- Los manifestantes detenidos por participar en las protestas pacíficas de julio de 2021 en Cuba han sufrido graves abusos en prisión, incluyendo golpizas, aislamiento y falta de atención médica.
- Aunque algunos fueron liberados, afirman estar bajo vigilancia constante. Cientos continúan en prisión. Las condiciones de vida que motivaron las protestas no han mejorado.
- Los gobiernos deberían condenar la detención arbitraria y el acoso hacia los manifestantes, expresar preocupación por la grave situación humanitaria del país y apoyar a las organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes en Cuba.
(Nueva York) - Los manifestantes detenidos por participar en las protestas mayoritariamente pacíficas de julio de 2021 en Cuba han sufrido graves abusos en prisión, señaló hoy Human Rights Watch. A pesar de un acuerdo alcanzado en enero de 2025 que condujo a la liberación de algunos de los detenidos, cientos permanecen en prisión.
Manifestantes que fueron liberados tras las negociaciones lideradas por el Vaticano en enero dijeron a Human Rights Watch que fueron golpeados y sometidos a régimen de aislamiento como forma de castigo. Describieron condiciones carcelarias insalubres y antihigiénicas, incluyendo acceso completamente inadecuado a alimentación y agua. Señalaron que permanecen bajo vigilancia constante y en condiciones estrictas, algunas de las cuales parecen haber sido impuestas de manera informal. Muchos temen ser enviados nuevamente a prisión y al menos tres de las personas liberadas han sido detenidas otra vez.
“Hace cuatro años, el gobierno cubano desató una estrategia represiva contra miles de cubanos que salieron pacíficamente a las calles para exigir derechos y libertades”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Hoy, cientos permanecen tras las rejas en condiciones deplorables”.
Entre marzo y mayo de 2025, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 17 personas que estuvieron detenidas en seis cárceles para hombres (Alto Río de Guanajay, Boniato, Cerámica Roja, Mar Verde, Valle Grande y Unidad 1580) y en las prisiones de Guamajal y Matanzas para mujeres. Varios entrevistados dijeron haber sido trasladados durante su detención a campamentos penitenciarios o a centros de menor seguridad. Las organizaciones independientes de derechos humanos Cubalex, Justicia 11J y Prisoners Defenders facilitaron el contacto con algunos de ellos. Debido al riesgo de sufrir represalias, Human Rights Watch se abstiene de revelar las identidades de la mayoría de los entrevistados.
Varias personas que estuvieron detenidas describieron haber sufrido abusos físicos por parte de los guardias penitenciarios. Señalaron que los guardias las golpeaban por gritar consignas contra el gobierno o protestar por las condiciones de detención. Muchas dijeron haber sido sometidas a posturas de estrés como “la bicicleta”, también conocida como “carretilla”, en la que los detenidos son obligados a correr, esposados, con los brazos levantados por encima de la cabeza.
Los entrevistados describieron consistentemente condiciones de hacinamiento en las celdas y un acceso limitado a alimentos y agua potable, tanto para los presos políticos como para los demás detenidos. “Si tu familia no te trae comida, te mueres de hambre”, nos dijo uno de ellos. “La comida que te dan es inhumana. Tenía gusanos”, relató otro.
Las personas que estuvieron detenidas describieron brotes de sarna, tuberculosis, dengue y Covid-19 que, según dijeron, no fueron atendidos. Afirmaron que los funcionarios penitenciarios ignoraban regularmente sus preocupaciones médicas y, en muchos casos, los castigaban por expresar preocupación por las condiciones insalubres o la escasez de alimentos. Quienes protestaban por estas condiciones relataron que con frecuencia eran enviados a celdas donde permanecían en régimen de aislamiento o les negaban las visitas, las llamadas telefónicas o el acceso a los paquetes que les enviaban sus familiares.
En enero de 2025, las autoridades cubanas anunciaron la liberación de 553 detenidos, tras negociaciones entre el gobierno cubano, el Vaticano y Estados Unidos. Organizaciones independientes de derechos humanos de Cuba, incluyendo Cubalex, Justicia 11J y Prisoners Defenders, estiman que aproximadamente 200 de las personas liberadas eran presos políticos, mientras que el resto eran personas privadas de la libertad por delitos comunes.
