(Beirut) – Las tropas del gobierno y otros grupos armados que se acuartelaron en escuelas de la capital de Yemen, Saná, durante las revueltas de 2011 y 2012 pusieron en riesgo a los estudiantes y socavaron su educación, Human Rights Watch señaló en un informe difundido hoy. La rebelión puso fin al régimen del presidente Ali Abdullah Saleh, luego de 33 años en el poder.

Yemen debe prohibir en forma expresa que tanto las fuerzas del gobierno como los grupos armados externos al Estado ocupen escuelas con fines militares cuando esto ponga en riesgo a estudiantes, docentes o la educación de los niños, expresó Human Rights Watch.

El informe de 46 páginas, “Classrooms in the Crosshairs: Military Use of Schools in Yemen’s Capital” (“Aulas en la mira: Uso militar de escuelas en la capital de Yemen”), relata los pormenores de la ocupación de escuelas que llevaron a acabo las fuerzas de seguridad del gobierno, milicias y grupos armados de oposición, poniendo en riesgo la vida y la educación de decenas de miles de estudiantes. Todos estos bandos usaron escuelas como cuarteles, bases y puestos de control y de tiro. Las escuelas también sirvieron para que los soldados escondieran armas y municiones, detuvieran a prisioneros y, en algunos casos, aplicaran torturas o cometieran otros abusos dentro del perímetro o en los edificios de estos establecimientos.

Ya desde antes Yemen ostentaba los índices de alfabetismo más bajos del Medio Oriente, y se ubica entre los países con niveles de escolaridad más deficientes de todo el mundo. Hasta tanto el gobierno yemení prohíba la ocupación de escuelas por ejércitos y otros grupos armados cuando esto constituya una violación del derecho internacional, la vida de estudiantes, docentes y el personal de estos establecimientos continuará expuesta a un riesgo innecesario en zonas de conflicto de todo el país, advirtió Human Rights Watch.

“Los jóvenes tuvieron un rol clave en las revueltas que se produjeron en Yemen durante 2011, pero también sufrieron enormemente durante el conflicto”, manifestó Priyanka Motaparthy, investigadora sobre derechos del niño de Human Rights Watch y coautora del informe. “Cuando soldados y rebeldes se acuartelan en escuelas, los niños y su educación se ponen en peligro”.

En marzo de 2012, Human Rights Watch visitó 19 escuelas en Saná que habían sido ocupadas tanto por fuerzas del gobierno como de oposición, incluidos 7 planteles donde estos soldados aún se alojaban u operaban. Algunas fuerzas habían tomado completamente las escuelas, pero en la mayoría de los casos investigados ocuparon tan sólo parte de los establecimientos, mientras docentes y alumnos intentaban continuar las clases a poca distancia de donde se encontraban estos hombres armados.

Human Rights Watch entrevistó a más de 75 estudiantes, docentes, directores, personal administrativos y padres de alumnos de estas escuelas. Human Rights Watch también planteó el problema de la ocupación de escuelas durante reuniones mantenidas con funcionarios del gobierno y miembros tanto de grupos armados leales a Saleh como de oposición. Una visita posterior efectuada en julio de 2012 permitió comprobar que las fuerzas armadas se habían retirado de todas las escuelas, excepto una. A mediados de agosto, los hombres armados finalmente se retiraron del colegio Asma’a, un establecimiento de educación secundaria para señoritas cerca de la Plaza del Cambio, un predio utilizado de manera improvisada por los manifestantes para las protestas.

“Cuando [los soldados] torturaron a un anciano aquí, nos asustamos mucho”, dijo Ahlam, una estudiante de 13 años de la escuela para señoritas Asma’a, que fue ocupada por soldados rebeldes de la Primera División Blindada. “Lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas ahí nomás, en el patio de la escuela. Esto sucedió durante un recreo”.

Mientras los soldados de la Primera División Blindada, una unidad de elite que se desprendió del Ejército yemení en marzo de 2011 para apoyar a la oposición, ocuparon la mayoría de las escuelas visitadas por Human Rights Watch, los soldados del gobierno y las milicias tribales también usaron y ocuparon escuelas en Saná.

El derecho internacional humanitario, conocido también como el derecho de guerra, obliga a todas las partes en un conflicto armado a adoptar todas las medidas posibles para minimizar el daño causado a civiles. Las escuelas y otras estructuras civiles no pueden ser atacadas a menos que estén siendo usadas con fines militares. Permitir el ingreso de soldados a escuelas que están en funcionamiento expone a los estudiantes y a otros civiles a un riesgo innecesario de ataques. Una ocupación generalizada que no proporciona establecimientos educativos alternativos puede privar a los estudiantes de su derecho a la educación reconocido en las normas internacionales de derechos humanos.

