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(Kiev, 22 de marzo de 2023) – Las fuerzas rusas emplearon municiones de gran tamaño lanzadas desde el aire contra un edificio de departamentos en Izium, Ucrania oriental, el 9 de marzo de 2022. Durante este ataque murieron al menos 44 civiles y violó el derecho de guerra, señaló hoy Human Rights Watch en un informe publicado en la web.

El informe, titulado “A Thousand Explosions in My Ears” (Mil explosiones en mis oídos), se basa en testimonios de sobrevivientes, fotografías, videos y modelos 3D del edificio ubicado en el número 2 de la calle Pershotravneva. La investigación muestra los efectos devastadores del ataque, que fue uno de los que tuvo consecuencias más letales para los civiles desde que se inició la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en febrero de 2022. Había decenas de civiles que se estaban resguardando en el sótano y, si bien el edificio se ubicaba en un lugar próximo al frente de combate, Human Rights Watch no halló evidencias de que las fuerzas ucranianas estuvieran usando el edificio para fines militares en ese momento.

“Varias generaciones de familias que estaban en el sótano quedaron sepultadas por este ataque individual”, señaló Richard Weir, investigador sénior sobre crisis y conflicto de Human Rights Watch. “No hallamos pruebas que justificaran considerar al edificio de departamentos como un objetivo militar legítimo, ni de que las fuerzas rusas intentaran evitar o minimizar la destrucción de tantas vidas de civiles”.

El informe describe en detalle el ataque y relata la historia de Mikhailo Yatseniuk, un electricista de sesenta años que había vivido durante tres décadas en el edificio con su esposa, Natalia; allí habían criado a tres hijos y seis nietos. Natalia y otras 6 integrantes de su familia, de 3 a 96 años de edad, perecieron durante el ataque. Yatseniuk sobrevivió porque había salido del sótano para prepararle un té a su nieta.

El edificio de cinco plantas se ubica en el distrito central de Izium, que hasta fines de marzo estuvo bajo control de las fuerzas ucranianas. Se encuentra próximo al río Donets y a un puente peatonal estratégico. En los días previos al ataque, hubo hostilidades constantes en la zona. Las fuerzas rusas tomaron el control total de la ciudad al final del mes, la ocuparon y rodearon el área por casi seis meses. Fuera de Izium, se sabía poco sobre el ataque, que destruyó el inmueble en el número 2 de la calle Pershotravneva, hasta que las fuerzas ucranianas recuperaron el control del área en septiembre.

Entre fines de septiembre y mediados de marzo de 2023, Human Rights Watch entrevistó a 21 personas de Izium, incluidos sobrevivientes y víctimas, familiares de víctimas y socorristas. Human Rights Watch también revisó evidencias en el lugar de los hechos, analizó imágenes satelitales y tomó fotografías y videos, incluso desde drones.

En los días previos al 9 de marzo, hubo fuerzas ucranianas en el área próxima al edificio que intentaban impedir que las fuerzas rusas llegaran al centro de la ciudad. Un testigo vio a fuerzas ucranianas desplazándose por la calle junto al edificio algunos días antes del ataque y disparando desde cerca del puente peatonal, ubicado a unos 200 metros del edificio.

Sobrevivientes y residentes dijeron que aeronaves militares rusas sobrevolaban continuamente la zona en los días previos al ataque. Hubo daños en edificios cercanos, probablemente causados por el fuego proveniente de fuerzas terrestres rusas que disparaban desde el otro lado del río. El inmueble en el 2 de la calle Pershotravneva había sido alcanzado y dañado, pero sin que hubiera víctimas civiles, según la información con la que cuenta Human Rights Watch. 

Sin embargo, en la mañana del 9 de marzo, aproximadamente a la misma hora, dos edificios, incluido el del número 2 en la calle Pershotravneva, recibieron impactos directos de municiones lanzadas desde el aire, muy probablemente de tipo similar. El segundo edificio tenía varias plantas y se ubicaba al otro lado del 2 de Pershotravneva hacia el sudeste, a menos de 100 metros de distancia, y registró daños similares. Human Rights Watch no investigó este ataque, pero socorristas y residentes locales dijeron que se sabe de tres fatalidades, dos de las cuales, al parecer, eran soldados ucranianos.

Sobrevivientes y testigos del ataque al número 2 de la calle Pershotravneva dijeron que este ocurrió cerca de las 9 a.m. y que decenas de residentes del edificio y otros vecinos del área próxima habían buscado refugio en el sótano. Un socorrista contó que escuchó aeronaves y explosiones a partir de las 8:30 a.m.

Las municiones impactaron en medio del edificio, y esto causó que los cinco pisos de la parte central colapsaran hasta el sótano, y destruyó varias salidas. Los escombros sepultaron a muchas personas en el sótano. Con un modelo 3D del edificio, Human Rights Watch determinó que el ataque provocó un agujero de al menos 15 metros de ancho.