El día en que el gobierno cubano anunció la liberación de los detenidos, el gobierno del entonces presidente Joe Biden retiró a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, una designación que restringe la ayuda y el comercio con Estados Unidos. En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la lista.
Muchos de los manifestantes que fueron liberados dijeron que se les exigió aceptar trabajos asignados por el Estado, presentarse regularmente ante agentes de seguridad y solicitar permiso para salir de sus municipios. Varios también afirmaron que se les prohibió participar en manifestaciones públicas, vincularse con organizaciones de la oposición y publicar en redes sociales. Al menos en algunos casos, estas condiciones parecen haber sido impuestas de manera informal y arbitraria, ya que no figuran en una orden escrita ni en las condiciones de excarcelación impuestas por los tribunales.
Miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “seguridad del Estado”, han seguido en la calle a quienes fueron liberados y han acudido a sus domicilios, según nos dijeron los entrevistados, para amenazarlos y vigilarlos y entregarles citaciones escritas o verbales para que comparezcan ante los tribunales o estaciones de policía. “Aunque fui excarcelada, sigo estando presa”, dijo una de las entrevistadas. “Es como estar presa en la calle”.
En abril, las autoridades volvieron a detener a José Daniel Ferrer, líder del movimiento opositor Unión Patriótica Cubana (UNPACU), y a Félix Navarro, fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quienes habían sido liberados en enero. En mayo, las autoridades volvieron a detener a Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, después de que hiciera campaña en redes sociales por la liberación de su esposo. Su esposo continúa detenido por vínculos con las protestas de 2021.
Los cubanos siguen padeciendo una grave crisis económica y enfrentan una escasez aguda de alimentos y medicamentos, uno de los factores clave que los llevó a las calles en julio de 2021. Según una encuesta de 2024 realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a más de 1.100 personas, 7 de cada 10 cubanos se saltan una comida a diario y el 61 % tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Personas en todo el país también se enfrentan a apagones diarios de entre 4 y 20 horas.
Como consecuencia de la pobreza y la represión política, los cubanos han abandonado el país en masa. El 10 % de la población cubana (más de un millón de personas) abandonó la isla entre 2022 y 2023, según el director de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Informes independientes indican que la cifra total puede ser mucho mayor.
Los gobiernos de América Latina, Canadá y la Unión Europea deberían condenar las detenciones arbitrarias y el acoso del gobierno cubano a manifestantes, periodistas y activistas y expresar su preocupación por las violaciones de derechos humanos y la grave situación humanitaria en el país, señaló Human Rights Watch. Los gobiernos también deberían aumentar el apoyo a las organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes en Cuba.
Para obtener más detalles y testimonios de las víctimas, véase más abajo.
Human Rights Watch documentó una serie de abusos contra manifestantes y críticos que fueron detenidos en relación con las protestas del 11 de julio de 2021, incluyendo golpizas, aislamiento y malas condiciones de detención. Nuestros hallazgos se basan en documentación previa de Human Rights Watch sobre abusos contra quienes participaron en las protestas de julio de 2021, incluyendo violaciones del debido proceso, detenciones arbitrarias y malos tratos.
Abusos y malas condiciones de detención
Golpizas y posiciones de estrés
Varias personas que estuvieron detenidas dijeron a Human Rights Watch que los guardias las golpeaban y maltrataban si gritaban consignas contra el gobierno o se quejaban por las condiciones de detención. Señalaron que los guardias también golpeaban a quienes estaban detenidos por delitos comunes.
José Daniel Ferrer, líder del movimiento opositor Unión Patriótica Cubana (UNPACU), relató que, en noviembre de 2024, los guardias intentaron llevarlo a un hospital de la prisión de Boniato por una herida en el brazo. Cuando se negó a ir porque había oído que allí había un brote de tuberculosis, los guardias le dieron un puño en la cabeza y en el brazo herido. “Estuve sangrando todo el día por la herida”, aseguró. Ferrer dijo que lo obligaron a hacer la “bicicleta”, luego lo obligaron a subir a un carro y lo llevaron al hospital de la prisión de Boniato.
