Cuando Martha García, una joven activista con discapacidad y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, se enteró de que la Suprema Corte planeaba modificar un precedente legal que podría debilitar el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida democrática, decidió actuar. El 13 de octubre, la Corte tenía previsto emitir su decisión, por lo que ese mismo día Martha y otras personas activistas organizaron una manifestación frente a la Suprema Corte, exigiendo que las personas con discapacidad fueran escuchadas antes de que se dictara una resolución final.
La Corte accedió a las demandas de las y los manifestantes y anunció una audiencia pública para el 20 de octubre. Sin embargo, la forma en que se dio a conocer —mediante una convocatoria en redes sociales— no cumplió con los estándares básicos de accesibilidad. No era compatible con lectores de pantalla para personas ciegas, no incluía interpretación en Lengua de Señas Mexicana ni estaba disponible en formatos fáciles de leer u otros formatos accesibles. Lo más grave fue que el plazo para registrarse era tan corto que muchas organizaciones y personas no pudieron hacer los arreglos necesarios para participar.
Para Martha, quien usa una silla de ruedas, llegar a tiempo a la Corte implicó levantarse a las cuatro de la mañana y enfrentar las múltiples barreras físicas y sociales que dificultan la participación de las personas con discapacidad en la vida pública. Su experiencia refleja los obstáculos más amplios que siguen impidiendo la inclusión de muchas personas con discapacidad en las decisiones que las afectan directamente. La accesibilidad no se trata solo de rampas o elevadores; también implica comunicación, información clara y tiempo suficiente para una participación significativa. Aun así, el proyecto de resolución de la Corte en el expediente 182/2024, que está en el centro de este proceso, fue redactado en un lenguaje jurídico altamente técnico y nunca se puso a disposición en versiones en lenguaje claro o fácil de leer. Como resultado, fue efectivamente inaccesible para muchas de las personas a quienes más concierne.
A pesar de los desafíos que enfrentó, Martha no se hizo para atrás. Junto con sus compañeras y compañeros, llegó temprano y estaba lista para hacerse notar antes de que las y los ministros iniciaran su sesión a las 10 de la mañana. Finalmente, las puertas se abrieron y se les permitió entrar.
Pero como han enfatizado Martha y otras personas, la inclusión real no debería depender de la persistencia o la suerte. La Corte no solo debe escuchar, sino también dialogar de manera verdaderamente accesible y tomar las medidas necesarias para ampliar las sesiones de audiencia. El objetivo no es que unas pocas personas sean escuchadas, sino garantizar que cualquier persona con discapacidad, sin importar el nivel de apoyo que necesite, pueda participar plena y equitativamente en las decisiones que afectan su vida.
