Un refugio en el área de la Escuela Preparatoria Nacional de Sadanga, Provincia de la Montaña, utilizado por los soldados del 54 BI, Compañía Charlie, el 18 de noviembre de 2011..

© 2011 Jake Scobey-Thal/Human Rights Watch

(Nueva York) - Las Fuerzas Armadas de Filipinas deben poner fin a la utilización ilícita de las escuelas para fines militares, señaló Human Rights Watch hoy.

Durante una reciente investigación de ocho días en la Región Autónoma de la Cordillera, en el norte de la isla de Luzón, Human Rights Watch encontró cinco casos en los que los militares, en violación a la legislación filipina e internacional, habían utilizado desde 2009 secciones de escuelas en funcionamiento como cuarteles o destacamentos militares. Este uso militar de las escuelas se prolongó durante períodos que van de tres meses a más de un año.

"El establecimiento de campamentos militares en las escuelas pone en riesgo tanto la seguridad de los niños como su educación", dijo Bede Sheppard, investigador de los derechos del niño de Human Rights Watch. "Las escuelas deben ser lugares para aprender y jugar sin temor alguno".

Human Rights Watch entrevistó a más de 20 directores, maestros y funcionarios gubernamentales en la Cordillera. Muchos expresaron su grave preocupación por la posibilidad de ataques a sus escuelas por grupos armados de oposición provocados por la presencia militar, como por la posibilidad de una conducta inapropiada por parte de soldados hacia los estudiantes. La región ha sido afectada por un conflicto armado de larga data entre el Gobierno de Filipinas y la insurgencia del grupo comunista Nuevo Ejército del Pueblo. Tanto las fuerzas gubernamentales como los rebeldes en el área han sido implicados en violaciones graves de las leyes de la guerra.

"La comunidad estaba preocupada de que algo podría pasar entre los dos grupos", dijo una profesora a Human Rights Watch, en referencia a las tropas gubernamentales, que previamente se encontraban en su escuela, y al Nuevo Ejército del Pueblo.

Un maestro de otra escuela usada recientemente por las tropas dijo: "Es una gran amenaza que permanezcan allí [los soldados]. Dejan las armas tiradas donde quiera y sabemos que los niños podrían ponerse a jugar con ellas".

Los educadores dijeron a Human Rights Watch que la presencia de tropas en sus escuelas distraía a los estudiantes de sus estudios y creaba un ambiente inadecuado para los niños al llevar armas, alcohol y pornografía a la escuela.

El Gobierno filipino prohibió el uso de escuelas con fines militares en 1992 en respuesta a los abusos bajo el gobierno de Ferdinand Marcos. Violaciones de la prohibición de utilizar escuelas como bases militares va en contra de las declaraciones del presidente Benigno Aquino III de que pondría fin a los abusos de los derechos humanos por las fuerzas armadas de Filipinas, dijo Human Rights Watch.

Las leyes de la guerra prohíben los ataques a escuelas a menos que sean utilizadas para fines militares, y limitan este uso a las partes de un conflicto. El uso prolongado de las escuelas con fines militares también puede violar el derecho de los estudiantes a la educación de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos.

"El presidente Aquino debe ordenar a las tropas salirse de las escuelas y permanecer fuera de ellas", dijo Sheppard.