Ferrer también describió un incidente ocurrido en diciembre de 2022, cuando siete guardias lo golpearon por gritar “abajo [el presidente Miguel Díaz] Canel, abajo la tiranía” durante una visita familiar. Indicó que lo obligaron a hacer la “bicicleta”. Después, lo llevaron a una celda donde lo golpearon en las costillas, relató. “Estaba tirado en el piso, [un oficial de la prisión] me propinó una patada y me fracturó el tabique nasal, estaba sangrando de la nariz”.
Cinco personas que estuvieron detenidas en la prisión de Guanajay dijeron a Human Rights Watch que entre 30 y 40 guardias reprimieron violentamente una huelga de hambre de entre 15 y 20 detenidos en noviembre de 2021. Los entrevistados dijeron que, después de negarse a desayunar y almorzar, los guardias de la prisión ingresaron a sus celdas y los esposaron de manos y pies, los golpearon con tonfas y los arrastraron por la prisión.
Uno de ellos dijo que lo lanzaron por unas escaleras y lo llevaron a otra parte de la prisión, donde lo golpearon de nuevo. Después lo metieron en un camión, junto con otros detenidos, donde los guardias siguieron golpeando a dos de ellos. Más tarde, añadió, los guardias lo llevaron a la enfermería por una herida que le sangraba en la cabeza. Él mencionó que un médico le dijo que abandonara la huelga de hambre para evitar más golpizas. Otro entrevistado nos dijo que los guardias llevaron perros a su celda para intimidarlo y hacer que abandonara la huelga de hambre.
Una de las personas que estuvieron detenidas que dijo haber sido golpeada ese día dijo:
“Yo tengo en mi cuerpo marcas que son indelebles. Yo tengo mi tobillo lleno de hinchados por los tonfazos que me dieron. Tengo en los muslos marcas de tonfa. Todavía no sé qué me hicieron. Yo estuve que no podía moverme. Después de que me devolvieron para la celda, un compañero de celda me ayudaba a subirme y bajarme de la cama. Yo personalmente no podía hacer esas cosas”.
Los cinco entrevistados describieron las lesiones sufridas por otros manifestantes como consecuencia de las golpizas que recibían, incluyendo un hombre mayor al que, según dijeron, le dislocaron la cadera.
Detención en régimen de aislamiento
Muchos entrevistados nos describieron periodos prolongados de detención en régimen de aislamiento, que iban desde un día hasta nueve meses, en lo que denominaron “celdas de castigo”. Dijeron que los guardias los enviaban a estas celdas cuando se quejaban de las condiciones de detención o para impedir que organizaran protestas y huelgas de hambre. Ferrer dijo que pasó tres años y cuatro meses consecutivos en régimen de aislamiento. Otra persona que estuvo detenida en Guanajay relató que sus múltiples estancias en régimen de aislamiento sumaron un año y cuatro meses.
Uno de los exdetenidos en Guanajay dijo:
“Por cualquier tontería te mandaban 15 días [a la celda de castigo]. Las celdas eran pequeñas, con las puertas tapiadas. La puerta no tenía ventilación [en la parte delantera]. Son oscuras... Tienes que pedir agua”.
Un entrevistado que estuvo detenido en la misma prisión describió las golpizas que recibían en las celdas de aislamiento:
“A la mayoría de nosotros nos hicieron golpe. Cada vez que tenías cualquier problema o que te quejabas o algo, te mandaban para la celda de castigo y a esa misma gente te arrastraba y te caían a golpes”.
Otro exdetenido que estuvo en Boniato dijo que fue golpeado y puesto en régimen de aislamiento varias veces por hacer peticiones a los guardias. Recordó que en un incidente de 2022:
“Me bajaron esposado haciendo ‘la bicicleta’ y me dieron con una manguera en todo el cuerpo. Luego al estar en la celda, [el militar] me amenazó y me dio una bofeteada en la cara”.
Una mujer que estuvo detenida en la prisión de Matanzas describió un caso en el que otra mujer fue enviada a una “celda de castigo” por haberse autolesionado. Dijo: “Cuando ella se cortaba, en vez de atenderla, la enviaban a la celda de castigo”.
Acceso limitado a comida y agua y privación del sueño
Los entrevistados dijeron que durante la detención les daban alimentos completamente inadecuados o incomestibles. Varios señalaron que la comida tenía gusanos y a veces estaba en mal estado.
