Durante su visita a Ecuador el mes pasado, el papa Francisco realizó un discurso sobre la protección del medioambiente, e instó al gobierno del Presidente Rafael Correa a “abrir espacios de diálogo” sobre cómo administrar los recursos naturales del país. El Parque Nacional Yasuní, con una extensión de 4.000 millas cuadradas, es una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta y también contiene vastas reservas petroleras aún no explotadas. Correa aseguró al Papa que compartía la preocupación del pontífice por los recursos naturales, pero ha adoptado medidas contundentes para limitar el debate público: ha acosado, intimidado y castigado a ambientalistas y líderes indígenas que se oponen a sus planes de ampliar la explotación de los recursos petroleros del Yasuní.
Cuando Correa asumió la presidencia en 2007, anunció que Ecuador prohibiría de forma permanente la extracción de petróleo en un “bloque” del Parque Nacional Yasuní conocido como Ishpingo-Tambococha-Tiputini, o bloque ITT, pero sólo si el resto del mundo contribuía a compensar las ganancias no obtenidas donando USD 3.600 millones (esta cifra representa aproximadamente la mitad de los ingresos que Ecuador podría obtener de los 800 millones de barriles de petróleo que habría en el ITT).
Fue una propuesta audaz —aunque controversial—, y permitió aumentar la conciencia en Ecuador y en el extranjero sobre el vulnerable estado de la Amazonía ecuatoriana. Pero la propuesta estuvo muy lejos de captar el apoyo internacional que Correa pretendía, y apenas se recaudaron cerca de USD 13 millones en donaciones. Y por ello, en agosto de 2013, Correa anunció de un momento a otro que abriría el bloque ITT para su exploración petrolera.
Numerosos ambientalistas de Ecuador —incluso muchos que poco antes simpatizaban con Correa— se movilizaron inmediatamente en defensa del parque. Bajo el nombre “Yasunidos”, organizaron manifestaciones públicas masivas y comenzaron a reunir firmas para pedir que la explotación petrolera se sometiera a una consulta popular.
El Presidente Correa estaba listo para enfrentarlos. En junio de 2013, dos meses antes de anunciar la decisión sobre la exploración en Yasuní, Correa había emitido un decreto ejecutivo que otorgó a su gobierno amplias facultades para controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) del país, incluida la potestad de disolverlas cuando considere que se han “desv[iado] de los fines y objetivos para los cuales fue[ron] constituida[s]” o “afecten la paz pública”.
Ese mismo mes, sus partidarios en el Congreso ecuatoriano habían aprobado una ley de comunicaciones que otorgó al gobierno atribuciones similarmente amplias para regular y censurar a medios de comunicación del país, incluida la posibilidad de sancionarlos cuando transmitan información que los funcionarios consideren incompleta, imprecisa o que menoscaba su reputación. Con independencia de si la cercanía temporal de estas leyes fue o no una coincidencia, estas medidas potenciaron significativamente la capacidad del gobierno de confrontar a quienes se oponían a que se extrajera petróleo en el parque.
En diciembre de 2013, el gobierno hizo uso del nuevo decreto sobre ONGs para cerrar una de las más importantes organizaciones ambientalistas del país, la Fundación Pachamama, que había tenido un rol activo en la campaña de Yasunidos y en otras acciones para preservar la Amazonía ecuatoriana. Para justificar su decisión, el gobierno se refirió a un incidente violento ocurrido varios días antes durante un acto al cual la organización había invitado a participar. Los manifestantes básicamente les gritaron a un empresario bielorruso y a un diplomático chileno, en el momento en que estos salían de una reunión con funcionarios gubernamentales sobre nuevos proyectos petroleros en la Amazonía. Un hombre indígena que estaba entre los manifestantes golpeó al diplomático con el extremo plano de su lanza.
Este acto aislado podría haber dado lugar a acciones penales contra ese manifestante. En vez de ello, tuvo como resultado la disolución de una prestigiosa ONG con una extensa trayectoria de defensa de comunidades indígenas y causas ambientales. Pachachama no obtuvo ningún preaviso, ninguna oportunidad genuina de cuestionar la decisión, ni otra alternativa que restituir los fondos que había recibido de donantes internacionales y dar por concluidas sus actividades.
En mayo de 2014, Yasunidos presentó una petición al Consejo Nacional Electoral (CNE) con 750.000 firmas, es decir, un 25 por ciento más de las exigidas por ley para convocar una consulta. El CNE rechazó la petición y adujo que más de la mitad de las firmas eran inválidas, por motivos que incluían desde firmas supuestamente duplicadas hasta el uso de hojas de papel distintas de las requeridas.
