El gobierno de Estados Unidos ha prohibido las transacciones financieras con la compañía petrolera estatal de Myanmar, Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), en una medida que debería haberse adoptado hace tiempo para frenar las atrocidades de la Junta.
Los proyectos de gas natural de MOGE generan más de 1.000 millones de dólares anuales para la junta de Myanmar, su mayor fuente de ingresos extranjeros. Desde el golpe de febrero de 2021, este flujo de financiación ha financiado crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos por la junta en todo el país.
A diferencia de otras entidades controladas por la junta que Estados Unidos ha sancionado desde el golpe, MOGE no fue incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), que bloquea el comercio, los activos y el acceso al sistema bancario estadounidense. En su lugar, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una directiva que prohíbe a las personas y empresas bajo la jurisdicción de EE.UU. prestar directa o indirectamente servicios financieros a MOGE, incluidos depósitos, transferencias, préstamos, seguros, inversiones, cambio de divisas y otros servicios. La prohibición entrará en vigor el 15 de diciembre.
"Mediante la emisión de una directiva de servicios financieros contra el MOGE, Estados Unidos pretende interrumpir el acceso del régimen al sistema financiero estadounidense y reducir su capacidad para perpetrar atrocidades", declaró el 31 de octubre el Secretario de Estado Antony Blinken.
Esta acción sancionadora llega con retraso tras la sanción impuesta por la Unión Europea a MOGE en febrero de 2022, que llevó al Banco de China a comunicar a los operadores del yacimiento de gas de Shwe, en el golfo de Bengala, que dejaría de gestionar los pagos en euros a MOGE, trasladando al parecer los fondos a cuentas en custodia.
Chevron, el único socio estadounidense de MOGE, anunció en febrero la venta de su participación del 41,1% en el proyecto de gas de Yadana a la empresa canadiense MTI Energy.
La laxa aplicación del régimen de sanciones vigente ha mantenido el flujo de armas y fondos de la junta, permitiendo su creciente brutalidad contra la población civil de Myanmar. Los ataques aéreos en algunas regiones han aumentado más de un 300% en el último año.
Estados Unidos también anunció sanciones adicionales contra cinco personas y tres entidades implicadas en los abusos de la junta, en coordinación con Canadá y Reino Unido, un paso positivo. Una amplia coordinación y una aplicación rigurosa de las sanciones son cruciales para elevar los costes económicos que la junta no puede ignorar.
