Con motivo del Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental y el avance del proyecto de ley de reconciliación presupuestaria del Congreso, cientos de inmigrantes, miembros de la comunidad y aliados se reunieron en la capital del país el 20 de mayo para realizar una marcha pacífica desde la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta el Capitolio.
La manifestación se llevó a cabo para protestar contra la financiación prevista en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo matriz del ICE. Agentes de ICE han aterrorizado a las comunidades y han perjudicado la salud mental de muchas personas. Los 71.000 millones de dólares adicionales de financiación propuestos en el proyecto de ley no irían acompañados de ninguna de las medidas de supervisión y reformas vitales que Human Rights Watch y otras organizaciones han reclamado en varias ocasiones.
La detención abusiva de inmigrantes es profundamente perjudicial para la salud mental; bajo la actual administración, los casos bien documentados de negligencia médica y trato inhumano en los centros de detención, así como el desmantelamiento de los organismos de supervisión, solo ha empeorado la situación. Según la revista Journal of the American Medical Association, la tasa de mortalidad en los centros de detención de ICE en 2026 va camino de ser la más alta en 20 años – 18 personas ya han fallecido este año en detención, y 5 de esas muertes se han clasificado como aparentes suicidios.
Fuera de los centros de detención, el DHS somete a personas de todo el país a una angustia mental extrema. Los profesionales de salud en las comunidades de inmigrantes han descrito un notable aumento de la ansiedad, la depresión y los pensamientos suicidas entre los pacientes. Los niños, niñas y adolescentes de algunas comunidades tienen miedo de salir de sus casas y, si lo hacen, algunos temen volver a casa y encontrarse con que les han quitado a uno de sus padres. Algunas personas de color, incluidos ciudadanos estadounidenses, y sus familiares viven con el temor de que ellos o un ser querido sean objeto de las violentas prácticas de control migratorio del DHS.
Mientras tanto, la Ley “One Big, Beautiful Bill”, aprobada en julio de 2025, recortará más de un billón de dólares de programas públicos esenciales para los derechos, incluidos Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en los próximos años, lo que pondrá a millones de personas en riesgo de perder el acceso a la atención de salud y de sufrir inseguridad alimentaria.
Al examinar el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, el Congreso debería dar prioridad a una supervisión significativa de las operaciones de control y los centros de detención, así como a medidas de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos, para evitar más muertes y daños a la salud mental.
