Desde principios del siglo XIX, México ha tenido leyes que niegan a las personas con discapacidad el derecho a tomar decisiones por sí mismas. Ahora, el Senado mexicano está considerando una iniciativa de ley para crear un nuevo Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares que replicaría el mismo sistema con un nombre diferente. La propuesta contradice la obligación de México de garantizar la capacidad jurídica plena a todas las personas con discapacidad, independientemente de la intensidad de apoyo que puedan requerir. Si se aprueba, el nuevo código sería aplicable en todas las jurisdicciones estatales y federal de México.
Esta semana, más de 250 organizaciones de derechos humanos, incluidas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, así como activistas y personas expertas en derechos de las personas con discapacidad, incluidos tres expresidentes del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Comité CDPD) y miembros independientes del comité de la CDPD, enviaron una carta a los miembros de la Comisión de Justicia del Senado mexicano criticando la iniciativa de Código.
Tal como está redactada actualmente, la iniciativa confunde los modelos de toma de decisiones con apoyo y el de sustitución de la voluntad. Los estándares de derechos humanos obligan a los estados a garantizar un sistema de apoyos para quienes lo soliciten, con el fin de que puedan tomar sus propias decisiones jurídicas y de otro tipo. Por ejemplo, la persona puede designar personas de apoyo y determinar los tipos de apoyo que necesita.
El modelo de sustitución de la voluntad, por otro lado, permite que otra persona tome decisiones en nombre de alguien al que se le priva del derecho a hacerlo. La iniciativa propuesta para México permitiría que terceros, incluidos fiscales y funcionarios del sistema de asistencia social, soliciten a un juez que designe a un sustituto para la toma de decisiones o un tutor, engañosamente llamado apoyo. El proyecto de ley también permitiría que un juez determine cómo la persona designada como apoyo debe participar en la toma de decisiones del individuo.
La capacidad jurídica es central para el ejercicio de otros derechos; a casarse, a decidir dónde, cómo y con quién vivir, a obtener crédito y a poseer propiedades. El Senado debería reescribir esta iniciativa de código y deshacer la historia de 200 años que tiene México de negar a las personas con discapacidad las oportunidades garantizadas a otras personas. Debería aprovechar esta oportunidad para construir sistemas de apoyo robustos, controlados por las propias personas con discapacidad, y con consulta estrecha con las organizaciones que las representan.
