durante todo el juicio.
Los tres estudiantes condenados —Christian Holdack, Demian Martin y Ángel González— fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad luego de la protesta del 12 de febrero de 2014. Los estudiantes dijeron a Human Rights Watch que fueron sometidos a abusos físicos durante su aprehensión y en la dependencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la zona, donde permanecieron incomunicados por 48 horas. Durante su detención, los estudiantes no tuvieron acceso a sus abogados y no se les permitió ver a sus familiares.
Posteriormente, fueron llevados ante un juez y acusados de varios delitos. La prueba aportada por el Ministerio Público en su contra incluía prendas de vestir que, según afirmaron los estudiantes, habían sido manchadas con gasolina por agentes de seguridad, y fotografías de personas no identificadas que participaron en incidentes con miembros de fuerzas de seguridad y que fueron colocadas junto a las fotografías tomadas a los estudiantes en la dependencia policial.
Un cuarto estudiante acusado en el caso, Marco Aurellio Coello, salió de Venezuela a principios de septiembre.
El poder judicial venezolano ha dejado de actuar como un poder independiente de gobierno desde que, en 2004, el entonces Presidente Hugo Chávez y sus partidarios realizaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado de forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y han emitido reiteradamente pronunciamientos a favor de este, avalando la indiferencia del gobierno por los derechos humanos.
La mayoría de los jueces venezolanos no gozan de estabilidad en sus cargos y pueden ser destituidos por medio de mecanismos que no respetan garantías básicas de debido proceso. Esto deja abierta la posibilidad de que sean destituidos como consecuencia de las decisiones que adopten, lo cual contradice estándares internacionales básicos de derechos humanos y socava gravemente la independencia judicial en el país, señaló Human Rights Watch.
“Hemos visto la violenta represión de manifestantes pacíficos el año pasado, la complicidad de fiscales que iniciaron causas penales contra las víctimas sin tomar en cuenta signos evidentes de que habían sufrido abusos, y ahora presenciamos la condena de tres estudiantes y un prominente político de oposición sobre la base de imputaciones absolutamente infundadas”, sostuvo Vivanco. “¿Qué más necesitan los gobiernos latinoamericanos para, de una vez por todas, exigir al gobierno de Maduro que cese la persecución de sus opositores y críticos?”
