(Beirut) – La Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022, se disputará tras años de graves abusos contra el trabajo de los migrantes y los derechos humanos en Qatar, señaló hoy Human Rights Watch, que publicó una “Guía para reporteros” para apoyar a los periodistas que cubran la Copa Mundial de Qatar.
La guía de 42 páginas, “Qatar: Copa Mundial de la FIFA 2022 - Guía de derechos humanos para reporteros”, resume las preocupaciones de Human Rights Watch relacionadas con los preparativos y la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2022 por parte de Qatar y esboza problemas más amplios de protección de los derechos humanos en el país. La guía también describe las políticas de derechos humanos de la FIFA y cómo el organismo rector del fútbol mundial puede abordar con mayor eficacia las violaciones graves en Qatar y mitigar los daños.
“La Copa del Mundo atrae una inmensa atención de los medios de comunicación internacionales y de los aficionados, pero hay un lado oscuro del torneo que está eclipsando el fútbol”, dijo Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch. “El legado de la Copa Mundial de 2022 dependerá de si Qatar remedia con la FIFA las muertes y otros abusos que sufrieron los trabajadores migrantes que construyeron el torneo, aplica las recientes reformas laborales y protege los derechos humanos para todos en Qatar, no solo para los aficionados y futbolistas visitantes”.
Se espera que más de 1.2 millones de visitantes internacionales acudan a Qatar para ver el torneo entre 32 equipos, junto con muchos dirigentes gubernamentales y del fútbol mundial. Miles de periodistas cubrirán el evento que se celebra una vez cada cuatro años, y miles de millones de aficionados lo verán por televisión. Los socios y patrocinadores corporativos de la FIFA se beneficiarán económicamente y lo promocionarán ampliamente.
La FIFA concedió a Qatar la organización del Mundial en 2010, sin la debida diligencia en materia de derechos humanos y sin establecer condiciones sobre la protección de los trabajadores migrantes que serían necesarios para construir la enorme infraestructura. La FIFA tampoco examinó las preocupaciones sobre los derechos humanos de los periodistas, ni la discriminación sistémica a la que se enfrentan las mujeres, el colectivo LGBT y otras personas en Qatar. En 2017, la FIFA adoptó una Política de Derechos Humanos, comprometiéndose a tomar “medidas para promover la protección de los derechos humanos”, diciendo que “la FIFA tomará las medidas adecuadas para su protección, incluso utilizando su influencia con las autoridades pertinentes”.
Derechos de los trabajadores migrantes
La FIFA debería haber reconocido que, al carecer Qatar de la infraestructura necesaria para la Copa Mundial, se necesitarían millones de trabajadores migrantes para construirla y darle servicio. Esto incluía ocho estadios, una ampliación del aeropuerto, un nuevo metro, múltiples hoteles y otras infraestructuras clave, con un costo estimado de 220.000 millones de dólares.
La FIFA es responsable no solo de los trabajadores de los estadios, una minoría del total de la mano de obra inmigrante cuyos empleadores tienen que cumplir normas más estrictas en cuanto a las condiciones laborales, sino también de los trabajadores que construyen y prestan servicios en los proyectos de preparación y realización del torneo, incluyendo el transporte y el alojamiento, la seguridad, la limpieza y el paisajismo.
A pesar de las repetidas advertencias de los propios trabajadores y de numerosos grupos de la sociedad civil, la FIFA no impuso condiciones estrictas para proteger a los empleados y se convirtió en un facilitador complaciente de los abusos generalizados que sufrieron los trabajadores, incluidas tarifas de contratación ilegales, robo de salarios, lesiones y muertes, señaló Human Rights Watch.
La FIFA tiene la responsabilidad de identificar y remediar estos abusos de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que la FIFA adoptó en sus Estatutos en 2016 y su Política de Derechos Humanos, adoptada en 2017. La FIFA también cuenta con amplios recursos para remediarlo, ya que se espera que la Copa del Mundo de 2022 genere más de 6.000 millones de dólares en ingresos.
Las principales reformas laborales introducidas por las autoridades qataríes llegaron demasiado tarde o se aplicaron de forma demasiado débil para que muchos trabajadores se beneficiaran.
En mayo, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos, sindicatos y grupos de aficionados presionaron a la FIFA y a las autoridades qataríes en una Carta Abierta Conjunta y en una campaña para que ofrecieran una solución a los abusos sufridos por los trabajadores, incluyendo una compensación económica por el robo de salarios o las lesiones, y a las familias de los fallecidos.
