(Ciudad de México, 16 de febrero de 2023) – El 16 de febrero de 2023 se presentará ante el Congreso de la Ciudad de México una propuesta para eliminar la interdicción de las personas con discapacidad y personas mayores, que podría representar una decisión histórica para los derechos humanos, señalaron Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos en el día de hoy.
Marisela Zúñiga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, presentará el proyecto con el objeto de reformar el Código Civil y la Ley de Notariado de la Ciudad para adecuar ambas leyes al derecho internacional de los derechos humanos. Pondría fin a la tutela legal y reconocería a todas las personas adultas el derecho a tomar sus propias decisiones.
“La sociedad cree que nosotros [las personas con discapacidad] somos incapaces de decidir las cuestiones más relevantes sobre nuestras vidas: por ejemplo, dónde vivir y con quiénes, el tipo de trabajo que deseamos tener, las cosas que queremos comprar y si deseamos casarnos”, señaló Fernanda Castro Maya, una mujer con discapacidad intelectual que trabaja en CONFE, una de las organizaciones que apoyan la propuesta. “Pero si se nos brinda el derecho legal de hacerlo y un acceso adecuado a apoyos, podríamos estar en condiciones de participar en igualdad de condiciones con otras personas en todos los asuntos que nos conciernen”.
Decidir es mi derecho, una coalición de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de derechos humanos y académicos, propuso el texto para el proyecto, que eliminaría el sistema de interdicción. La Suprema Corte de Justicia mexicana estableció la inconstitucionalidad de la interdicción en 2021 al considerar que discrimina de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. En caso de aprobarse, el proyecto aseguraría que cada persona adulta en la Ciudad de México tenga plena capacidad jurídica y goce de acceso a los apoyos que desee para la toma de decisiones. El apoyo podría incluir designar a una o varias personas para comprender las transacciones jurídicas, comunicar decisiones a las autoridades y a terceros o expresar su voluntad y preferencias.
Desde 1928, el Código Civil en la Ciudad de México y otras leyes que regulan la capacidad jurídica de todas las personas en México, ha privado a muchas personas con discapacidad de su derecho a tomar decisiones y presupone erradamente que no tienen la suficiente capacidad mental de realizar elecciones. Conforme a esta ley, las personas sordas, sordociegas o con discapacidades intelectuales o condiciones de salud mental pueden quedar en régimen de interdicción, lo que implica que otra persona tome decisiones por ellas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en vigor en México desde 2008, abandonó el modelo médico de discapacidad por un modelo social, que considera a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no como objetos de cuidados o rehabilitación.
“Quienes han tratado con el sistema de salud mental de México han experimentado en primera persona lo que implica ser descalificado y sometido a tratamiento involuntario e internación, y en algunos casos incluso han sido encadenados”, expresó Víctor Lizama, miembro de Orgullo Loco México, quien abogó exitosamente por una reforma paradigmática que estableció la plena capacidad jurídica dentro del sistema de salud de México. “Si bien el consentimiento informado es fundamental para gozar de la mayoría de los derechos humanos, la plena capacidad jurídica debe ampliarse a todos los ámbitos del derecho, incluida la legislación civil”.
Además del tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, México ha ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que establece el derecho de los adultos mayores a la plena capacidad jurídica y el acceso a la toma de decisiones con apoyos estableciendo salvaguardas adecuadas para prevenir los abusos y la influencia indebida. Muchas personas mayores están actualmente bajo tutela. En 2021, en una decisión que vincula a todos los tribunales estatales y federales, la Suprema Corte de Justicia determinó que la interdicción es inconstitucional y viola las obligaciones internacionales de derechos humanos de México.
“Padres y madres de niñas, niños y adolescentes con discapacidades intelectuales o de otro tipo precisan que haya un marco jurídico que nos brinde instrumentos para educar a nuestras hijas e hijos, que aseguren que pueden lograr la independencia y ser incluidos en la comunidad”, dijo Katia D’Artigues, periodista y defensora de derechos de las personas con discapacidad en Ciudad de México y madre de Alan, un adolescente con síndrome de Down. “La capacidad jurídica es un pilar fundamental y una condición para la inclusión genuina de las personas con discapacidad”.
“El proyecto que se presentó hoy puede —y debe— ser usado por el Congreso Federal y otras legislaturas de los estados como modelo para que armonicen la legislación civil de México en su totalidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, expresó Carlos Ríos-Espinosa, director asociado de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch. “Todos los instrumentos jurídicos a nivel federal y de los estados deben ser congruentes en el reconocimiento de la capacidad jurídica plena. El Congreso federal está trabajando para diseñar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el fin de incluir un nuevo modelo de toma de decisiones con apoyos, que también es un instrumento esencial”.
