Guadalupe Huerta Mora, Lupita, era un alma generosa. La conocí en septiembre de 2010 cuando colegas de la comunidad de personas con discapacidad me pusieron al tanto de su situación. Esto ocurrió tres meses después de que las cuñadas de Lupita, con la aprobación de su esposo, la golpearan con violencia y le causaran una lesión en la columna vertebral. Esta agresión le provocó una discapacidad física que solo le permitía mover levemente los brazos y el cuello.
Su historia me causó un profundo impacto y, al unirme a Human Rights Watch, decidí que investigaría la violencia contra las personas con discapacidad en México. Lupita no solo aportó su historia, sino que también participó de la conferencia de prensa virtual sobre el informe que se llevó a cabo el 4 de junio de 2020. Dado que yo también tengo una discapacidad física, sé que compartir las experiencias personales de discriminación y exclusión puede ser muy difícil. Pero Lupita tuvo la valentía de compartir ambas.
Su suplicio no terminó con la golpiza. Durante los seis meses de recuperación en el hospital, quien entonces era su esposo abusivo controlaba legalmente quiénes podían visitarla y se aprovechó de esa facultad para aislarla de familiares y amigos. En un intento por defenderse, Lupita solicitó medidas de protección de emergencia, un recurso que otorga la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (2007) de México. Para sorpresa de todos, la autoridad judicial denegó la solicitud invocando el argumento formalista de que era el fiscal, y no el juez, quien debía haber dictado las medidas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la fiscalía y el entonces Instituto de las Mujeres local ofrecieron sus recursos para ayudar a Lupita. Lamentablemente, surgieron dificultades debido a falencias sistémicas de las políticas de México, que suponen un obstáculo para que las personas con discapacidad vivan en forma independiente. El gobierno brinda únicamente una pensión mensual por discapacidad de 1.475 pesos mexicanos (USD 82), que nunca pudo obtener a pesar de reunir las condiciones.
No existen otros servicios para apoyar a las personas con discapacidad a fin de que puedan vivir en la comunidad. No tienen acceso a asistentes personales ni apoyo para conseguir una vivienda accesible y económica. Poco después de que se agotaran los recursos para Lupita, se vio obligada a volver a vivir en la casa de su esposo y sus cuñadas.
Vivir con sus agresores era una situación insoportable. Decidió irse con su hijo, Emanuel, que tenía 9 años al momento de la agresión, a su localidad natal, Nahuatzen, en el estado de Michoacán. Si bien el costo de vida es menor que el de Ciudad de México, Nahuatzen es un lugar muy peligroso debido a los altos niveles de pobreza y violencia y a la fuerte presencia de cárteles de narcotráfico.
Sin apoyo gubernamental ni familiar, el joven Emanuel tuvo que ocuparse de ayudar a su madre a levantarse de la cama y bañarse y tuvo que trabajar para que ambos pudieran sobrevivir. Una vez que terminó la secundaria, debió buscar un trabajo a tiempo completo para el sustento de ambos, lo cual implicó que Lupita pasara en cama el día entero, ya que no había nadie disponible para ayudarla a subirse a la silla de ruedas.
Debido a su discapacidad física, Lupita desarrolló cálculos renales y escaras en la piel, afecciones comunes en las personas con lesiones medulares. Para que le quitaran los cálculos renales, tenía que viajar en autobús durante ocho horas hasta la Ciudad de México. A pesar de las penurias que implicaba para ella ese traslado, desde 2015 viajó periódicamente a Ciudad de México para que le extrajeran los cálculos. Durante su último viaje, en noviembre de 2022, contrajo Covid-19, por lo cual los médicos no pudieron realizarle el procedimiento y la enviaron de regreso a casa. Falleció el 12 de febrero de 2023 a causa de complicaciones derivadas de los cálculos renales que no se le extrajeron. Tenía apenas 58 años.
Lupita me ayudó a concientizar sobre las falencias del gobierno mexicano en la prevención de la violencia contra las mujeres, entre otras cosas, a través de numerosas entrevistas otorgadas a periódicos y otros medios de comunicación. Su historia sirvió para exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México a que recopile datos sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad. Hasta hace poco, el INEGI no incluía esta información en sus encuestas periódicas de violencia contra las mujeres. Ahora estamos comenzando a entender la magnitud de tales abusos: la violencia contra las mujeres con discapacidad es incluso mayor que la ejercida contra las mujeres sin discapacidad.
El Congreso de la Unión ha comenzado a trabajar en una reforma de la legislación existente que incluya la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Si las reformas se promulgan, las medidas de protección que alejan a los agresores garantizarían que las víctimas sobrevivientes puedan recibir asistencia personal, lo cual reviste importancia para quienes se ven forzados a depender del apoyo de sus agresores.
En noviembre de 2021, el Senado aprobó reformas para que los refugios destinados a mujeres sean físicamente accesibles y estableció nuevos estándares para emitir medidas de protección que tienen en cuenta el apoyo adicional que precisan algunas mujeres con discapacidad para escapar de contextos de violencia. La reforma se encuentra paralizada debido a que la Cámara de Diputados no está dispuesta a brindar recursos presupuestarios complementarios para implementar la medida en forma plena.
A pesar de las dificultades que enfrentó Lupita, sé cuánto disfrutaba de la vida, de reírse y de la comida mexicana, como las delicias regionales de Michoacán, que traía a la Ciudad de México para mí y para otros amigos. Me resulta muy doloroso que sucesivos gobiernos mexicanos le hayan fallado, como mujer y como mujer con discapacidad. Si las leyes y las políticas la hubiesen protegido en forma adecuada, podría haber permanecido en Ciudad de México, llevar una vida independiente y contar con atención medida cercana y de calidad. Tal vez hoy estaría viva.
Para honrar la vida de Lupita, la Cámara de Diputados de México debería dejar de perder el tiempo y sancionar de inmediato las reformas que proporcionarían los recursos necesarios que eviten que su experiencia les ocurra a otras mujeres con discapacidad en México.
