El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (C) asiste a la primera sesión de su juicio en la Corte Suprema de Justicia en la Ciudad de Guatemala, 19 de marzo de 2013.

© 2013 Reuters

 

El mes pasado, comenzó en la Ciudad de Guatemala el juicio contra el ex caudillo guatemalteco Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio, en relación con la masacre de indígenas mayas durante su gobierno.

El juicio contra un ex dictador constituye un acontecimiento notable para un país donde las atrocidades del pasado tradicionalmente han quedado impunes. Y confirma además una tendencia alentadora en pos de juzgar a los responsables de los crímenes más aberrantes, independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido desde que se produjeron los hechos. Concretamente, Ríos Montt es el tercer ex dictador en menos de dos meses que resulta imputado por delitos cometidos en la década de 1980 o antes.

El 28 de febrero, el ex “presidente vitalicio” de Haití Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier fue interpelado por un tribunal de apelación con respecto a violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas mientras estuvo en el poder, entre 1971 y 1986. A su vez, el 8 de febrero, Senegal y la Unión Africana inauguraron salas especiales en el sistema de justicia de ese país, que se ocuparán de juzgar delitos cometidos entre 1982 y 1990, durante el régimen del ex dictador de Chad, Hissène Habré, actualmente en el exilio.

En todos estos casos, el cambio se logró en gran parte como resultado de la valentía y perseverancia de las víctimas, que nunca perdieron las esperanzas. Tuvimos oportunidad de conocer de cerca la tenacidad de las víctimas de Chad y Haití. Souleymane Guengueng, quien estuvo próximo a morir de dengue durante su encierro de dos años y medio en las cárceles de Habré y presenció la muerte de decenas de otros presos, juró que si salía de prisión con vida, lucharía por conseguir justicia. Cuando Habré fue derrocado y huyó a Senegal, Guengueng reunió a viudas de víctimas y sobrevivientes comprometidos, y se trasladó hasta Senegal para denunciarlo.

Si bien Habré fue procesado en 2000 por un juez senegalés, el ex presidente Abdoulaye Wade apeló a todos los pretextos imaginables para dilatar la consideración del caso, y provocó así que las víctimas tuvieran que superar toda clase de adversidades, una situación que el obispo Desmond Tutu describió como una “interminable telenovela política y jurídica”. Cuando las amenazas proferidas por secuaces de Habré en Chad obligaron a Guengueng a exiliarse, su abogada Jacqueline Moudeina continuó la lucha, a pesar de llevar incrustadas en la pierna las esquirlas de una granada que le fue lanzada en 2001 por órdenes de uno de los responsables de seguridad de Habré, quien había regresado a Chad como jefe de policía de la capital del país.

Cuando a poco del regreso inesperado de Duvalier a Haití a comienzos de 2011, tras 25 años en el exilio, el presidente Michel Martelly se refirió abiertamente a la posibilidad de otorgarle el perdón, la mayoría de las personas renunciaron a la esperanza de encontrar justicia en un país donde los ricos y poderosos han estado siempre por encima de la ley. Sin embargo, un grupo integrado apenas por unas pocas víctimas consiguió poner en marcha el sistema judicial a través de una serie de demandas que parecían directamente quijotescas. “Me niego a permitir que el miedo regrese a Haití”, explicó Michèle Montas, una ex periodista de radio que fue detenida ilegalmente y debió exiliarse. Boby Duval, quien presenció la muerte de 180 personas mientras permaneció recluido en una celda ínfima en la tristemente célebre prisión Fort Dimanche, y cuyas escuelas ahora educan y dan de comer a miles de niños haitianos pobres, dijo al respecto: “Tengo la obligación, frente a la juventud, de recordar lo que sucedió”.

Lo mismo puede decirse sobre Guatemala. Según Kate Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional, quien ayudó a las víctimas a preparar sus demandas, fue “la acción sostenida y perseverante de las comunidades mayas durante 30 años” lo que permitió que continuara la causa. En un país donde quienes exigen justicia por delitos cometidos con conocimiento del Estado en muchos casos también han sido asesinados, los testigos ofrecieron su testimonio cientos de veces y ayudaron a exhumar los cuerpos dejados en fosas comunes por soldados de Ríos Montt en sitios remotos.

Ciertamente, se necesita algo más que la determinación de las víctimas. El año pasado, la elección de un nuevo presidente senegalés, Macky Sall, y una orden vinculante emitida por la Corte Internacional de Justicia que exige a Senegal juzgar a Habré “sin más postergaciones”, lograron revertir el destino de la causa. En Haití, la justicia de apelación mostró un coraje inesperado y citó a Duvalier a comparecer. En Guatemala, la designación como Fiscal General de la valerosa Claudia Paz y Paz, con el apoyo de la comunidad internacional, fue la última pieza que permitió que avanzara la causa contra Ríos Montt. Este apoyo internacional continuará siendo indispensable durante el juicio.

Al concluir su testimonio contra Duvalier, Boby Duval me hizo la siguiente observación: “Todos decían que estaba perdiendo el tiempo, pero no fue así”. Se trata de un comentario muy similar al que expresó Souleymane Guengueng cuando Senegal conformó el tribunal para Habré: “Cuando comencé, 22 años atrás, todos pensaban que estaba loco. Pero les hemos demostrado que es posible conseguir justicia”.

Esperemos que las víctimas de Guatemala puedan decir lo mismo cuando concluya el juicio contra Ríos Montt.