(Nueva York) - Mientras las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana (UA) se disponen a desplegar en Darfur la misión de paz más grande de la historia, las fuerzas del gobierno sudanés, la milicia aliada Janjawid, tropas rebeldes y ex rebeldes tienen rienda suelta para atacar a civiles y trabajadores humanitarios en Darfur, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
La situación en Darfur ha evolucionado de un conflicto armado entre rebeldes y el gobierno a una lucha violenta por el poder y los recursos en la que participan fuerzas gubernamentales, la milicia Janjawid, los rebeldes, ex rebeldes y delincuentes. Pero estas complejidades no deben desviar la atención de la responsabilidad de Jartum por los ataques aéreos y terrestres indiscriminados, su complicidad en los ataques de los Janjawid contra civiles, por no exigir cuentas a los violadores de los derechos humanos y no querer establecer una fuerza policial que pueda proteger a los civiles.
"La nueva misión de paz en Darfur necesitará recursos y respaldo político para proteger a civiles", señaló Peter Takirambudde, director de África para Human Rights Watch. "Se deben imponer a Sudán sanciones específicas si obstruye el trabajo de las fuerzas de pacificación y permite ataques a civiles", agregó.
En el informe de 76 páginas, "Darfur 2007: Chaos by Design - Peacekeeping Challenges for AMIS and UNAMID" (Darfur 2007: Caos premeditado: Deasfíos de pacificación para las fuerzas de la AMIS y la UNAMID), se describe la situación actual de los derechos humanos en Darfur. Los recientes estudios de caso en toda la región demuestran que la proliferación de actores armados y la incapacidad del gobierno para imponer el estado de derecho - especialmente de la policía - están contribuyendo a los abusos.
Una vez que los civiles son desalojados de sus casas, se ven atrapados en campamentos para los desplazados internos. Si se atreven a salir para cultivar, recoger leña o regresar a sus casas, corren el riesgo de ser golpeados, violados, robados o asesinados - normalmente a manos de los Janjawid y ex rebeldes. Forasteros que ahora habitan sus tierras bloquean la posibilidad de una paz sostenible y de su regreso. Los combates entre tribus árabes han resultado en cientos de muertos y miles de desplazados.
En el informe se describen las maneras críticas en que la nueva misión de paz, la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID, por sus siglas en inglés), y la comunidad internacional deben mejorar la protección de los civiles y abordar las deficiencias que han obstaculizado a la misión actual de la Unión Africana en Sudán (AMIS, por sus siglas en inglés).
Human Rights Watch instó a las Naciones Unidas y a la Unión Africana a movilizar amplia- y estratégicamente a la UNAMID, y a otorgarle capacidades para responder rápidamente. La UNAMID tendrá que realizar periódicamente patrullajes diurnos y nocturnos (lo que incluye vigilancia durante la recogida de leña y los días de mercado), emplear unidades de vigilancia bien entrenadas y equipadas, y contar con funcionarios de derechos humanos que puedan informar públicamente sobre sus hallazgos (lo que incluye expertos en violencia sexual y de género, así como en los derechos del niño).
El despliegue completo de la UNAMID puede llevar muchos meses. Mientras tanto, se debe otorgar el apoyo prometido a la AMIS por la comunidad internacional. Las fuerzas de pacificación en Darfur deben reanudar inmediatamente las actividades de protección, como las patrullas de vigilancia durante la recogida de leña. Dichas patrullas pueden contribuir a evitar los abusos, pero en muchos lugares llevan más de un año suspendidas.
Human Rights Watch exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU, a la Unión Africana y a la comunidad internacional en general a que impongan sanciones específicas en contra del gobierno sudanés y de otras partes en conflicto si no cumplen con criterios fundamentales para mejorar la situación de los derechos humanos en Darfur.
En concreto, todas las partes en conflicto deben cesar los ataques contra civiles. El gobierno sudanés debe finalizar su uso ilegal de los colores y distintivos de la ONU y la AMIS en sus aeronaves. El gobierno también tiene que dejar de apoyar a las abusivas milicias Janjawid e iniciar programas para su desarme.
Jartum debe facilitar el despliegue rápido de la AMIS y la UNAMID, y todas las partes en conflicto deben asegurarse de que las fuerzas de pacificación puedan aplicar su mandato sin obstáculos. El gobierno, la milicia, los rebeldes y los ex rebeldes deben aumentar el acceso a la asistencia humanitaria, y el gobierno debe poner fin a la consolidación de la limpieza étnica con el uso y la ocupación de la tierra.
Finalmente, las autoridades sudanesas deben terminar con la impunidad mediante la cooperación plena con la Corte Penal Internacional (CPI), lo que incluye la ejecución de sus órdenes de arresto. Deben promover el rendimiento de cuentas a través de reformas legales y de otro tipo para fortalecer al sistema judicial de Sudán.
Sin embargo, a principios de septiembre, el gobierno sudanés cometió la audacia de nombrar a un sospechoso de crímenes internacionales de guerra al puesto de copresidente de un comité encargado de recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Darfur. Ahmed Haroun, quien también ejerce como ministro de asuntos humanitarios, es uno de los dos hombres sobre los que pesan órdenes de arresto de la CPI por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
"Personas refugiadas en campamentos por todo Darfur nos han dicho que no sienten que puedan regresar a casa con seguridad", señaló Takirambudde.
