Doce madres y niños de Centroamérica, de entre los 121 detenidos en las redadas de inmigración el fin de semana de año nuevo en Georgia, Texas y Carolina del Norte, consiguieron el martes un alto de emergencia a sus deportaciones en base a los argumentos de los abogados de que se vieron privados de una oportunidad significativa para presentar sus solicitudes de asilo ante un tribunal de inmigración.

Todos los detenidos habían recibido una orden de deportación de un juez de inmigración. En un comunicado emitido el lunes, el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson aseguró que habían “agotados los remedios legales”, sugiriendo que sus órdenes de deportación llegaron después de haber tenido una oportunidad real y justa de presentar sus solicitudes de asilo. Sin embargo, los abogados que tuvieron acceso a algunas de las familias arrestadas a lo largo del fin de semana dijeron que aquellos con los que habían hablado no habían entendido el proceso legal, el fallo del juez de inmigración ni sus derechos de apelación.

Un cochecito de bebé dentro de una de las habitaciones del centro de detención de inmigración del Federal Law Enforcement Center (FLETC)  en Artesia, Nuevo México, el 26 de junio de 2014.

© 2014 AP Photo

Forma parte de las competencias del gobierno regular la migración y ejecutar órdenes de deportación emitidas de manera justa. Pero lo que sabemos sobre el sistema estadounidense de concesión de asilo que afrontan los centroamericanos plantea graves preocupaciones de que otros entre las 121 familias - y más que podrían ser detenidos en los próximos días - no tuvieron una oportunidad adecuada para buscar protección.

Las familias arrestadas forman parte de una población altamente vulnerable. Los homicidios en El Salvador se dispararon un 70 por ciento el año pasado, convirtiéndolo en un candidato a capital mundial del asesinato. Su vecina Honduras ha encabezado varios años la lista de países más violentos del mundo. La mayoría de las más de 100.000 familias que han cruzado la frontera suroeste con Estados Unidos en el último año vienen de esos países y de Guatemala, donde el desenfrenado crimen organizado y la violencia contra las mujeres ha empujado a huir a muchas de ellas.

Aunque se determinó que casi el 90 por ciento de estas familias que fueron detenidas a su llegada tenían argumentos razonables para temer regresar a su país de origen, uno de los requisitos para pedir asilo, sólo un porcentaje muy pequeño consiguió convencer a los tribunales de inmigración para que les permitieran quedarse. La mayoría de aquellos cuyos casos habían sido decididos – más del 70 por ciento según un estudio – no tuvo acceso a un abogado que les ayudara con sus solicitudes. El estudio reveló que las probabilidades de conseguir protección para las familias que tenían representación legal eran 20 veces mayores.

La ley estadounidense no garantiza un abogado para las personas que se enfrentan a la deportación, aunque una decisión de un tribunal de inmigración puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No está claro cuántos de los detenidos de la semana pasada recibieron asesoría legal adecuada y una oportunidad para presentar sus reclamaciones. Pero el gobierno ha dado prioridad a las audiencias de inmigración de familias centroamericanas en busca de asilo, en procesos que se han apodado “rocket dockets” y que ofrecen a las familias poco tiempo para encontrar ayuda legal o preparar sus casos.

Todo esto forma parte de políticas de crisis mal concebidas, que hemos documentado desde el verano de 2014, y que recurren a duras medidas, incluyendo la detención de niños pequeños, para disuadir a las personas que huyen de la persecución de cruzar la frontera para buscar protección en EE.UU.

Hay alternativas más humanas e inteligentes, como mejorar la accesibilidad del proceso de asilo; acabar con la detención de familias migrantes; abordar la falta de personal, las ineficiencias y las injusticias en los tribunales de inmigración; expandir la protección para incluir a las personas amenazadas pero que no cumplen los estrictos y limitados requisitos para el asilo, y, tal y como asegura el gobierno que empezará a hacer ahora, procurar un significativo procesamiento regional de refugiados para los centroamericanos fuera de sus países de origen.