El 15 de enero de 2020, el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, anunciaron que estarían por presentar una serie de reformas al sistema de justicia presuntamente orientadas a reducir la impunidad y la reincidencia. Un borrador de las reformas que se filtró días antes y circuló ampliamente parece ser un documento oficial, a pesar de que Gertz dijo que no había sido ni presentado ni suscrito por su oficina y que la versión definitiva sería presentada ante el Congreso en febrero. La propuesta incluye medidas regresivas y abusivas que permitirían que los agentes del Ministerio Público usen pruebas obtenidas mediante tortura, detengan a personas por hasta 40 días sin presentar cargos y, una vez imputadas, dispongan la prisión preventiva de las personas indiciadas sin posibilidad de revisión judicial.
“Los cambios propuestos ampliarían significativamente las atribuciones de los agentes del Ministerio Público en detrimento de garantías para proteger derechos fundamentales que tanto ha costado conseguir en México”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ningún gobierno que esté genuinamente comprometido con el Estado de derecho puede impulsar la eliminación de garantías de derechos humanos, particularmente dado el deplorable récord de abusos cometidos por policías y agentes del Ministerio Público en México”.
Una de las propuestas más controversiales ampliaría el arraigo, una medida que permite a los agentes del Ministerio Público solicitar autorización judicial para detener a una persona hasta por 40 días antes de presentar cargos, mientras avanzan con la investigación. Si bien la ley vigente sólo permite que ocurra en casos de delincuencia organizada, las reformas propuestas habilitarían a los agentes del Ministerio Público a solicitar la detención prolongada (bajo el esquema del arraigo) por cualquier crimen, sin haber presentado cargos.
Human Rights Watch ha instado previamente a México a abolir el arraigo, debido a que contraviene la garantía constitucional de no sufrir detención arbitraria y resulta violatoria de estándares internacionales de derechos humanos. Human Rights Watch ha documentado numerosos casos de víctimas que han sido torturadas, violadas sexualmente o sometidas a otros maltratos antes y durante este tipo de detención.
Otra medida objetable que facilitaría que los fiscales usen pruebas conseguidas mediante torturas u otros medios ilícitos, como la interceptación ilegal de llamadas, es la siguiente. La constitución mexicana indica que toda prueba obtenida “con violación de derechos fundamentales” se considera nula, lo cual implica que es inadmisible en un juicio. La propuesta incorporaría disposiciones a la constitución que, en la práctica, concederían discrecionalidad absoluta a los jueces para admitir pruebas obtenidas de manera ilegal, siempre que haya “una atenuación en su vínculo de ilicitud”.
Precisamente en respuesta al uso generalizado de la tortura por autoridades mexicanas para obtener pruebas y confesiones, el Congreso mexicano promulgó, en 2017, la Ley General contra la Tortura. La ley prohibió el uso en procesos penales de pruebas obtenidas mediante tortura, creó un registro de casos de tortura y un Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura, y exigió que los estados adopten leyes similares y establezcan fiscalías especializadas. Aunque la implementación de la ley ha avanzado lentamente, los cambios propuestos revertirían todos los avances conseguidos en esta materia, señaló Human Rights Watch.
Asimismo, las reformas propuestas eliminarían el requisito de que sean los jueces quienes, tras conocer los argumentos del imputado, lleguen a una determinación acerca de si la prueba justifica que una persona comience a ser investigada formalmente, lo que se conoce en México como “vinculación a proceso”.
El artículo 19 de la constitución mexicana estipula que ninguna detención podrá exceder de 72 horas sin un auto de vinculación a proceso. Sin embargo, el cambio propuesto al artículo 19 eliminaría tanto la vinculación a proceso como el límite de 72 horas. Como consecuencia, si se imputa a una persona un delito para el cual se prevé la prisión preventiva de oficio, podría quedar automáticamente detenida todo el tiempo que duren la investigación y el juicio, sin ninguna revisión judicial de la prueba en su contra ni posibilidad de impugnarla. Durante el último año, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha ampliado considerablemente la lista de delitos para los cuales se prevé la prisión preventiva de oficio, que actualmente incluye, entre muchos otros, al fraude fiscal, el robo a una vivienda, el fraude electoral, el robo al transporte de carga y el robo de combustible.
Según World Prison Brief, en 2018, las personas con prisión preventiva representaban cerca del 40 % de la población penitenciaria de México. Human Rights Watch ha sostenido que el uso en México de la prisión preventiva de oficio viola tanto los derechos a la libertad y la seguridad personal, como la presunción de inocencia.
Según un informe de la ONU, el 98 % de los delitos en México no se esclarecen. En su primer informe anual, el Fiscal General de la República anunció que más de 63.000 de los 300.000 casos que heredó de la gestión anterior habían quedado sin investigar durante tanto tiempo que ya habían prescrito.
En la última década, México ha incorporado una serie de reformas a su sistema judicial destinados a reducir la impunidad e incrementar la transparencia y el respeto de los derechos humanos. Cuando Gertz anunció las nuevas propuestas, sostuvo que los cambios anteriores habían contribuido a que se “multiplic[ara] el número de delincuentes” y que, si bien se había reducido la población penitenciaria, esto había “multiplic[ado] su daño a la sociedad”.
Los cambios propuestos revertirían los avances logrados por México en su sistema judicial en los últimos años. Extender la prisión preventiva no contribuye a reducir la criminalidad. A su vez, limitar el uso de confesiones obtenidas bajo tortura obliga a la policía a llevar adelante investigaciones penales más efectivas, sostuvo Human Rights Watch.
