(Washington D.C.) – El nuevo plan para la frontera del presidente Joe Biden, que se enfoca en la disuasión, casi seguramente provocará un aumento en la cantidad récord que ya se registra de migrantes que mueren en la frontera sur de Estados Unidos, facilitará que sigan lucrando los cárteles delictivos y devolverá a personas refugiadas a un contexto donde es probable que se enfrenten a daños, señaló hoy Human Rights Watch.
Está previsto que la “prohibición de asilo” de Biden, que se anunció en una norma del Boletín Federal el 10 de mayo de 2023, reemplace la política abusiva de expulsiones sumarias en la frontera conforme al Título 42 creada inicialmente por la administración del presidente Donald Trump con la premisa falsa de proteger la salud pública.
“A pesar de haber tenido más de dos años para planificar el fin de la vigencia del Título 42 y de haber hecho campaña con la promesa de crear una frontera humana, Biden ha reciclado políticas de Trump una tras otra, y esto ha posibilitado abusos incontables, mayormente contra personas migrantes negras y morenas”, señaló Ari Sawyer, investigadore de frontera de Estados Unidos en Human Rights Watch. “Su plan más reciente reemplaza el Título 42 con una política que sigue apoyándose en acciones de disuasión fallidas y letales, y que impediría que las personas soliciten asilo”.
El nuevo plan de Biden combina elementos de las políticas de Trump, incluido el Título 42; un programa de deportación hiper acelerado que después de reiteradas instancias de violaciones del debido proceso fue desechado al entrar en vigor la política de expulsiones; y la “prohibición de tránsito por terceros países” para el asilo, que fue hallada ilícita por dos tribunales federales durante la gestión de Trump.
La prohibición de asilo reformulada impedirá que los solicitantes de asilo en la frontera ingresen a Estados Unidos por cinco años, a menos que obtengan una cita a través de la aplicación para teléfonos celulares “CBP One”. La cantidad de citas es extremadamente limitada y, por lo general, se ocupan todas en cuestión de minutos, lo que implica que los solicitantes de asilo deben esperar durante meses mientras intentan cada día obtener un lugar. El resultado de esto es una modalidad de “cupos” electrónicos, que consiste en obligar a quienes solicitan asilo a aguardar en condiciones peligrosas en la frontera por tiempo indeterminado.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acordó aceptar a solicitantes de asilo que no sean de nacionalidad mexicana y resulten expulsados de manera rápida por Estados Unidos. Desde la implementación de la política de “Permanencia en México” en 2019 y el Título 42 en 2020, numerosos solicitantes de asilo enviados a México han experimentado secuestros, violaciones sexuales, extorsiones y otros abusos perpetrados por miembros de la criminalidad organizada y funcionarios mexicanos.
Al continuar estas expulsiones rápidas, aunque con una nueva justificación legal, Biden y López Obrador siguen conscientemente poniendo en riesgo a los solicitantes de asilo, expresó Human Rights Watch. Cuando Estados Unidos envía migrantes a México, los carteles delictivos se enriquecen secuestrando a esas personas y luego exigiendo dinero por medios extorsivos a sus familiares en EE. UU. para lograr su liberación.
Estados Unidos tiene la obligación conforme al derecho internacional de respetar el principio de no devolución, es decir, la obligación de no enviar de regreso a una persona a un país donde se enfrente al riesgo de persecución, tortura u otro daño irreparable.
Los solicitantes de asilo que se entregan en puertos de ingreso o en zonas ubicadas entre estos puntos sin acceder a una de las escasísimas citas en CBP One podrían ser retenidos en condiciones inhumanas bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, donde serán procesados para su expulsión acelerada, lo cual no asegura a esas personas garantías adecuadas de debido proceso. Los funcionarios de asilo federales que se verán obligados a resolver de manera rápida las solicitudes a tenor de la norma se han expresado contra esta política y han manifestado que es “incongruente con la legislación sobre asilo promulgada por el Congreso, los tratados que ha ratificado Estados Unidos y el tejido moral de nuestro país y nuestra tradición histórica de brindar refugio seguro a las personas perseguidas”.
La aplicación CBP One es de por sí discriminatoria e impide el acceso efectivo al asilo para numerosas personas cuyas circunstancias hacen que ya enfrenten mayores riesgos. La aplicación suele colapsar debido a los pocos turnos disponibles cada día y no resulta accesible para las personas que no tienen un teléfono inteligente, conexión a internet o un lugar seguro donde permanecer. También pone en mayor desventaja a las personas solicitantes de asilo negras y morenas, dado que usa tecnología de reconocimiento facial que presenta un sesgo intrínseco contra las personas de piel más oscura.
La nueva norma indica que habrá muy pocas excepciones para las personas que puedan demostrar que no pudieron acceder a la aplicación, no hablen alguno de los idiomas disponibles o sean analfabetas, pero esas decisiones las tomarán los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP), un organismo que ha cometido abusos contra personas que cruzan la frontera y residentes con impunidad casi absoluta. Se ha detectado a agentes de la CBP que mentían en documentos oficiales de solicitantes de asilo y que en forma habitual realizaban devoluciones ilegales de solicitantes de asilo en los puertos de ingreso.
El gobierno sostiene que emplear la expulsión acelerada para las personas que cruzan por lugares ubicados entre los puertos de ingreso o no programan una cita permitirá desbaratar a las redes de contrabando. Por el contrario, sin otra forma de acceder a protección, es más probable que los solicitantes de asilo contraten a contrabandistas, lo cual contribuirá a enriquecer incluso más a los cárteles delictivos, explicó Human Rights Watch.
También es probable que la nueva norma induzca a las personas a asumir mayores riesgos para procurar ingresar en Estados Unidos sin ser detectadas. Las políticas de disuasión, incluida la militarización de la frontera, ya han provocado cantidades sin precedentes de muertes en la frontera durante la administración Biden. En la administración Trump, las muertes en la frontera alcanzaron un promedio de cerca de 300 cada año —una cantidad que ya era inadmisible—, pero esa cifra experimentó un aumento desorbitado en el año fiscal 2022, cuando durante la gestión de Biden más de 850 personas murieron intentando cruzar la frontera, a menudo para obtener seguridad, reunirse con familiares, regresar a casa o mejorar sus vidas.
“La Administración Biden sostiene que esta política es humana, pero no hay nada humano acerca de repeler a solicitantes de asilo en la frontera, y es sabido que las políticas de disuasión tienen consecuencias letales”, apuntó Sawyer. “Biden debería dejar de copiar a Trump en la frontera y, de una vez por todas, cumplir con sus promesas de crear políticas para la frontera que respeten los derechos”.