Cuando el periodista Gonzalo Rosero, durante su programa de radio, conjeturó que el verdadero motivo por el cual no se hacía el referendo nacional era porque “Correa no quiso”, Fernando Alvarado, el ministro de comunicación, presentó una denuncia ante la Superintendencia de Información y Comunicación, un nuevo organismo creado por la ley de medios que podría obligar a la estación a retractarse o imponerle una onerosa multa si no lo hiciera.
Rosero tenía razones para sospechar del pronunciamiento del CNE sobre la validez de las firmas. Si bien el CNE es formalmente un organismo autónomo, su presidente, Domingo Paredes, un ex funcionario del gobierno de Correa, había criticado públicamente la campaña de Yasunidos antes de que se analizaran las firmas. Cuando Yasunidos cuestionó el pronunciamiento del CNE, Paredes amenazó con ejercer acciones penales contra miembros de la organización, aseverando que habían incurrido en “calumnias” e “intent[ado] engañ[ar]” a las autoridades presentando firmas irregulares. Luego de que Yasunidos planteara una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando la decisión del CNE, Paredes advirtió que el gobierno iniciaría acciones legales contra la organización si esta continuaba su “ofensiva” contra el Estado.
En abril de 2014, Javier Ramírez, un activista ambiental de Intag, una zona rural en el norte de Ecuador, fue detenido mientras regresaba a su vivienda desde Quito, adonde había acudido tras ser invitado a reunirse con el ministro del interior para plantear las objeciones de su comunidad a un proyecto minero local. Varios días antes, algunos residentes de Intag habrían lanzado una piedra a un grupo de ingenieros que intentaban ingresar a la localidad. En el momento del incidente, Ramírez se encontraba en su vivienda recibiendo tratamiento médico por una lesión en la rodilla, según aseguraron diversos testigos, incluido el médico que lo atendió. Sin embargo, Ramírez fue acusado de participar en la agresión y se le imputó el delito de “rebelión”, que en la legislación ecuatoriana acarrea una pena más severa que el delito de lesiones simple. En febrero de 2015, luego de diez meses en prisión preventiva, Ramírez fue condenado por rebelión a 10 meses de prisión, tras lo cual fue liberado porque ya había cumplido la pena.
En las ocasiones en que los críticos de Correa han llevado sus reclamos a las calles, muchas veces se han enfrentado a violencia. En septiembre de 2014, miles de personas marcharon en Quito para cuestionar las políticas del gobierno sobre medioambiente, entre otros temas. La policía respondió a las protestas mayormente pacíficas con un uso brutal de la fuerza, y decenas de manifestantes sufrieron graves abusos físicos, como golpizas y descargas eléctricas. En la nueva ronda de manifestaciones que tuvieron lugar previamente este mes, hubo enfrentamientos entre la policía y una minoría de manifestantes, y miembros de la Policía emplearon fuerza indiscriminadamente, golpeando a manifestantes que, según múltiples testigos, no estaban armados ni eran violentos. En ambas oportunidades, Correa elogió públicamente la actuación policial.
Los multifacética campaña del gobierno contra el disenso no han conseguido acallar las críticas públicas a sus políticas ambientales, tanto en los medios de comunicación como en las calles. Pero sí ha tenido un fuerte impacto en la sociedad civil ecuatoriana. Activistas, líderes comunitarios y periodistas ponderan continuamente el riesgo de eventuales represalias por parte de un gobierno que se ha mostrado capaz y dispuesto a castigarlos por expresar sus posturas. Durante un programa en la televisión estatal en diciembre, el Vicepresidente Jorge Glas declaró a la destacada ambientalista Esperanza Martínez como ganadora de un “premio” por haber difundido la “mentira más mentirosa del año”. Martínez simplemente se había referido, durante una entrevista televisiva, a la investigación de un geógrafo italiano quien sostenía que una carretera que el gobierno estaba construyendo en el Yasuní podría tener un efecto ambiental negativo. En el contexto de la nueva ley de comunicaciones, que el Vicepresidente acusara a Martínez de mentirosa en la televisión pública sirvió para advertir a todos los medios de noticias que podrían recibir sanciones si difundían información con la que el gobierno estuviera en desacuerdo. Varios miembros de la sociedad civil dijeron a Human Rights Watch, la organización en la que trabajo, que ahora intentan evitar las protestas o moderan lo que dicen en público sobre las políticas presidenciales.
Está previsto que en los próximos años se inicie la explotación petrolera en el bloque ITT del Yasuní. Pero aún quedan muchos interrogantes sobre el impacto de estos proyectos en esta y otras regiones no exploradas de la Amazonía ecuatoriana. Las tácticas autoritarias del gobierno de Correa resultarían inaceptables en cualquier circunstancia, pero son particularmente preocupantes cuando limitan la posibilidad de mantener un diálogo abierto sobre un tema que —como el Papa y el propio Presidente Correa han señalado acertadamente— es trascendental para el futuro de la humanidad: cómo lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medioambiente global.