La mayoría dijo que recibía un pequeño trozo de pan con té u otra bebida por la mañana, croquetas con una pequeña cantidad de arroz y a veces un pequeño trozo de carne para el almuerzo y la cena. Uno de ellos nos dijo que, cuando no quedaba pan, recibían dos cucharadas de harina para desayunar. Los entrevistados aseguraron que dependían de los paquetes de comida que les llevaban sus familiares. “Muchos presos que no tienen familia viven acostados en la cama, porque se desmayarían de hambre”, dijo otro de los entrevistados.
Las personas que estuvieron detenidas dijeron que el acceso al agua era limitado y que el agua disponible a menudo estaba visiblemente sucia, turbia, maloliente o contenía moscas o gusanos. Varias dijeron que dependían del agua embotellada que les llevaban sus familias. Ferrer dijo:
“Solo tenía dos litros de agua al día para todas mis necesidades. El agua tenía sedimentos, había larvas de mosquitos. Dejaba el agua un poco para ver el sedimento y el olor que tenía. Me traían agua según la intensidad de mi protesta”.
Una mujer que estuvo detenida en la prisión de Matanzas dijo:
“[Te bañabas] una sola vez al día. Una sola cubeta de agua es lo que te dan, y no te puedo hablar de un agua potable. Era un agua que cuando tú terminabas de bañarte, al fondo lo que tenía era tierra. Para tomar era la misma. Casi todas las presas padecen de moniliasis porque el agua es pésima para bañarse, para asearse, para todo”.
En muchos centros de detención, los exdetenidos señalaron que los guardias nunca apagaban las luces, lo que les impedía dormir. Uno de ellos que estuvo detenido en Guanajay dijo:
“Las luces nunca se apagan. Los presos duermen con las luces encendidas. Yo tenía una lámpara LED blanca arriba de mis ojos. Las paredes estaban pintadas de blanco y eso te consumía”.
Otro exdetenido en la misma prisión dijo que si intentaban tapar la luz con “un trapo”, los guardias los obligaban a quitarlo.
Condiciones insalubres, brotes de enfermedades y falta de atención médica
Varios entrevistados describieron brotes de dengue, Covid-19, tuberculosis, varicela y sarna. Algunos aseguraron haber sufrido diarrea o disentería amebiana, que, según ellos, estaban relacionadas con el agua contaminada y las condiciones de hacinamiento.
Una persona que estuvo detenida en Guanajay dijo:
“Siempre hay brotes de enfermedades. Eso está lleno de mosquitos, lleno de chinchas. Cuando hay aguaceros fuertes y el manto freático se revuelca, todo el mundo coge mal de estómago. Nos exigían que las celdas estuvieran limpias y no eran capaces de darnos nada para limpiar”.
Una mujer que estuvo detenida en la prisión de Matanzas dijo:
“Los médicos que tenían que ir a hacer guardia por las noches, muchos no iban. En realidad, la enfermera era la que tenía que hacer todo el trabajo. Si tenías [tus medicamentos propios], te daba el medicamento, pero hasta ahí. Como no hay médico, no te atendían y ya”.
Varios entrevistados también señalaron que sus necesidades médicas eran ignoradas regularmente y que no había medicamentos para su tratamiento. Uno de ellos, que estuvo detenido en Mar Verde, dijo:
“No hay asistencia médica porque no hay medicinas, no hay medicamentos. Era un solo baño para bañarse y uno solo para hacer las necesidades. Un solo baño para 50, 60 personas”.
Otro exdetenido que estuvo en Guanajay dijo:
“Dentro no hay nada, ni medicinas. Los pocos medicamentos que entran se desvían, desaparecen muy rápido. Entre los mismos médicos, supongo, entre los jefes de las prisiones, se lo llevan todo para venderlo. Si tenías dolor de cabeza, te decían: ‘Acuéstate, ponte un tapón en los oídos y olvídate que tienes dolor de cabeza y a ver si se te quita’. Esas eran las respuestas que te daba el personal médico”.
Vigilancia y condiciones estrictas tras la liberación
Como resultado de una negociación en la que participaron el Vaticano y el gobierno del entonces presidente Joe Biden, Cuba anunció en enero que “liberaría” a 553 personas que habían sido sancionadas por “delitos diversos”. Según organizaciones que monitorean la situación de derechos humanos en Cuba, aproximadamente 200 de las personas que las autoridades liberaron eran presos políticos; el resto, personas detenidas por delitos comunes.
