(Nueva York) – Países de todo el mundo están tomando medidas para proteger a los estudiantes, los profesores y las escuelas de las nocivas consecuencias que pueden resultar del uso de las escuelas para fines militares en contextos de conflicto armado, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 101 páginas, “Protecting Schools from Military Use: Law, Policy, and Military Doctrine” (“Protegiendo las escuelas del uso militar: derecho, política y doctrina militar”), contiene ejemplos de leyes y prácticas de 40 países, desde Afganistán a Yemen, instituyendo cierto nivel de protección para las escuelas y universidades contra el uso militar. Muchos de los ejemplos provienen de países que están o han estado recientemente involucrados en conflictos armados, una señal de que los gobiernos y las fuerzas armadas están reconociendo las consecuencias negativas del uso militar de las escuelas y han encontrado soluciones prácticas para disuadir dicho uso. Ejemplos de estas medidas se pueden encontrar en todo el mundo, en la legislación, las decisiones judiciales, las políticas militares y la doctrina. Los gobiernos deberían adoptar e implementar las protecciones para las escuelas, señaló Human Rights Watch.
“En la mayoría de los países en guerra, las escuelas han sido incorporadas al campo de batalla, y han convertido las aulas en bases militares, búnkeres y escondites para armas”, dijo Bede Sheppard, subdirector de derechos del niño de Human Rights Watch. “Sin embargo, cada vez más países se están comprometiendo a mantener el conflicto fuera de sus escuelas, y están proporcionando ejemplos de medidas para proteger las escuelas del uso militar”.
Los días 28 y 29 de marzo de 2017, Argentina será la sede de la Segunda Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, que reunirá a representantes gubernamentales de todo el mundo en Buenos Aires para discutir sobre el problema global de los ataques contra estudiantes, profesores y escuelas, y el tema relacionado del uso militar de las escuelas.
Human Rights Watch también ha revisado las diversas protecciones contra el uso militar de las escuelas en virtud del derecho y las normas internacionales, incluida la Declaración sobre Escuelas Seguras, adoptada en 2015. La Declaración sobre Escuelas Seguras es un compromiso político para que los países adopten ciertas medidas concretas para procurar la seguridad de estudiantes, profesores y escuelas en tiempos de conflicto armado, incluso aceptando abstenerse de utilizar las escuelas con fines militares.
La declaración fue redactada bajo el liderazgo de Noruega y Argentina en 2015. Hasta la fecha, ha sido respaldada por 59 países, y se espera que otros la ratifiquen durante la conferencia en Argentina.
Desde 2007, el uso militar de escuelas o universidades por las fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados no estatales ha sido documentado en al menos 29 países en conflicto armado o situación de inseguridad, según la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, de la cual Human Rights Watch es miembro. Ese número representa la mayoría de los países que han sufrido conflictos armados en los últimos 10 años.
Las escuelas y las universidades han sido parcial o totalmente ocupadas para convertirse en bases y cuarteles militares; utilizadas como centros de detención e interrogatorio; para entrenar a combatientes, y para almacenar u ocultar armas y municiones.
Desde 2009, Human Rights Watch ha investigado el uso militar de escuelas en Afganistán, Filipinas, India, Irak, Pakistán, Palestina, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Tailandia, Ucrania y Yemen.
El uso de escuelas para fines militares pone en peligro la seguridad de los estudiantes y los profesores, puede causar daños o destrucción en infraestructuras educativas importantes y puede interferir con el derecho de los estudiantes a la educación, señaló Human Rights Watch.
“Cuando los líderes del gobierno saben que pueden tomar medidas prácticas para mantener a los estudiantes seguros en un contexto de conflicto armado, deben sentirse moralmente obligados a adoptarlas”, dijo Sheppard. “Todos los países deberían respaldar la Declaración sobre Escuelas Seguras y reconocer que el uso militar de las escuelas es un problema global que necesita una atención y respuesta internacional”.
