Bangladesh police stand guard in front of garment factories in Ashulia on December 26, 2016, when factories re-opened after a five-day shut down in response to garment workers’ wage strikes.

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(Nueva York) – Decenas de trabajadores y líderes sindicales del sector de indumentaria están enfrentando causas penales injustas o presuntamente inventadas en Bangladesh, luego de que en diciembre de 2016 participaran en huelgas en reclamo de mejores salarios, señaló hoy Human Rights Watch. Cada día, la policía de Bangladesh realiza nuevas detenciones arbitrarias, y nueve sindicalistas más fueron arrestados el 10 de febrero, lo que eleva el número de detenciones conocidas a 34.

Las autoridades de Bangladesh deberían disponer inmediatamente la liberación de quienes todavía estén detenidos y desistir de todos los cargos que respondan a motivaciones políticas.

Las marcas globales y los donantes que el 25 de febrero de 2017 asistirán a la Feria de Indumentaria de Dacca (Dhaka Apparel Summit), organizada por la asociación de exportadores de indumentaria del país, deberían exhortar al gobierno a terminar con todo tipo de persecución de dirigentes sindicales y a proteger la libertad de asociación de los trabajadores.

“Perseguir a activistas sindicales e intimidar a trabajadores, en vez de atender sus reclamos salariales, empaña la reputación de Bangladesh y contradice las afirmaciones del gobierno y del sector de que están comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores”, expresó Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. “Las marcas de indumentaria globales que compran productos a Bangladesh y los donantes deberían exigir al gobierno que deje de perseguir a los trabajadores y activistas de derechos laborales”.

Miles de trabajadores del sector de indumentaria fuera de Dacca, la capital de Bangladesh, llevaron a cabo huelgas en reclamo de mejoras salariales entre el 11 y el 19 de diciembre. Esas personas eran trabajadores de cerca de 20 fábricas que suministran mercadería a marcas globales y tienen sede en la zona industrial de Ashulia. Según datos aportados por organizaciones locales e información oficial, la gran mayoría trabajaba en fábricas sin sindicatos. Las federaciones sindicales nacionales niegan haber tenido alguna participación o conocimiento previo de estas huelgas. No obstante, las autoridades de Bangladesh usaron estas huelgas como excusa para detener a dirigentes de federaciones sindicales nacionales y activistas sindicales por haber “liderado” y “planificado” las huelgas.

Los trabajadores sostienen que las huelgas a menudo son la única forma de hacer sentir sus reclamos, en parte debido a que el gobierno y los empleadores locales toman represalias contra los dirigentes sindicales y los trabajadores que intentan sindicalizarse. Debido a esto, los trabajadores no pueden llevar a cabo negociaciones colectivas con los empleadores ni usar canales formales para que se atiendan sus reclamos.

Los trabajadores cerraron filas en reclamo de un aumento del salario mensual mínimo, de 5.300 takas (USD 67) a 15.000 (USD 187) o 16.000 (USD 200). En 2016, la Fair Labor Association determinó que el poder de compra del salario medio del trabajador de una fábrica de Bangladesh estaba por debajo de la línea de la pobreza establecida por el Banco Mundial. Tanto la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Indumentaria de Bangladesh (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, BGMEA) como el gobierno rechazaron la posibilidad de rever los salarios. La asociación de exportadores cerró cerca de 60 fábricas en Ashulia durante varios días y, mediante este cierre patronal, impidió que miles de trabajadores pudieran ingresar y puso fin a las huelgas.

A comienzos de enero de 2017, cerca de 20 marcas globales que se abastecen en Bangladesh, incluidas H&M, Inditex, Gap, C&A, Next y Primark, escribieron a la primera ministra Sheikh Hasina manifestando que estaban a favor de que se revisaran los salarios y expresando preocupación por la persecución de líderes sindicales y defensores de los trabajadores.

Las organizaciones de defensa de derechos tienen conocimiento de diez demandas penales que se presentaron en diciembre de 2016 contra cerca de 150 trabajadores identificados por nombre y más de 1.600 personas “desconocidas”, por distintos delitos cometidos durante las huelgas, incluida la destrucción de bienes en las fábricas. También se ha interrogado o detenido ahora a líderes y organizadores sindicales en relación con casos anteriores. Estas organizaciones tienen conocimiento de que se arrestó a 34 personas, mayormente sindicalistas. Además, un periodista del canal local de noticias ETV fue detenido por informar sobre las huelgas. Una nota periodística de principios de enero sugiere que las cifras son superiores, e indica que la policía detuvo al menos a 44 personas y estaba en el proceso de identificar a otros 159 presuntos implicados. La policía no ha proporcionado una lista completa de todas las personas arrestadas ni de dónde están siendo retenidas.

