(Ciudad de México) - El proyecto de ley sobre el sistema de cuidados presentado al Congreso local por el gobierno de la Ciudad de México no garantiza la autonomía, la igualdad ni la protección contra el abuso para las personas con discapacidad y las personas mayores, señaló hoy Human Rights Watch.
El Congreso de la Ciudad de México creó un comité de personas expertas para organizar una consulta pública sobre las propuestas de un nuevo sistema de cuidados y apoyos, que incluirá la presentada por Clara Brugada, jefa de gobierno de la ciudad. El proyecto de Sistema Público de Cuidados busca atender desigualdades históricas vinculadas al género, la edad y la discapacidad en la provisión de cuidados. Este es un objetivo importante, dijo Human Rights Watch, porque las mujeres —incluidas las mujeres con discapacidad y las mujeres mayores— han asumido de manera desproporcionada estas responsabilidades. Sin embargo, organizaciones y personas defensoras de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores indicaron que el proyecto contiene omisiones e inconsistencias graves que no garantizan los derechos ni la autonomía de estos grupos.
“El proyecto de ley reconoce el cuidado como un derecho, pero omite elementos esenciales para hacerlo efectivo,” dijo Carlos Ríos Espinosa, director asociado de derechos de las personas con discapacidad en Human Rights Watch. “No define claramente qué significa ‘apoyo’, no especifica los tipos de servicios que se proporcionarían —como asistencia personal, apoyos para la toma de decisiones y otros apoyos esenciales para personas con discapacidad— ni garantiza que las y los usuarios tengan control sobre sus arreglos de cuidados y apoyos.”
En una carta abierta enviada a las y los legisladores, personas defensoras señalaron que las organizaciones representativas de personas con discapacidad y personas mayores deben participar activamente en el diseño, la gestión y la supervisión del sistema de cuidados. Advirtieron que el enfoque actual corre el riesgo de reproducir los defectos fundamentales de los modelos asistencialistas, en los que las personas son tratadas como receptoras pasivas en lugar de participantes activas en la definición de sus apoyos.
De acuerdo con los estándares internacionales, los apoyos incluyen medidas que permiten a las personas tomar sus propias decisiones, participar en sus comunidades y vivir de manera independiente. Estos apoyos pueden incluir asistencia personal, apoyos en comunicación y toma de decisiones, servicios tecnológicos y de accesibilidad, y apoyos para niñas, niños y adolescentes con discapacidad en su transición a la vida adulta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 31/2025, reconoció los apoyos para la vida independiente como un componente inherente del derecho al cuidado.
La falta de sistemas adecuados de apoyo también puede dejar a las personas con discapacidad en mayor riesgo de sufrir violencia y abuso dentro de sus hogares. En su informe de 2020 “Es mejor hacerte invisible,” Human Rights Watch documentó casos en cuatro estados mexicanos, incluida la Ciudad de México, en los que personas con discapacidad experimentaron negligencia y maltrato por parte de familiares o personas cuidadoras, un problema impulsado en gran medida por la ausencia de apoyos para la vida independiente.
Una mujer con discapacidad física en la Ciudad de México dijo a Human Rights Watch que no ha salido de su casa en años porque sus familiares no le permiten salir sola. Contó que con frecuencia le gritan y la regañan por querer ser más independiente.
“Me dicen: ‘No puedes salir, te va a pasar algo, no entiendes,’” dijo. “Se enojan cuando insisto. A veces siento que estoy en una prisión.” Su situación ejemplifica cómo la ausencia de alternativas a los apoyos familiares puede crear entornos en los que el control, la negligencia o el abuso pueden ocurrir, señaló Human Rights Watch.
“Sin acceso a asistencia personal o apoyos comunitarios, muchas personas con discapacidad se ven obligadas a permanecer en entornos familiares donde experimentan negligencia, coerción o abuso,” dijo Ríos Espinosa. “Un sistema integral de cuidados y apoyos debe permitir que las personas denuncien la violencia y tomen sus propias decisiones sobre dónde y con quién vivir.”
Human Rights Watch también señaló que la propuesta carece de claridad sobre los servicios específicos que se proporcionarían —como asistencia personal financiada con recursos públicos— y no establece un presupuesto o un marco que permita expandir y mejorar el sistema con el tiempo.
Human Rights Watch señaló que se necesita con urgencia un sistema sólido e inclusivo de cuidados y apoyos para promover la igualdad, la autonomía y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Ese sistema debe alinearse plenamente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, garantizando que las políticas de cuidados y apoyos empoderen a las personas usuarias en lugar de limitar su independencia. Un sistema inclusivo de cuidados y apoyos también podría promover la igualdad de género al permitir que las mujeres —incluidas las mujeres con discapacidad y las mujeres mayores— ejerzan sus derechos y participen plenamente en la educación, el trabajo y la vida comunitaria.
“Las autoridades deberían aprovechar este proceso de consulta para fortalecer el proyecto de ley,” dijo Ríos Espinosa. “La ley debe reflejar las experiencias de vida de quienes está destinada a servir —personas con discapacidad, personas mayores, personas cuidadoras y quienes brindan apoyos— para que el derecho al cuidado y al apoyo sea una realidad, y no solo una promesa.”
