Hace cinco años, el 11 de julio de 2021, Cuba vivió las mayores manifestaciones a nivel nacional desde la Revolución de 1959. Miles de personas salieron a las calles en medio de una grave escasez para exigir más derechos y libertades. El gobierno respondió con una ola de represión, profundizando décadas de restricciones a la disidencia. Las organizaciones de derechos humanos Justicia 11J y Prisoners Defenders estiman que alrededor de 800 presos políticos permanecen encarcelados, casi la mitad de ellos en relación con esas manifestaciones.
Human Rights Watch constató que los tribunales cubanos condenaron a muchos de ellos a pesar de que ejercían legítimamente su libertad de expresión y de asociación. A otros se les acusó de delitos violentos, como lanzar piedras, basándose en pruebas poco confiables o sin corroborar, y se les impusieron penas de prisión desproporcionadas. Human Rights Watch también habló con personas que, luego de salir de prisión, describieron graves abusos durante su detención, entre ellos golpes, aislamiento y falta de atención médica.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido cuando se dirigía a las manifestaciones y luego condenado a cinco años de prisión. Debió haber sido puesto en libertad el 9 de julio. En lugar de ello, las autoridades cubanas lo trasladaron a un lugar no revelado, donde, según su amiga, la activista y curadora Anamely Ramos, permanece bajo custodia mientras espera ser admitido en Estados Unidos en el marco del programa “Significant Public Benefit Parole”. Ramos afirmó que las acciones de las autoridades sugieren que están condicionando su liberación a que abandone el país. Ramos, quien habló con Otero por teléfono el 9 de julio, dijo que él no pudo decirle dónde se encontraba detenido.
Juan Enrique Pérez Sánchez se unió a las protestas de 2021 y está cumpliendo una condena de ocho años por “desacato, desórdenes públicos y sabotaje”. Los fiscales cubanos lo acusaron de arrojar piedras, basándose en “huellas de olor” que supuestamente se encontraron en las piedras. Expertos forenses del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura le dijeron a Human Rights Watch que dichos rastros “no deben considerarse como evidencia con base científica”.
Organizaciones cubanas de derechos humanos afirman que los guardias golpearon a Ibrahim Domínguez Aguilar después de que solicitara atención médica en 2024 y a Duannis Dabel León Taboada después de que protestara por la falta de atención médica para otros reclusos ese mismo año. La organización de derechos humanos Cubalex señaló que las autoridades siguen negándole a Lizandra Góngora Espinosa tratamiento para la anemia de células falciforme y un fibroma uterino que le causan dolor y sangrado. Los tres siguen en prisión.
Cinco años después, las protestas en Cuba continúan, aunque a menor escala. El sistema represivo no ha cambiado. El gobierno cubano debe liberar de inmediato e incondicionalmente a todos los presos políticos y poner fin a su represión sistemática a la crítica.
