El plan del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de formalizar y extender por tiempo indefinido el control militar de las tareas de seguridad pública a nivel federal constituye una grave amenaza a los derechos humanos y la transparencia señaló hoy Human Rights Watch.
El 25 de agosto de 2022, el secretario de Gobernación, Adan Augusto López, anunció que el presidente López Obrador enviará al Congreso una iniciativa que trasladaría formalmente el control de la Guardia Nacional —el principal organismo de seguridad pública del gobierno— de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tambíen dijo que el presidente planea presentar una reforma constitucional para que el cambio tenga carácter permanente y para que se elimine la prohibición de que los soldados intervengan en tareas de seguridad pública. A principios de mes, el 8 de agosto, el presidente anunció que estaba explorando formas legales de transferir la Guardia Nacional al control militar, incluso mediante una orden ejecutiva.
“Casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad”, señaló Tyler Mattiace, investigador para México de Human Rights Watch. “El presidente López Obrador debería abandonar la estrategia abusiva y fallida de seguridad militarizada adoptada por sus predecesores y emprender un esfuerzo para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de carácter civil en México”.
Los militares, que han sido desplegados desde 2006 para tareas de seguridad pública, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, sin reducir los niveles desorbitantes de violencia.
Conforme a la propuesta del presidente, los militares estarían facultados de manera indefinida a seguir realizando una amplia variedad de tareas tradicionalmente desempeñadas por las autoridades civiles de seguridad pública. Estas incluyen detener e interrogar a civiles, resguardar la escena del crimen, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y obtener órdenes judiciales para rastrear la actividad y la ubicación de teléfonos celulares.
Cuando estas tareas han sido asignadas a soldados y marinos en el pasado, han detenido en forma arbitraria a civiles, en ocasiones sobre la base de pruebas inventadas, los han mantenido en bases militares sin imputarles ningún delito, los han sometido a golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y, a veces, han amenazado con violarlos, a menudo para extraer confesiones por la fuerza.
Soldados y marinos también han ejecutado a civiles no armados, en ocasiones de forma deliberada, y han perpetrado desapariciones forzadas. Durante el gobierno actual han continuado los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares. Los responsables de estos abusos casi nunca son llevados ante la justicia.
En muchos casos, los soldados y marinos han intentado encubrir asesinatos y abusos. Han pedido el apoyo de médicos para que trataran las heridas provocadas por las torturas que luego podrían haber sido usadas como prueba de abusos. Han colocado armas con fines incriminatorios y movido cuerpos para aparentar que las víctimas habían muerto durante un conflicto. Y han quemado o desechado, en forma clandestina, los restos de las víctimas. Las fuerzas militares también se han negado a divulgar información sobre estos abusos o su posterior encubrimiento, aun cuando así lo exige la ley de transparencia de México.
En marzo, el grupo de expertos internacionales que investiga el encubrimiento de la desaparición forzada en 2014 de 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó que las Fuerzas Armadas se habían negado a entregar documentos relacionados con el caso, a pesar de haber recibido órdenes expresas del Presidente López Obrador.
La información que el Ejército publica sobre enfrentamientos con agresores supuestamente armados también plantea dudas sobre la preparación y la predisposición de los soldados para atenerse a las normas de uso de la fuerza en operativos de orden público civil, incluyendo la norma según la cual los cuerpos de policía civil solo deben recurrir a la fuerza letal como último recurso, cuando esta resulte estrictamente necesaria para la protección de ellos o de otras personas.
Durante los primeros tres años de la presidencia de López Obrador, el Ejército informó que, en 640 enfrentamientos con civiles armados, mató a 515 personas, detuvo a 381 e hirió a 89, y que 21 soldados habían muerto durante ese período. Por lo general, las autoridades no realizan investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza letal por parte de militares en las operaciones de seguridad pública.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones dictaminó, incluso en 2018 en un caso contra México, que los militares solo deberían intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles, pero no de reemplazarlos, y bajo una estricta fiscalización para asegurar que haya rendición de cuentas. El plan propuesto por el presidente no cumple con estos requisitos.
Para aprobar la propuesta de López Obrador de reemplazar a la Policía Federal por la Guardia Nacional en 2019, los legisladores reformaron la Constitución de México. Estos convirtieron a la Guardia Nacional en un organismo teóricamente civil, pero incluyeron cláusulas transitorias que permiten a las fuerzas militares supervisar la transición y auxiliar en las tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, mientras se capacita a las autoridades civiles. En mayo de 2020, el Presidente López Obrador dictó un decreto presidencial por el cual movilizó formalmente a las Fuerzas Armadas para que asistan en cuestiones de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Desde entonces, la Guardia Nacional ha actuado como brazo de facto de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional está dirigida por comandantes militares y más del 80 % de sus miembros son soldados o marinos que perciben sus salarios a través de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de la Marina, a pesar de haber sido asignados temporalmente a la Guardia Nacional. La Secretaría de Defensa también suministró o pagó todas las armas, los vehículos y los cuarteles que usa la Guardia Nacional. Según investigaciones periodísticas, la Guardia Nacional habría ofrecido una compensación económica a miembros no militares del organismo, en su mayoría ex integrantes de la Policía Federal, a cambio de su renuncia anticipada y habría transferido a quienes no la aceptaron a cargos administrativos.
Varios partidos de la oposición anunciaron que impugnarán ante la Suprema Corte cualquier decreto o ley que transfiera la Guardia Nacional al control militar por violar la Constitución que establece que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y prohíbe el uso de las fuerzas militares en actividades de seguridad pública en tiempos de paz.
En su conferencia de prensa matutina del 9 de agosto, el presidente López Obrador manifestó que continuará con el plan y dejará que la Suprema Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad. Sin embargo, la corte, cuyo presidente a menudo ha votado a favor de sentencias que validaron las políticas de López Obrador y que incluso ha expresado públicamente que lo apoya, pospuso en numerosas ocasiones la tramitación de causas relacionadas con la Guardia Nacional, una de las principales prioridades políticas de López Obrador. Actualmente hay siete causas pendientes ante la corte que objetan el uso de las fuerzas militares en operaciones de seguridad pública.
