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Qatar: Empresa comete abusos salariales a poco del Mundial de Fútbol

Trabajadores migrantes sin salario por hasta cinco meses; fallas en los sistemas de protección

Doha Skyline, Qatar.  © 2018 Šarūnas Burdulis

(Beirut) - Los trabajadores migrantes de una destacada empresa comercial y de la construcción catarí no han recibido sus salarios por hasta cinco meses, señaló hoy Human Rights Watch. Los trabajadores de Bin Omran Trading and Contracting (BOTC), que cuenta con varios proyectos en curso relacionados con el Mundial de Fútbol 2022 organizado por la FIFA en Qatar, han presentado numerosas denuncias formales ante las autoridades cataríes sin efecto alguno.

La FIFA debe establecer de inmediato un sistema para investigar los abusos cometidos contra los trabajadores migrantes en Qatar que están haciendo posible la realización del Mundial de Fútbol, y ofrecer una indemnización a aquellos trabajadores que hayan sufrido la demora o retención de pagos salariales.

“Con solo nueve meses restantes para el Mundial de Fútbol 2022 de la FIFA, los trabajadores migrantes que posibilitan la realización de los partidos en condiciones difíciles y, en ocasiones, peligrosas enfrentan repetidas demoras o falta de pago”, señaló Michael Page, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch. “Si bien las autoridades cataríes realizan grandes inversiones en relaciones públicas para hacer notar las reformas laborales, rara vez destinan el dinero a quienes lo necesitan cuando se trata de los derechos de los trabajadores migrantes”.

Human Rights Watch habló con cuatro empleados de BOTC que no habían recibido su salario durante los cinco meses precedentes y que acumulaban importantes deudas por gastos de la vida cotidiana. BOTC, que se describe como una contratista de “Clase A” y pionera en su sector, tiene más de 6.700 empleados, según lo indicado en su sitio web.

Los empleados entrevistados señalaron que la cantidad total de trabajadores de BOTC disminuyó en los últimos meses, ya sea porque sus contratos finalizaron o se rescindieron, o debido a abusos salariales. Indicaron que los salarios de los trabajadores restantes se retrasaron hasta dos meses en algunos casos y cinco meses en otros, lo que indica un evidente incumplimiento de la legislación laboral de Qatar, que exige que los empleadores paguen los salarios en forma total y puntual. Los trabajadores manifestaron que los salarios demorados y la situación de incertidumbre les causaban un estrés profundo, ya que dependen de esos salarios para alimentar a sus familias y para asegurar la continuidad de la educación de sus hijos.

Human Rights Watch también revisó memorandos enviados por la gerencia de BOTC a los empleados, en los cuales les solicitaban que continúen trabajando a pesar de las demoras o la falta de pago de los salarios o que enfrenten mayores deducciones salariales. En virtud del Convenio 29 sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo se considera forzoso u obligatorio cuando las personas se ven obligadas a trabajar bajo amenaza de alguna sanción, que puede incluir la retención o la falta de pago de sus salarios. Dos empleados señalaron que, en respuesta a la falta de pago, desde comienzos de febrero, el personal en sus emplazamientos ha dejado de realizar tareas concretas, aunque continuaron presentándose allí para registrar su asistencia.

Estos abusos continúan a pesar de varias reformas introducidas por Qatar desde 2015 que, según el gobierno, mejorarían la protección salarial de los trabajadores migrantes. El Sistema de Protección Salarial (Wage Protection System, WPS) del gobierno, diseñado para que los trabajadores reciban sus salarios por transferencia bancaria directa a más tardar el séptimo día de cada mes, permite que el gobierno controle los pagos de salarios e imponga sanciones a los empleadores que no cumplan. El Fondo para el Seguro y el Respaldo de los Trabajadores, que entró en plena vigencia en 2020, se estableció específicamente para garantizar que los trabajadores reciban los salarios cuando las empresas dejen de pagar o cesen sus actividades comerciales.

Sin embargo, los salarios impagos en BOTC y otras empresas muestran que hay trabajadores vulnerables que caen fuera de la red del sistema. Tal como se documentó en una investigación previa de Human Rights Watch, el WPS es un sistema de monitoreo salarial con importantes fallas en su capacidad de supervisión. De manera similar, con respecto al Fondo para el Seguro y el Respaldo de los Trabajadores, un informe de Amnistía Internacional observó que el proceso de toma de decisiones es confuso, y no queda claro de qué manera y cuándo utilizan las autoridades el fondo para beneficiar a los trabajadores que se encuentran en problemas. Las reformas destinadas a proteger los salarios significan poco para los trabajadores migrantes si los empleadores tienen la posibilidad de retener, demorar y realizar deducciones de sus salarios en repetidas ocasiones y por períodos prolongados sin que haya consecuencias concretas.

