(Washington D.C.) El presidente Andrés Manuel López Obrador y legisladores de su partido han paralizado efectivamente la agencia independiente de acceso a la información y protección de datos de México al bloquear las nominaciones para cubrir los puestos vacantes de su pleno, señaló hoy Human Rights Watch. El Senado debería actuar rápidamente para nombrar los comisionados y cubrir las tres vacantes.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el órgano independiente que vela por el cumplimiento de las normas sobre transparencia y protección de datos en México. El INAI ha sido importante para garantizar a todos los mexicanos su derecho a la privacidad y a los periodistas y defensores de derechos humanos la posibilidad de obtener la información necesaria para documentar y exponer violaciones de derechos humanos y casos de corrupción. El presidente López Obrador y legisladores de su partido en varias oportunidades han propuesto eliminar este organismo, aduciendo que es innecesario.
“Al paralizar de manera deliberada al INAI, el gobierno menoscaba el derecho de los mexicanos a acceder a información pública y a decidir sobre el uso de sus datos personales”, expresó Tyler Mattiace, investigador para México de Human Rights Watch. “Mientras el Senado no nombre a los nuevos comisionados del INAI, los mexicanos no tendrán una forma fácil de apelar ante un árbitro independiente cuando el gobierno les niegue el acceso a información pública o cuando empresas privadas usen de manera indebida sus datos personales”.
El INAI tiene la facultad de exigir que órganos gubernamentales, partidos políticos, sindicatos u otras entidades públicas cumplan con las solicitudes de información presentadas por personas u organizaciones. También puede requerir que entidades que manejen datos personales, como organismos gubernamentales, bancos u hospitales, permitan a las personas consultar, cambiar o eliminar los datos recolectados sobre sí mismas.
Si una entidad pública se niega a responder a una solicitud de información, o brinda información incompleta, el solicitante puede apelar ante el INAI, que puede emitir una decisión vinculante para obligar a la entidad a cumplir con la solicitud o a pagar una multa. El INAI revisó más de 20 mil de estos casos y emitió más de 11 mil decisiones obligando a organismos públicos a cumplir con solicitudes entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, según su informe anual más reciente. Igualmente, impulsa acciones jurídicas contra leyes que limitan indebidamente el acceso a la información pública o amenazan el derecho a la privacidad de los mexicanos.
Los siete comisionados del INAI son nombrados por el Senado para desempeñarse por períodos de siete años. La ley establece que el pleno precisa al menos cinco comisionados para sesionar, revisar casos o emitir decisiones. Actualmente, solo hay cuatro, pues no se ha nombrado a nuevos comisionados para reemplazar a los tres que completaron sus mandatos en marzo de 2022 y marzo de 2023. Desde el 31 de marzo de 2023, el pleno del INAI no ha contado con miembros suficientes para sesionar o dictar decisiones. Al 10 de mayo, había 3,947 casos pendientes de resolución que el INAI no había podido analizar.
En marzo, el Senado, que es controlado por legisladores de la coalición del presidente López Obrador, votó para nombrar a dos comisionados para ocupar los puestos que se encontraban vacantes desde abril de 2022. Sin embargo, el presidente López Obrador vetó los nombramientos por presuntas irregularidades en el proceso de selección.
En abril, senadores del partido del presidente rechazaron una segunda propuesta para cubrir una de las vacantes en el pleno del INAI. El presidente del Senado, integrante del partido del presidente López Obrador, presentó una iniciativa para directamente eliminar el INAI, aunque posteriormente la retiró. Senadores de la oposición iniciaron una protesta, se tomaron la tribuna del Senado y se negaron a tratar otros temas hasta que se nombrara a un comisionado del INAI. El presidente del Senado rechazó el reclamo y convocó al Senado a sesionar en otro edificio para continuar votando otras iniciativas. El 30 de abril, el Senado entró en receso de verano sin haber nombrado a nuevos comisionados.
