(Buenos Aires) – La autoridad aduanera y tributaria de Venezuela habría despedido a decenas de trabajadores en todo el país, presuntamente en represalia por haber apoyado el referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro, señaló hoy Human Rights Watch. Cientos de otras personas que estaban a favor del referéndum habrían sido despedidas en circunstancias similares de otras oficinas públicas.
“Las autoridades venezolanas pretenden intimidar y castigar a los empleados públicos por ejercer sus derechos políticos básicos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno debería, en cambio, asegurar que los venezolanos que apoyan un referéndum revocatorio de la presidencia de Maduro puedan expresar y defender sus opiniones sin sufrir represalias”.
La Constitución venezolana permite celebrar un referéndum revocatorio cuando el presidente haya cumplido la mitad de su mandato de seis años. En el caso de Maduro, los plazos conforme a los procedimientos adoptados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2007 permitirían que el referéndum se lleve a cabo a fines de 2016. Si la votación se realiza en 2016 y Maduro pierde, deberían celebrarse nuevas elecciones presidenciales. Si se posterga hasta 2017 y Maduro pierde, asumiría el vicepresidente hasta la próxima elección regular.
En marzo, grupos de oposición pidieron al CNE que iniciara el proceso de referéndum revocatorio; sin embargo, el consejo ha procedido con sospechosa lentitud, incumpliendo plazos específicos estipulados en su propio reglamento.
Diosdado Cabello, poderoso político chavista que presidió la Asamblea Nacional hasta enero de 2016, dijo en mayo en la televisión pública que “si hay escuálidos infiltrados [en oficinas públicas] y quedan al descubierto, se van a tener que ir de los cargos donde están”. Escuálidos es un término peyorativo usado por partidarios del gobierno para referirse a los opositores políticos. En junio, Cabello instó a “todos y a todas en la gobernación, alcaldías [y] ministerios a revisar nombre por nombre [y] cargo por cargo” para identificar a quienes pretenden que Maduro deje el gobierno. Otros políticos oficialistas han amenazado con dar a conocer públicamente una lista de nombres de quienes firmaron la petición para que se realice el referéndum y manifestaron que quienes apoyan al gobierno “[n]o nos calamos más escuálidos en el gobierno revolucionario”.
A través de investigaciones realizadas en Venezuela en junio y entrevistas telefónicas durante julio, Human Rights Watch documentó el despido de 16 funcionarios de carrera del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en Caracas y en nueve estados —Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Guárico, Lara, Mérida, Táchira y Zulia— que habían firmado el referéndum revocatorio impulsado por la oposición. Estaba previsto que todos ratificaran sus firmas ante las autoridades electorales en la semana del 20 de junio.
Human Rights Watch revisó las cartas de despido enviadas a 14 de estos trabajadores. Todas estas cartas, que se emitieron el 20 de junio o en una fecha próxima, tienen idéntica redacción y no especifican las causas de los despidos.
Los 16 empleados públicos habían trabajado en el SENIAT durante más de una década, y ninguno había sido objeto de sanciones administrativas por su desempeño, según surge de las entrevistas y del análisis de los expedientes personales de varios de los empleados.
El derecho administrativo venezolano establece un procedimiento específico para despedir a trabajadores con cargos permanentes en el SENIAT. El procedimiento incluye iniciar una investigación administrativa y permitir que el trabajador presente una defensa. Aunque todos los trabajadores que entrevistó Human Rights Watch eran empleados permanentes, el SENIAT no cumplió con el proceso legal correspondiente en ninguno de los casos, afirmaron los trabajadores.
Mayela Rujano, empleada que integraba la planta permanente del SENIAT en el estado de Mérida desde hacía 23 años, fue despedida el 20 de junio. Rujano dijo a Human Rights Watch que, al entregarle la notificación de despido, su supervisor le dijo que esta era “una segunda lista Tascón”. En 2004, el legislador oficialista Luis Tascón publicó en Internet una lista de personas que habían firmado un pedido de referéndum durante la presidencia de Hugo Chávez, y esa lista luego fue usada por autoridades públicas para perseguir a opositores políticos. La evaluación de Rujano correspondiente a 2015 indica que su trabajo fue “extraordinario”.
Eva Elisa Belloso de Prieto, trabajadora permanente del SENIAT en el estado de Zulia durante 23 años, también fue despedida el 20 de junio. La evaluación de Belloso de 2015 indica que su desempeño “supera los parámetros de excelencia”, y debido a esto en septiembre recibió un reconocimiento especial.
Eleonora María Dappo Álvarez, empleada permanente del SENIAT en el estado de Lara durante 21 años, fue otra de las personas despedidas el 20 de junio. Dappo contó a Human Rights Watch que su jefe le había dicho que era una de las mejores empleadas de la oficina, pero que la decisión sobre el despido venía “de Caracas”. Dappo, que tiene una hija de 1 año, fue separada del cargo a pesar de las disposiciones legales que prohíben despedir a madres con hijos menores de 2 años.
Dos de los trabajadores entrevistados dijeron a Human Rights Watch que más de 80 empleados del SENIAT habrían sido despedidos en todo el país en circunstancias similares. Compartieron una lista con 35 nombres de trabajadores, su número de documento, fecha de nacimiento, cargo, los años de servicio en el SENIAT y sus datos de contacto. La mayoría de los trabajadores entrevistados por Human Rights Watch cuyos casos tienen características que coinciden con este patrón de despidos arbitrarios figuran en esa lista.
Los despidos recientes en Venezuela parecen haber sido una represalia evidente contra aquellos en favor del referéndum revocatorio. El derecho internacional garantiza el derecho de libertad de expresión y prohíbe a los gobiernos discriminar o tomar represalias contra personas debido a sus esfuerzos legítimos por ejercer tal derecho.
“Estos despidos no sólo tienen las características de un típico acto de represalia, sino además de un intento por intimidar a otros venezolanos que quieren apoyar el referéndum revocatorio”, expresó Vivanco.
