- Propuesta limitaría el financiamiento y las actividades de organizaciones de la sociedad civil
- Otros gobiernos en las Américas han utilizado leyes similares para restringir de manera arbitraria la labor de grupos de sociedad civil
- Derecho internacional establece que los gobiernos deben cerciorarse que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades sin enfrentar represalias u obstáculos legales innecesarios
(Ciudad de México) – De ser aprobada, una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de México impondría graves limitaciones al trabajo de organizaciones de la sociedad civil y violaría las obligaciones de México conforme al derecho internacional, señalaron hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los diputados deberían archivar el proyecto.
La propuesta, impulsada por una diputada de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, prohibiría que organizaciones sin fines de lucro intenten influir sobre o modificar legislación, ya sea mediante cabildeo o litigio estratégico, si reciben financiamiento directa o indirectamente de gobiernos o corporaciones extranjeras. El gobierno mexicano podría revocar el reconocimiento como organizaciones sin fines de lucro a aquellas que violaran dicha prohibición.
“En la práctica, esta propuesta podría impedir que defensores de derechos humanos en México participen en debates sobre políticas públicas, impugnen leyes abusivas ante los tribunales o presenten información a diputados sobre cómo mejorar las protecciones de derechos humanos”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Este es el tipo de maniobra que ya hemos observado por líderes autocráticos en distintos países, que van desde Rusia hasta Nicaragua o El Salvador, para expandir las facultades del ejecutivo a expensas de libertades fundamentales”.
“Las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos que denuncian leyes y prácticas gubernamentales injustas, que desafían a los que están en el poder y que exigen justicia son, cada vez más, objeto de ataques en toda la región”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Durante décadas, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos en México, presionando al Congreso para que se produzcan cambios legislativos e impugnando las leyes abusivas en los tribunales. El proyecto de ley propuesto refleja una preocupante tendencia política en la que las narrativas tóxicas demonizan a las ONGs con la intención de silenciar los puntos de vista críticos e inhibir la capacidad de las personas defensoras de derechos humanos para escrudiñar a las instituciones del Estado”.
El presidente López Obrador ataca con frecuencia a organizaciones que defienden los derechos humanos, el medio ambiente y la transparencia gubernamental, a menudo señalando públicamente a personas y organizaciones específicas durante sus conferencias de prensa matutinas, acusándolas de formar parte de un complot opositor para derrocar su gobierno. También ha invocado el principio de “no intervención” para decir que donantes internacionales y organismos de cooperación internacional deberían dejar de financiar a organizaciones de la sociedad civil mexicanas.
Organizaciones de la sociedad civil mexicana se han manifestado públicamente contra proyectos y propuestas promovidas por el presidente López Obrador y su partido que resultan preocupantes desde una perspectiva de derechos humanos. Estos incluyen una ley que legalizaría las detenciones arbitrarias y el uso de pruebas obtenidas mediante tortura, así como el Tren Maya, un proyecto ferroviario que, según sus detractores, afectaría el medioambiente y las comunidades indígenas. En algunos casos, los grupos han iniciado acciones legales para detener o demorar estas iniciativas.
La exposición de motivos de la iniciativa dice que las organizaciones de la sociedad civil han entorpecido o impedido algunas de las propuestas del gobierno y las acusa de “golpismo”, “intervencionismo” y “viola[ción de] nuestra soberanía nacional”.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado cómo otros gobiernos han utilizado leyes similares para restringir la actividad de organizaciones de la sociedad civil de manera arbitraria.
En Nicaragua, el gobierno ha cancelado el registro de decenas de organizaciones de derechos humanos y humanitarias, como Oxfam, invocando una ley que exige que toda organización que reciba financiamiento del exterior se registre como “agente extranjero”, y prohibiendo su intervención en asuntos de “política interna”.
En Ecuador, durante la presidencia de Rafael Correa, el gobierno dictó un decreto por medio del cual adquirió amplias facultades para regular o disolver organizaciones de la sociedad civil acusadas de “interferencia política”. El gobierno las utilizó para expulsar a varias organizaciones internacionales del país y disolver a un grupo ambiental ecuatoriano luego de que algunos miembros protestaran en contra de la explotación petrolera en el Amazonas.
En Venezuela, el gobierno ha sancionado una serie de leyes que restringen las actividades de la sociedad civil y ha perseguido penalmente a grupos que reciben financiamiento del exterior, a los cuales ha acusado de “traición” y de “ataque[s] contra la soberanía nacional”.
En Guatemala, en junio de 2021, entró en vigor una ley que le permite al gobierno clausurar cualquier organización de la sociedad civil que considere ha violado el orden público.
En El Salvador, el gobierno propuso una ley sobre “agentes extranjeros” en noviembre de 2021, que prohibiría que las organizaciones reciban fondos desde el exterior por “actividades para fines políticos”. Las objeciones planteadas por organizaciones de derechos humanos frenaron el avance de la iniciativa, pero el proyecto de ley sigue en trámite.
Fuera de América Latina y el Caribe, autoridades de países como Rusia, Egipto y China han dictado leyes draconianas para restringir la labor de los defensores de derechos humanos y, en algunos casos, han procesado y multado a organizaciones de derechos humanos por participar en “actividades políticas”.
Desde que asumió en 2018, el presidente López Obrador ha eliminado el fondo independiente que financiaba el programa que protege a periodistas y defensores de derechos humanos que han sido amenazados. También ha demonizado e intimidado a periodistas independientes, los ha acusado públicamente de mentir, se ha referido a ellos como “hampa” y ha difundido públicamente información personal delicada sobre un periodista que lo había criticado.
El presidente López Obrador ha intentado manipular el sistema judicial para perjudicar a sus adversarios, al impulsar una reforma para ejercer mayor control sobre los tribunales, organizar un referéndum para determinar si debía enjuiciarse o no a cinco expresidentes de partidos opositores y exigir que se investigara a un juez que había fallado en su contra. Además, ha procurado neutralizar o propuesto eliminar instituciones independientes que operan como controles del poder ejecutivo, incluyendo el organismo independiente que protege el acceso a la información.
Según el derecho internacional, y como parte de su deber de proteger y promover los derechos humanos, los gobiernos deben cerciorarse de que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades sin enfrentar represalias, amenazas, intimidación, hostigamiento, discriminación u obstáculos legales innecesarios. Tanto las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que esto incluye permitir que las organizaciones de derechos humanos soliciten, reciban y utilicen financiamiento de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales extranjeras y que se beneficien de las exenciones impositivas que se ofrecen a otras organizaciones sin fines de lucro.
En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos se reconoce el derecho de estos a proponer cambios jurídicos y normativos, a proporcionar representación legal para la defensa de los derechos humanos, a presentar quejas formales ante instituciones gubernamentales y a que esas quejas sean atendidas.
