(Washington D. C.) – El presidente de Perú, José María Balcázar, debería vetar un proyecto de ley que ampliaría el sistema de justicia militar, afirmó hoy Human Rights Watch. La ley abriría la puerta a la impunidad para los agentes de policía y los miembros de las fuerzas armadas responsables de violaciones de derechos humanos.
El 23 de junio de 2026, el Congreso aprobó una ley que modificaría el Código de Justicia Militar Policial, ampliando la definición de los “delitos de función”, que son competencia del sistema de justicia militar. Los tribunales militares carecen de la independencia y la imparcialidad necesarias para investigar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Los jueces y fiscales de tribunales militares son nombrados por el presidente y ostentan rango militar. Es muy probable que estos cambios beneficien, entre otros, a los oficiales de policía y militares responsables del asesinato de decenas de manifestantes y transeúntes que tuvo lugar durante las manifestaciones de finales de 2022 y principios de 2023 en el país.
“Este proyecto de ley es una receta para la impunidad”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Su promulgación sería un cheque en blanco para que los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas cometan nuevas violaciones de derechos humanos”.
Según la Constitución peruana, el presidente Balcázar tiene 15 días para decidir qué hacer con el proyecto de ley después de que el Congreso se lo envía para su firma. Este plazo vence el 17 de julio de 2026. Si Balcázar deja pasar los 15 días sin firmar ni vetar la ley, el Congreso podrá promulgarla. Si devuelve el proyecto de ley al Congreso, la legislación será considerada por el nuevo Congreso bicameral, que asumirá el 28 de julio y que necesitará una mayoría absoluta para aprobar la ley.
El proyecto de ley amplía la definición de “delito de función” para incluir cualquier delito cometido por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú “en el contexto de un estado de emergencia”.
La iniciativa llega en un momento en que las investigaciones sobre la muerte de 50 personas durante las protestas contra el gobierno entre diciembre de 2022 y principios de 2023 siguen sin ser resueltas. Una investigación de Human Rights Watch concluyó que, en el contexto de la declaración de estados de emergencia por parte del Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú fueron responsables de homicidios que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. Sin embargo, para mediados de 2026, ningún oficial había sido condenado por estos delitos. En enero de 2026, el equipo especializado del Ministerio Público que se ocupaba de estos casos fue disuelto.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos no deben ser juzgadas ante tribunales militares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”. Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó a Perú a no aprobar la ley, haciendo hincapié en que las presuntas violaciones de derechos humanos deben ser juzgadas por un “tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional”.
El proyecto de ley forma parte de un patrón más amplio de acciones del Congreso destinadas a blindar a los miembros de las fuerzas de seguridad frente a la rendición de cuentas. En agosto de 2024, el Congreso permitió que los soldados acusados de crímenes de lesa humanidad se beneficiaran de una prescripción que resulta inadecuada en el contexto de crímenes internacionales. En agosto de 2025, el Congreso también aprobó una ley que otorga amnistía a los miembros de las fuerzas armadas responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto armado (1980-2000). El nuevo proyecto de ley agravaría considerablemente este contexto generalizado de impunidad por los abusos del pasado, al proteger también a los oficiales de una rendición de cuentas efectiva por futuras violaciones.
La Junta Nacional de Justicia, organismo encargado de nombrar a jueces y fiscales, ha abierto investigaciones, en ocasiones a pedido de miembros del Congreso, contra jueces que han argumentado que las leyes de amnistía y prescripción van en contra de la Constitución peruana y se han negado a aplicarlas.
“Al crear un nuevo régimen de impunidad para las fuerzas de seguridad responsables de abusos, este proyecto de ley supondría un peligroso ataque al Estado de derecho en Perú”, afirmó Goebertus.