Los grupos armados intentaron justificar la ocupación de escuelas en Saná señalando que lo hacían para “proteger” a los establecimientos de la acción de otras fuerzas. No obstante, las investigaciones de Human Rights Watch revelaron que sucedía exactamente lo contrario: cuando las tropas ingresaban a las escuelas, estas se convertían en objetivos militares de las fuerzas enemigas y se ponía en grave riesgo a estudiantes y docentes. En algunos casos, las fuerzas que habían tomado las escuelas eran atacadas mientras estaban allí presentes estudiantes y docentes. Los soldados también detuvieron y golpearon a prisioneros en los edificios escolares, a veces a la vista de maestros y alumnos.

“En el momento mismo en que un grupo de soldados ingresa a una escuela, esta se convierte en un objetivo militar y deja de ser un sitio seguro para los estudiantes”, indicó Motaparthy. “Los jefes de estas fuerzas que afirman estar protegiendo una escuela ignoran absolutamente el grave riesgo que esto supone para la vida de los estudiantes”.

Además de poner en riesgo a estudiantes y docentes, el uso militar de escuelas obstaculizó el acceso de los niños a una educación adecuada, manifestó Human Rights Watch. En las escuelas de Saná que fueron utilizadas por soldados del gobierno y grupos armados durante las revueltas, Human Rights Watch constató que existió una alteración del ciclo educativo, un menor nivel de matriculación, mayor ausentismo y daños en la infraestructura escolar.

Según Human Rights Watch, el uso militar de escuelas perjudicó especialmente la educación de las niñas. En Yemen, donde la sociedad es sumamente conservadora y existen altos niveles de segregación de género, la escolaridad de las niñas ya es inferior a la de los niños. Cuando los soldados ingresan a las escuelas, son las niñas quienes abandonan los estudios en una proporción significativamente superior o pierden una mayor parte del ciclo escolar, según señalaron diversos docentes y directores a Human Rights Watch. Dijeron que algunos padres preferían sacar a sus hijas de las escuelas antes que permitir que estudien junto a hombres armados o en aulas improvisadas donde debían mezclarse con estudiantes varones.

El uso de establecimientos educativos por las fuerzas armadas y grupos armados documentado por Human Rights Watch en Saná y anteriormente en la ciudad de Taizzforma parte de un patrón más general de ocupación de escuelas con fines militares que se manifiesta en todo el país. Los soldados han provocado daños en muchas de las escuelas donde ingresaron, y las fuerzas de oposición han disparado contra colegios o incluso han bombardeado sus instalaciones a raíz de la presencia de grupos armados en su interior, con el consiguiente riesgo para los estudiantes y el personal escolar.

Según UNICEF, el organismo de las Naciones Unidas para la infancia, las fuerzas armadas y los grupos armados han lanzado ataques contra al menos 82 escuelas en Saná y hasta noviembre de 2011 ocuparon al menos 54 establecimientos, poco antes de que Saleh firmara el acuerdo de traspaso de poder negociado por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Los rebeldes houthis en Sa’da, al norte del país, también han usado escuelas como bases.

Personas que huían de los enfrentamientos en la provincia sureña de Abyan dijeron a Human Rights Watch que combatientes vinculados con Al Qaeda utilizaban escuelas durante los conflictos con las fuerzas del gobierno. En junio,  la UNICEF informó que soldados de Ansar al-Sharia, una organización de la península de Arabia vinculada con Al Qaeda que opera en el sur de Yemen, ocuparon al menos 52 escuelas en Abyan, y que 26 fueron atacadas durante los combates.

Human Rights Watch instó a los donantes internacionales que financian proyectos de reconstrucción de escuelas, como el Banco Mundial, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (UK Department for International Development, DFID), Alemania y los Países Bajos, a presionar al gobierno para que prohíba expresamente cualquier uso militar de escuelas en el futuro que innecesariamente ponga en riesgo a estudiantes y docentes, y prive a los niños de su derecho a la educación.

“Ningún padre quiere enviar a su hijo o hija a una escuela donde hay soldados preparándose para combatir”, expresó Motaparthy. “Los donantes que invierten en educación deberían exigir al gobierno que tome todos los recaudos a su alcance para proteger a las escuelas y a sus estudiantes del conflicto armado”.

Relatos de estudiantes y docentes contenidos en el informe:
Shadi, un estudiante de 18 años que cursa el nivel 8 en la escuela Soqotra, que fue ocupada por una milicia tribal leal al gobierno, dijo al respecto: “Estábamos aterrorizados por los cuarteles militares, y los estudiantes no iban a la escuela porque temían que sucediera algo”.

Un docente de la escuela de señoritas Aisha, que fue ocupada por soldados de la Brigada 314.°de las Fuerzas Armadas, manifestó: “Algunos padres se quejaron... decían que no inscribirían a sus hijas porque es un asunto muy delicado que las niñas estén cerca de soldados. Pero después de que [los soldados] se fueron, todos vinieron y se inscribieron nuevamente en la escuela”.

Un docente en la escuela al-Ulafi, que a causa de la ocupación de algunas aulas por milicias tribales afines al gobierno debió hacinar a todos los estudiantes en las aulas restantes, dijo sobre esta situación: “Teníamos entre 80 y 90 niños en cada clase… Las calificaciones de los alumnos bajaron notablemente, y muchos no aprobaron”.