A partir de entrevistas con organizaciones de defensa de derechos, abogados y trabajadores, así como registros policiales, Human Rights Watch advirtió que las circunstancias de muchas de las detenciones efectuadas luego de las huelgas en Ashulia sugieren que no habría sospechas creíbles de delitos, sino que, con motivaciones políticas, se habría abusado del poder de policía para tomar represalias contra sindicalistas. Algunas de las tácticas de abuso policial tras las huelgas en Ashulia son idénticas a las aplicadas previamente por las autoridades en otros asuntos de derechos humanos, relacionados o no. Entre esas tácticas se incluyen:

 

  • Detenciones basadas en delitos que no están definidos con precisión o que fueron derogados, establecidos en las disposiciones draconianas de la Ley de Poderes Especiales de 1974;
  • El uso de acciones penales contra numerosas personas “desconocidas”, que permiten a la policía amenazar prácticamente a cualquier persona con la posibilidad de detención, arrestar reiteradamente a individuos aunque no sean los acusados identificados en las causas, e impedir la posibilidad de libertad bajo fianza;
  • El uso indebido de la potestad de “detención sin orden judicial”, que resulta violatorio de las directivas del Alto Tribunal de Bangladesh y que en la práctica convierte a la prisión preventiva en una forma de pena;
  • Violaciones de las garantías procesales establecidas para prevenir las confesiones forzadas mediante tortura, u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;
  • Amenazas policiales de asesinar a dos detenidos y luego afirmar que habían muerto por el “fuego cruzado” durante un enfrentamiento armado con la policía, y la amenaza de muerte a un funcionario de la Federación Sindical Independiente del Sector de Indumentaria de Bangladesh (Bangladesh Independent Garments Union Federation);
  • Hostigamiento e intimidación de activistas sindicales y trabajadores supuestamente en el marco de “investigaciones”;
  • La detención de un periodista invocando una norma imprecisa, el artículo 57 de la Ley de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de 2015.

 

Las autoridades de Bangladesh deberían desistir de estas causas penales y llevar ante la justicia a los policías responsables de desapariciones forzadas, torturas, amenazas de muerte u otras prácticas policiales abusivas luego de las huelgas en Ashulia, apuntó Human Rights Watch.

Según un informe de noticias, la Junta Nacional de Hacienda (National Revenue Board) también ha escrito a los bancos solicitando que proporcionen toda la información que tengan desde el 1 de julio de 2009 sobre las cuentas bancarias de seis sindicalistas y algunos de sus cónyuges.

“Las autoridades de Bangladesh parecen decididas a intimidar a líderes sindicales y trabajadores con la amenaza constante de detenciones arbitrarias para completar la cantidad ‘desconocida’ de supuestos agitadores”, destacó Robertson. “También se está manifestando un patrón similar de causas penales contra activistas de derechos luego de las huelgas de Ashulia”.

Según información aportada por trabajadores, organizaciones de derechos laborales locales y notas periodísticas, algunas fábricas en Ashulia también habrían tomado represalias contra cerca de 1.500 trabajadores, a quienes despidieron o suspendieron de manera indiscriminada.

Los donantes y las marcas que se abastecen en Bangladesh tienen la responsabilidad de respetar y proteger los derechos de los trabajadores, señaló Human Rights Watch. Deberían exigir el fin de todas las modalidades de hostigamiento contra líderes sindicales, trabajadores y periodistas, entre otras cosas, terminando con las causas penales inventadas.

Las marcas que compran productos a Bangladesh deberían celebrar acuerdos vinculantes con sindicatos locales e internacionales para proteger la libertad de asociación, basados en el modelo del Acuerdo de Bangladesh en Materia de Incendios y Seguridad Edilicia [Bangladesh Accord on Fire and Building Safety], un convenio ejecutable entre trabajadores y marcas que prevé un mecanismo de solución de controversias. Los compromisos voluntarios estipulados en los códigos de conducta de las marcas no son eficaces para contrarrestas las represalias contra sindicatos.

Mientras tanto, las marcas deberían asegurarse de que sus proveedores adopten planes de acción correctivos junto con representantes de los trabajadores, que contemplen la opción de reincorporar a trabajadores despedidos y suscribir acuerdos de negociación colectiva para resolver controversias salariales.