El 8 de febrero, Human Rights Watch escribió a las autoridades cataríes informándoles que algunos trabajadores de BOTC no habían recibido sus salarios por hasta cinco meses y otros, por más de dos meses. En la comunicación se pedía una respuesta, pero no se ha recibido contestación. Los empleados de BOTC también señalaron que, en febrero, presentaron denuncias por la demora en el pago de sus salarios ante el Ministerio de Trabajo, el Tribunal Laboral, la policía catarí y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta el momento sin efecto alguno. Indicaron que la policía de Qatar les aseguró que se les pagaría a más tardar a fines de febrero. Sin embargo, un empleado de BOTC informó a Human Rights Watch que, al 3 de marzo, no habían cumplido con lo prometido y continuaban sin recibir los pagos.

Los empleados entrevistados señalaron que cientos de antiguos empleados de la empresa que ahora están trabajando para otras compañías o que regresaron a sus países de origen mencionaron que tienen salarios pendientes de pago y están esperando su liquidación final.

Según el sitio web de la empresa, sus proyectos en curso incluyen el estadio Al-Bayt en Al-Khor, que será sede de los partidos del Mundial de Fútbol, las calles que rodean el estadio y el proyecto de Autopista New Orbital, que conectará el centro de Doha con varios estadios, incluidos los de Al-Rayyan, Al-Khor y Lusail. El sitio web también indica que tres de los proyectos más grandes en curso tienen un valor impactante de QAR 1.400 millones (USD 384 millones), QAR 699,7 millones (USD 192 millones) y QAR 688,9 millones (USD 189 millones), respectivamente.

Human Rights Watch escribió a BOTC y a las autoridades cataríes el 8 de febrero de 2020 con respecto a señalamientos similares de salarios demorados o impagos, pero no recibió ninguna respuesta. Un empleado que sufrió repetidas demoras en el pago de sus salarios durante años señaló:

Entre 2018 y 2020, el pago de nuestros salarios se demoraba de dos a cinco meses. Todos los meses solían enviarnos memorandos donde indicaban que los pagos salariales se harían en forma oportuna el mes siguiente, pero se trataba de falsas promesas. No recibimos el pago puntual ni un solo mes; siempre hubo demoras en los pagos.


Las investigaciones que lleva adelante Human Rights Watch muestran que el abuso salarial continúa siendo una falla sistémica de muchos empleadores de Qatar. Los trabajadores migrantes han sido fundamentales a efectos de preparar a Qatar para que reciba a más de 1,2 millones de visitantes durante los partidos, y las entradas para el Mundial de Fútbol costarán a partir de USD 302 el día de la apertura el 21 de noviembre y USD 1.607 el día de la final el 18 de diciembre. Ambos valores superan el salario mínimo mensual de Qatar, que se estableció en USD 275 en marzo de 2021.

 

En agosto de 2020, Human Rights Watch publicó un informe de 78 páginas titulado “‘How Can We Work Without Wages?’: Salary Abuses Facing Migrant Workers Ahead of Qatar’s FIFA World Cup 2022” (“‘¿Cómo podemos trabajar sin salarios?’: Abusos salariales contra trabajadores migrantes en los preparativos del Mundial de Fútbol 2022 de la FIFA en Qatar”), en el cual se documenta que, con frecuencia, los empleadores directos y las empresas de suministro de personal de Qatar demoran, retienen o realizan deducciones arbitrariamente de los salarios de los trabajadores. Habitualmente las empresas retienen los pagos de horas extras y los beneficios por finalización del servicio que fueron acordados por contrato e incumplen los términos de los contratos celebrados con los trabajadores migrantes con total impunidad. En los peores casos, los trabajadores manifestaron que los empleadores directamente dejaron de pagarles los salarios y, a menudo, tuvieron dificultades para comprar comida.

La legislación catarí prohíbe a los trabajadores migrantes unirse a sindicatos.

En diciembre de 2020, Human Rights Watch también informó sobre casos similares en los que dejaron de pagarse los salarios de cientos de trabajadores de dos empresas –Imperial Trading and Construction Company (ITCC) y Lalibela Cleaning and Services– durante meses, a pesar de que se había informado en varias oportunidades a las autoridades sobre estos abusos.

Además de las autoridades de Qatar, la FIFA, que seleccionó a Qatar como sede del Mundial de Fútbol 2022, también tiene la responsabilidad de brindar recursos en caso de fallecimiento o de pérdida de los medios de subsistencia de los trabajadores migrantes, conforme los establecen los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Según Page, “el caso de BOTC demuestra que las medidas tomadas por Qatar para terminar con el abuso salarial no protegen a los trabajadores migrantes, y esto permite que las empresas sigan violando los derechos humanos y laborales con impunidad”.

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