Una jueza federal ha resuelto en reiteradas ocasiones, la más reciente el 11 de mayo, que al no nombrar comisionados del INAI, el Senado viola el derecho constitucional de los mexicanos de acceder a información pública. La jueza ordenó al Senado nombrar a un comisionado para posibilitar que dicha entidad reanude su funcionamiento normal.
El INAI ha sido clave para que los mexicanos puedan exponer graves violaciones de derechos humanos y tramas de corrupción gubernamental. Por ejemplo, una resolución del INAI de 2015 obligó a la Procuraduría General de la República a publicar los expedientes de su investigación sobre el Caso Ayotzinapa. La publicación reveló importantes irregularidades, entre ellas, que los principales sospechosos habían sido torturados. Cientos de solicitudes de información presentadas a través del INAI permitieron a activistas determinar la ubicación de más de 2 mil fosas clandestinas en todo México. También fueron clave para que periodistas pusieran al descubierto esquemas de corrupción que permitían el desvío de cientos de millones de dólares inicialmente destinados a servicios públicos como atención de la salud y educación.
El INAI también ha permitido a los mexicanos tener acceso a información personal acerca de sí mismos recolectada en los registros gubernamentales. Antes de una resolución emitida por la agencia predecesora del INAI en 2003, los expedientes médicos en hospitales públicos eran considerados propiedad gubernamental. Las solicitudes de expedientes médicos, registros de aportes a pensiones y otra información personal en poder del gobierno siguen siendo uno de los principales tipos de solicitudes que se realizan a través del INAI.
El presidente López Obrador y legisladores de su partido han propuesto reiteradamente eliminar al INAI y transferir sus funciones a organismos de auditoría gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, que audita las finanzas y el desempeño del poder ejecutivo federal y depende directamente del presidente, o la Auditoría Superior de la Federación, que audita el uso del presupuesto federal y responde al Congreso.
Estas instituciones dependen de los mismos funcionarios y líderes políticos a quienes deberían hacer rendir cuentas, lo que significa que no funcionarían como un contralor independiente del secretismo gubernamental, señaló Human Rights Watch.
El presidente López Obrador ordenó vía decreto, en noviembre de 2021, que todos los proyectos de infraestructura de su gobierno sean considerados como asuntos de seguridad nacional, lo que permite a los funcionarios negar el acceso a información sobre estos. El INAI impugnó el decreto ante la Suprema Corte, que decidió invalidarlo el 18 de mayo por violar el derecho constitucional de acceso a la información pública. Horas después de la decisión de la Corte, el presidente López Obrador emitió otro decreto casi igual. El INAI respondió con un recurso de queja, que se encuentra pendiente ante la Corte. Sin embargo, el INAI no puede presentar una nueva acción de inconstitucionalidad mientras no cuente con los cinco comisionados requeridos para tomar decisiones formales.
El derecho a la información es una norma reconocida de los derechos humanos. Incluye el derecho a acceder a información en manos de instituciones públicas e información sobre asuntos públicos. Este derecho es vital para la participación en asuntos públicos. México debería garantizar el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a información de interés público, estableciendo procedimientos para obtenerla y procesando las solicitudes de manera oportuna.
México debería garantizar que toda persona pueda establecer qué datos personales sobre sí misma están siendo procesados y almacenados y por qué motivo. De igual forma, debería garantizar que los mexicanos puedan solicitar la consulta, rectificación y, en algunos casos, eliminación de dicha información, sea que esté en manos del gobierno o de empresas privadas.
México ha aceptado obligaciones internacionales específicas para establecer una autoridad independiente con facultades para investigar e impulsar acciones jurídicas por violaciones de las leyes de protección de datos personales. Además, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que una agencia especializada e independiente se encargue de revisar y decidir en las situaciones en que el gobierno se niega a responder las solicitudes de información.
“El INAI ha permitido a periodistas y activistas en México revelar abusos atroces y graves casos de corrupción precisamente porque es independiente del gobierno”, dijo Mattiace. “Eliminar el INAI y transferir sus poderes a una agencia que reporta directamente a los políticos que pretende obligar a rendir cuentas sería la receta perfecta para el abuso, especialmente dada la larga historia de secretismo oficial y encubrimiento en México”.