Algunos testigos que estaban en el sótano o en pisos inferiores dijeron que no habían visto a fuerzas ucranianas en el edificio ni en las proximidades directas poco antes o en el momento del ataque. Un residente que había estado en el sótano dijo que otras personas habían visto a soldados ucranianos entrar al sótano algunos días antes y pedir al administrador del edificio las llaves del ático para registrarlo.

Durante inspecciones del edificio y del predio, Human Rights Watch no halló signos de que hubiera puestos de tiro establecidos por las fuerzas ucranianas. Ninguno de los residentes entrevistados dijo haber visto o escuchado disparos desde el edificio. En tres sitios en la parte oriental del edificio, los investigadores hallaron más de una decena de casquillos usados, correspondientes a proyectiles de armas pequeñas, en su mayoría en escaleras interiores de pisos inferiores. No fue posible determinar quiénes dispararon estas municiones ni cómo llegaron allí. Un residente señaló que, en los meses posteriores al ataque, las fuerzas rusas entraron al edificio de vez en cuando para llevarse alimentos de los departamentos. En mayo, dijo que los vio entrar llevando cajas pequeñas al edificio y que, más tarde, vio casquillos usados en las escalares y en el alféizar de una ventana.

Dos socorristas dijeron que los combates en el área les impidieron iniciar esfuerzos de recuperación hasta fines de marzo. Estuvieron cerca de un mes sacando cuerpos de los escombros, primero con sus propias manos y luego con la ayuda de equipos. Uno señaló que habían recuperado 51 cuerpos, 44 de los cuales eran identificables, y que no hallaron armas pequeñas o ligeras allí. Los trabajadores de emergencia y tres testigos del ataque, que estuvieron presentes en algunas o en todas las exhumaciones, manifestaron que no vieron cuerpos que llevaran vestimenta militar.

El comisionado de derechos humanos del Parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, señaló que en el hecho murieron 54 personas. Human Rights Watch obtuvo tres listas de personas que habían muerto o permanecían desaparecidas, y una lista de artículos personales hallados en el lugar, incluidos documentos de identidad.

A partir de entrevistas con testigos y con quienes recuperaron los cuerpos, así como del análisis de publicaciones en medios sociales, Human Rights Watch corroboró el fallecimiento de al menos 44 personas. Sin embargo, es posible que esa cifra sea mayor, dado que hubo cuerpos que no pudieron ser identificados, y algunos habían sido enterrados antes de que los socorristas realizaran las exhumaciones.

Human Rights Watch no pudo identificar el tipo de arma que se usó en el ataque porque la mayoría de los restos al parecer estaban enterrados en los escombros o fueron retirados por autoridades ucranianas. Sin embargo, la destrucción extendida pero contenida del edificio parcialmente colapsado es congruente con el uso de una munición de gran tamaño lanzada desde el aire, como la bomba de serie FAB-500, con detonador de acción retardada.

Un detonador de acción retardada implica que la munición está programada para detonarse después de alcanzar el objetivo. De tal modo, es probable que haya penetrado los varios pisos del edificio antes de detonarse, causando así un daño catastrófico.

El 31 de enero, Human Rights Watch le escribió al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, resumiendo los hallazgos y pidiendo información, incluido si las autoridades rusas estaban investigando el ataque. Human Rights Watch no ha recibido una contestación.

Conforme al derecho internacional humanitario, o el derecho de guerra, las partes beligerantes siempre deben distinguir entre combatientes y civiles, y solo actuar contra objetivos militares. También deben adoptar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo el daño hacia los civiles, lo que incluye brindar advertencias anticipadas y eficaces de los ataques.

Están estrictamente prohibidos los ataques indiscriminados, que emplean un método o medio de combate que no distingue entre objetivos militares y civiles u objetos de carácter civil. Igualmente, no están permitidos los ataques desproporcionados en los cuales el daño esperado a civiles y bienes de carácter civil resulta excesivo en relación a la ventaja militar concreta y directa prevista.

El uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en áreas pobladas aumenta la preocupación por la posibilidad de ataques ilícitos, indiscriminados y desproporcionados. Estas armas tienen un radio destructivo extenso, y su uso debería evitarse en zonas pobladas.

Quienes cometen violaciones graves del derecho de guerra, como ataques indiscriminados o desproporcionados, con intencionalidad dolosa, es decir, con deliberación o temeridad son responsables de crímenes de guerra.

“Los sobrevivientes y los familiares de víctimas merecen respuestas y justicia”, señaló Weir. “La devastación y el dolor nunca podrán borrarse, pero la rendición de cuentas puede contribuir a demostrar que este tipo de actos no serán tolerados”.

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