Derechos de las mujeres
En un informe de 2021, Human Rights Watch documentó que las leyes, reglamentos y prácticas qataríes imponen normas de tutela masculina discriminatorias, que niegan a las mujeres el derecho a tomar decisiones clave sobre sus vidas. Las mujeres de Qatar deben obtener el permiso de sus tutores masculinos (miembros masculinos de la familia) para casarse, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, trabajar en muchos empleos públicos, viajar al extranjero hasta ciertas edades y recibir determinados cuidados de salud reproductiva.
El código penal de Qatar penaliza todas las formas de sexo fuera del matrimonio, con penas de hasta siete años de prisión. Si son musulmanas, también pueden ser condenadas a latigazos o a lapidación. Las mujeres han sido procesadas de forma desproporcionada, porque el embarazo sirve como prueba del supuesto delito, y denunciar una violación puede considerarse una confesión. La policía no suele tener en cuenta a las mujeres que denuncian este tipo de violencia, sino que cree en los hombres que afirman que fue consentido. Cualquier indicio de que la mujer conocía al hombre ha sido suficiente para procesar a la mujer.
También se exige a las mujeres que muestren un certificado de matrimonio para acceder a determinadas formas de atención a la salud sexual y reproductiva, incluidos los controles de infecciones de transmisión sexual y la profilaxis posterior a la exposición al VIH, y no tienen acceso a la anticoncepción de emergencia.
El 7 de noviembre, el Comité Supremo para la Organización y el Legado, organismo organizador de la Copa Mundial en Qatar, dijo a Human Rights Watch que proporcionará refugios y clínicas de apoyo psicológico, médico, forense y jurídico para las víctimas de abusos durante la Copa Mundial.
El 9 de noviembre, la FIFA dijo a Human Rights Watch que “la FIFA confía en que las mujeres tendrán pleno acceso a la atención médica, incluida cualquier atención relacionada con un posible embarazo, independientemente de las circunstancias y sin que se hagan preguntas sobre el estado civil”. La asociación también dijo que “la FIFA ha recibido la garantía de que las mujeres que denuncien una violación u otras formas de abuso no se enfrentarán a ninguna pregunta o acusación sobre posibles relaciones sexuales extramatrimoniales consentidas y no deben temer repercusiones de ningún tipo por este motivo”.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT)
El código penal de Qatar castiga las relaciones sexuales consentidas entre hombres mayores de 16 años con hasta 7 años de prisión (artículo 285). También establece penas de entre uno y tres años (artículo 296) para cualquier varón que “instigue” o “incite” a otro varón a “cometer un acto de sodomía o inmoralidad”. Se impone una pena de hasta 10 años (artículo 288) a quien mantenga relaciones sexuales consentidas, lo que podría aplicarse a las relaciones consentidas entre mujeres, hombres o parejas heterosexuales del mismo sexo.
En octubre, Human Rights Watch publicó las conclusiones de una investigación según la cual las fuerzas del Departamento de Seguridad Preventiva de Qatar, dependiente del Ministerio del Interior, habían detenido arbitrariamente a seis personas LGBT qataríes y las habían sometido a malos tratos, incluidas fuertes golpes y acoso sexual, durante su detención. Como requisito para su puesta en libertad, las fuerzas de seguridad ordenaron que las mujeres transgénero detenidas asistieran a sesiones de terapia de conversión en un centro de “atención sanitaria del comportamiento” patrocinado por el gobierno. Las personas LGBT entrevistadas afirmaron que los malos tratos se produjeron en septiembre, incluso cuando el gobierno fue objeto de un intenso escrutinio antes de la Copa Mundial por su trato a las personas LGBT. En noviembre, un embajador de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 describió la homosexualidad como una “desviación mental” en una entrevista televisiva.
Libertad de expresión y de prensa
El código penal qatarí tipifica como delito criticar al emir, insultar la bandera de Qatar, difamar la religión, incluida la blasfemia, e incitar “al derrocamiento del régimen”. La ley de delitos cibernéticos de Qatar de 2014 establece hasta 3 años de prisión y una multa de 500.000 riales qataríes (US$137.000) para quien sea condenado por difundir “noticias falsas” no definidas en Internet o por publicar contenidos en línea que “violen los valores o principios sociales” o “insulten o calumnien a otros”. Algunos periodistas internacionales han sido detenidos mientras trabajaban en Qatar, obligados a confesar, y su trabajo ha sido destruido.
“Qatar, la FIFA y los patrocinadores aún tienen la oportunidad de salvar el legado del torneo remediando a los abusos contra los derechos de los migrantes asociados a la Copa del Mundo y adoptando reformas para mejorar la protección de las mujeres, las personas LGBT y los migrantes, no solo durante la Copa del Mundo, sino también después”, afirmó Worden. “Los periodistas pueden ayudar a garantizar que estas cuestiones cruciales sean puestas en evidencia”.
