En el antiguo circo romano, cuando caía un gladiador, su destino no lo decidía un juez ni un jurado, sino la voluntad del emperador y la multitud. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo algo similar con el sistema de justicia mexicano.
Este domingo 1 de agosto, se convocará a los mexicanos a que voten en una consulta popular sobre la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Diversos expertos han debatido el significado de esta imprecisa pregunta, que redactó la Suprema Corte tras rechazar la versión original propuesta por legisladores de Morena. Pero López Obrador, quien propuso la consulta popular antes de asumir la presidencia en 2018 y la ha impulsado con vehemencia desde entonces, ha dejado muy claro qué implica la pregunta y cómo pretende proceder si el resultado es positivo.
“Es una pregunta que se puede traducir de manera sencilla”, explicó durante una conferencia mañanera el mes pasado. “¿Quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Sí o no. Es otro texto, pero en esencia es eso”. Incluso mencionó los delitos concretos por los cuales cree que se debería enjuiciar a cada expresidente. Los militantes que promueven la consulta popular en la calle han sido más directos. “¿Quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel?”, rezan sus carteles.
El presidente y sus partidarios han intentado vender la consulta popular como un ejercicio del Estado de derecho y una forma de poner fin a la impunidad que aqueja a México. Pero, en verdad, es justamente lo contrario. La consulta popular que tendrá lugar el domingo es una burla de los principios más fundamentales del Estado de derecho y podría arraigar aún más la deplorable cultura de impunidad que impide el acceso a la justicia para innumerables víctimas de delitos, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes gubernamentales.
No existe ningún impedimento legal a que se investiguen posibles delitos cometidos por expresidentes, ya que la constitución no otorga inmunidad a los funcionarios públicos tras la conclusión de su mandato. El Fiscal General Alejandro Gertz Manero podría iniciar una investigación de esa índole en cualquier momento. Podría hacerlo ahora mismo, si quisiera. De hecho, si tiene pruebas creíbles de que se ha cometido un delito, tiene el deber de investigar lo ocurrido para garantizar justicia para las víctimas. No es necesaria una consulta popular para que el máximo funcionario de justicia del país cumpla con su deber.
De igual manera, ninguna consulta popular podrá anular los derechos de las víctimas. Incluso si el domingo los mexicanos votan mayoritariamente por el “no”, las víctimas igualmente tendrán derecho a la justicia y el Fiscal General de todas maneras estará obligado a investigar posibles delitos y a hacer todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia.
Si el Fiscal General no cuenta con pruebas creíbles que impliquen a expresidentes en la comisión de delitos, una consulta popular no podrá generar dichas pruebas ni obligarlo a descubrirlas. Y ninguna consulta popular podrá obligar a un juez a procesar o condenar a una persona sospechosa de haber cometido un delito sin pruebas. Ni siquiera si se trata de un expresidente.
La consulta solo será vinculante si participa el 40 por ciento de los votantes elegibles. No obstante, incluso si se obtienen suficientes votos, es difícil concebir el resultado del referéndum como cualquier cosa menos una tergiversación absoluta del Estado de derecho.
El concepto de Estado de derecho es sencillo: un país tiene leyes, y estas deben aplicarse de igual manera a todas las personas, incluso a los ricos y poderosos. No deben ser impuestas de manera arbitraria, en función de decisiones políticas o consultas populares. Es fundamental garantizar la igualdad ante la ley para proteger y defender los derechos humanos, y un proceso de investigación y condena penal que respete las garantías de debido proceso es la única forma de generar confianza en el resultado de las decisiones judiciales.
Los mexicanos saben qué es vivir bajo un Estado de derecho débil. Con frecuencia, los policías y fiscales mexicanos no adoptan las medidas más básicas para resolver delitos, y en muchos casos han recurrido a información obtenida mediante torturas, en vez de investigaciones adecuadas. La ley a menudo se aplica de manera selectiva, o no se aplica en lo absoluto. Los responsables de graves violaciones de derechos humanos generalmente logran eludir la justicia. Menos del 2 por ciento de los delitos en México son resueltos. Ante esto, no es sorprendente que muchos mexicanos se sientan frustrados.
Esa frustración no será resuelta por una consulta popular que menoscabe aún más al poder judicial, convirtiéndolo en una herramienta política de López Obrador y sentando el peligroso precedente de que las leyes pueden ser o no aplicadas según convenga al partido en el poder. Si los mexicanos quieren un sistema de justicia que investigue delitos y proteja sus derechos, deberían exigir que López Obrador respete la autonomía del poder judicial e instar al Fiscal General de la República y a los fiscales estatales para que cumplan con su responsabilidad de actuar con transparencia y respetar los derechos de las víctimas.
Los mexicanos merecen tener un sistema de justicia en el que puedan confiar. Esta consulta popular no solo es una farsa de Estado de derecho, sino también un circo político.