Los 17 presos políticos entrevistados por Human Rights Watch dijeron que fueron liberados bajo estrictas condiciones, incluyendo varias o todas las siguientes: prohibición de vincularse a organizaciones de la oposición, aparecer en reuniones públicas o lugares concurridos, salir en la noche, criticar al gobierno o salir de su municipio sin permiso del tribunal municipal. A muchos se les exige presentarse periódicamente ante un juzgado o una estación de policía. La mayoría dijo que también se les exigió realizar trabajos asignados por el Estado, por ejemplo, en mantenimiento o limpieza.
Varias de las personas que estuvieron detenidas señalaron que las autoridades judiciales les comunicaron estas condiciones verbalmente, pero no por escrito. Cuatro documentos de libertad condicional revisados por Human Rights Watch no incluyen estas condiciones.
Varios de los entrevistados también dijeron que funcionarios vestidos de civil acuden periódicamente a sus domicilios y los siguen por la calle. “No se identifican como [agentes de la seguridad del Estado], pero sé que son ellos”, dijo uno de ellos. “Se acercan [a mí] y me dicen: ‘Oye, no vuelvas a hacerlo, mira lo que te ha pasado’”.
Uno de ellos describió la vigilancia a la que se enfrenta en San Antonio de los Baños tras su liberación:
“Cuando estoy sentado en la puerta, por ejemplo, en mis horas no laborables, [el hombre] pasa y me hace fotos. Es la misma persona que me han dicho que ha estado haciendo fotos alrededor de mi casa y pasa mucho por delante”.
Manifestantes y críticos que permanecen detenidos
Al menos tres de los presos políticos liberados en enero han vuelto a ser detenidos desde entonces, presuntamente por violar las condiciones de su excarcelación, y permanecen entre rejas:
- El 29 de abril, agentes de seguridad del Estado volvieron a detener a Ferrer, líder de la UNPACU. El Tribunal Supremo dijo que Ferrer no había asistido a dos audiencias judiciales obligatorias. El tribunal también mencionó su activismo y sus contactos con diplomáticos extranjeros, aunque afirma que no fueron relevantes para su decisión de detenerlo. En 2020, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró su detención como arbitraria y pidió a Cuba que lo liberara.
- El mismo día, agentes de la seguridad del Estado volvieron a detener a Félix Navarro, fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Según el Tribunal Supremo, Navarro salió varias veces de la provincia de Matanzas sin permiso. Navarro había sido condenado a nueve años por “desorden público”, “atentado” y “desacato” por su participación en las protestas de 2021.
- En junio, agentes de la seguridad del Estado volvieron a detener a Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación Yoruba Libre de Cuba. El tribunal provincial de Villa Clara publicó un mensaje en redes sociales en el que indicaba que se le había revocado la libertad por no asistir a las audiencias ante el tribunal. Pérez Paseiro había sido condenada a ocho años por “desorden público”, “atentado” y “desacato” por su participación en las protestas pacíficas de 2021. Tras su liberación en enero, Pérez Paseiro utilizó las redes sociales para pedir la liberación de su esposo, también detenido en relación con las protestas.
Según la organización de derechos humanos Prisoners Defenders, 420 personas detenidas en relación con las protestas de julio de 2021 siguen en prisión y 751 siguen cumpliendo algún tipo de condena. Human Rights Watch ha documentado que muchas fueron sometidas a procesos que violaban las garantías del debido proceso y condenadas por delitos definidos de manera excesivamente amplia, incluyendo “sedición” y “desorden público”, y que algunas fueron condenadas a penas de prisión desproporcionadas. Entre las personas que siguen detenidas en relación con las protestas de julio de 2021 se encuentran:
- Luis Manuel Otero Alcántara, artista que fue detenido tras publicar un video en el que decía que se uniría a las protestas de julio de 2021. Fue condenado a cinco años de prisión por “ultraje a los símbolos nacionales”, entre otros delitos. Está detenido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
- Ibrahím Domínguez Aguilar, rapero que fue detenido en julio de 2021 tras llamar a los cubanos a protestar contra el gobierno. Fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de “atentado” y “desorden público”. Actualmente se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba. Su familia y Prisoners Defenders han denunciado que ha recibido fuertes golpizas.
