(Brussels) – La respuesta a la crisis de refugiados acordada por los ministros de interior de la Unión Europea el 14 de septiembre de 2015 se orienta, mayormente, a trasladar la responsabilidad a países fuera de la UE, señaló hoy Human Rights Watch.
Los ministros no alcanzaron un consenso sobre una propuesta de distribución obligatoria de solicitantes de asilo ni otras medidas para proteger a estas personas dentro de la UE, y mantuvieron la postura de privilegiar los retornos sumarios y combatir las redes de contrabandistas. En vez de consensuar nuevas medidas concretas para compartir la responsabilidad por los refugiados, la reunión extraordinaria del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE que tuvo lugar el 14 de septiembre se enfocó en la asistencia a países fuera de la UE.
“De cara a la mayor crisis de refugiados que ha enfrentado Europa desde el colapso de Yugoslavia, el único punto en el cual consiguen ponerse de acuerdo los gobiernos de la UE es en traspasar la responsabilidad a países fuera de la Unión”, observó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Se supone que la UE cuenta con un Sistema Europeo Común de Asilo; sin embargo, los gobiernos de la UE ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre cómo repartir la responsabilidad para hacerse cargo de quienes necesitan ser acogidos como refugiados”.
Los ministros de interior no pudieron convenir una distribución obligatoria de solicitantes de asilo entre los países de la UE. Aprobaron formalmente un programa voluntario (que ya había sido previamente acordado) para reubicar a 40.000 solicitantes de asilo que están en Italia y Grecia durante los dos próximos años —si bien los compromisos están lejos de esta meta—, pero postergaron acciones concretas con respecto a un mecanismo obligatorio propuesto recientemente por la Comisión Europea para reubicar a otros 120.000 solicitantes de asilo que están en países de la UE con fuerte afluencia de personas. ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ha sugerido que 200.000 sería una cifra inicial más acorde con la realidad.
Un aspecto central del programa de reubicación aprobado es la creación de los denominados ‘hotspots’ (centros de recepción) en Italia y Grecia, en donde se efectuaría el registro de las personas y se tomarían sus huellas dactilares, y se determinaría quiénes son solicitantes de asilo y quiénes son inmigrantes indocumentados que podrían ser expulsados. Estos centros parecen haber sido diseñados como lugares de acogida hasta que se disponga la reubicación, y como centros de detención para quienes van a ser deportados.
Considerando el énfasis puesto en evitar el ulterior desplazamiento de solicitantes de asilo, preocupa la posibilidad de que los planes los ‘hotspots’ permitan que los solicitantes queden alcanzados por procedimientos de asilo acelerados o permanezcan detenidos durante meses, señaló Human Rights Watch. Los países de la UE tienen derecho a devolver a su país de origen a personas que no tengan pretensiones genuinas de protección, y adoptar medidas para asegurar su deportación, incluida la detención, siempre que existan garantías procesales adecuadas.
“En principio, la propuesta sobre los ‘hotspots’ podría ayudar a hacer frente a la situación, pero todo dependerá de las condiciones, el trato, los procedimientos aplicables y los compromisos en materia de reubicación”, opinó Sunderland. “De lo contrario, mantener detenidos a solicitantes de asilo hasta que algún gobierno de la UE acepte recibirlos podría conllevar la detención masiva de personas por largos períodos”.
Los ministros del interior también apoyaron un plan para confeccionar una lista europea de “países de origen seguros”, que abarcaría, como mínimo, a los Balcanes occidentales, incluidos Serbia, Bosnia-Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Albania y Montenegro. Turquía, cuya incorporación a la lista se debatió en un principio, finalmente no fue incluida. Esto implica que las solicitudes de asilo de ciudadanos de estos países tramitarían por mecanismos acelerados, en los cuales existiría la presunción de que no necesitan protección internacional. Lo que preocupa de esta postura es el riesgo de que los pedidos de asilo no se analicen detenidamente, y que se restrinja el derecho a apelar las decisiones, a causa de lo cual podría suceder que personas que efectivamente necesitan protección sean enviadas de regreso a contextos donde podrían sufrir torturas o amenazas a su vida o sus libertades, expresó Human Rights Watch.
Los ministros ratificaron acertadamente la necesidad de prestar mayor asistencia a la agencia de la ONU para los refugiados y a los países que limitan con Siria para mejorar las condiciones de acogida de refugiados sirios, que en su gran mayoría permanecen en la región. La acción de socorro de la ONU para los refugiados sirios en la región cuenta con fondos muy inferiores a los necesarios.
Los ministros acordaron incrementar la ayuda para sistemas de asilo y acogida en países fuera de la UE, como los Balcanes occidentales, Turquía y otras regiones afectadas. La finalidad sería brindar “perspectivas a largo plazo y procedimientos adecuados para los refugiados y sus familias hasta que el regreso a su país de origen sea posible”.
Reforzar las capacidades existentes es, sin duda, una medida valiosa. Sin embargo, hasta tanto los países de tránsito puedan evaluar los pedidos de asilo respetando los estándares y procedimientos de la UE, y ofrecer condiciones dignas de acogida y medidas de protección efectivas, la asistencia destinada al desarrollo de capacidades no debería ser usada como justificación para regresar a solicitantes de asilo en la UE a países de tránsito y limítrofes, opinó Human Rights Watch.
Los ministros de relaciones exteriores de la UE también anunciaron el 14 de septiembre que EUNavFor, la misión militar de la UE en el Mediterráneo, pasaría a la etapa 2 de sus operaciones a partir de mediados de octubre. Se autorizará a buques de la UE a subir a bordo de embarcaciones utilizadas por contrabandistas, confiscarlas y destruirlas. Deben tomarse todos los recaudos necesarios para asegurar que estas operaciones no pongan en riesgo la vida y la seguridad de los inmigrantes y solicitantes de asilo, observó Human Rights Watch.
Las reuniones se celebraron luego de que Alemania, Austria, Eslovaquia y los Países Bajos —todos países en el espacio Schengen de libre circulación— restablecieron los controles fronterizos en forma provisoria. Hungría estableció un nuevo régimen fronterizo que incluye un vallado en la frontera con Serbia, la criminalización del ingreso ilegal y la designación de Serbia —acordada previamente— como tercer país seguro, lo cual suscita el temor de que Hungría detenga y devuelva de manera sumaria a numerosos solicitantes de asilo e inmigrantes que ingresan al país desde Serbia. En Serbia, Human Rights Watch ha documentado abusos policiales contra inmigrantes y solicitantes de asilo, así como dificultades en el acceso a procedimientos de asilo. El derecho a controlar las fronteras debe ser ejercido de un modo que respete el derecho a solicitar asilo y proteja a solicitantes de asilo e inmigrantes de la posibilidad de violaciones de derechos humanos, explicó Human Rights Watch.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 430.000 solicitantes de asilo e inmigrantes llegaron a la UE en lo que va del año, y más de 2.700 habrían muerto o desaparecido en el intento. En la tragedia más reciente, 34 personas, incluidos 15 niños, murieron ahogadas cuando la embarcación de madera en la cual se trasladaban se hundió cerca de la isla griega de Farmakonisi, el 13 de septiembre.
