Impulsado por la abusiva agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump y tras la reciente aprobación por parte del Congreso de un presupuesto ampliado para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha comenzado a adquirir almacenes en todo el país para utilizarlos como centros de detención migratoria.
Uno de los desarrollos más alarmantes de esta iniciativa podría tener lugar en Surprise, Arizona, donde ICE ha adjudicado un contrato de 313 millones de dólares a GardaWorld Federal, la empresa privada que gestiona “Alligator Alcatraz” en Florida, para reconvertir y operar un centro de detención migratoria con capacidad para albergar hasta 1.500 personas. La instalación proyectada en Surprise tiene una superficie de 400.000 pies cuadrados, aproximadamente equivalente a siete campos de fútbol, y fue construida originalmente para uso industrial. Está previsto que el proyecto finalice en septiembre de 2026.
La ampliación de la detención migratoria por parte del gobierno de Estados Unidos, especialmente mediante la compra de almacenes que no fueron concebidos para alojar a personas, y mucho menos en condiciones dignas, plantea graves preocupaciones en materia de derechos humanos.
Estados Unidos tiene un preocupante historial de poner en peligro la vida de las personas migrantes bajo su custodia al recluirlas en instalaciones donde son frecuentes las enfermedades, la negligencia médica y los abusos físicos, incluidos campamentos de tiendas en bases militares y centros de detención conocidos por sus abusos sistemáticos en todo el país. Esto resulta aún más alarmante si se tiene en cuenta el elevado número de muertes bajo detención migratoria. El año pasado, al menos 32 personas murieron bajo custodia de ICE, y 2026 ya apunta a ser incluso peor, con 14 muertes registradas desde comienzos de año. A la luz de este historial, resulta difícil creer que el almacén de Surprise pueda transformarse en una instalación con condiciones dignas, seguras y compatibles con las obligaciones de derechos humanos de Estados Unidos.
El Ayuntamiento de Surprise, así como las autoridades de cualquier ciudad donde ICE haya adquirido almacenes, deberían impedir estos proyectos por todos los medios a su alcance en ausencia de garantías claras y firmes de que las instalaciones cumplirán los estándares básicos de trato humano que ICE ha incumplido reiteradamente.
