Las mujeres mexicanas con discapacidad experimentan índices de violencia doméstica estremecedores, según lo concluye una nueva encuesta.
Es la primera vez que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), incluye a mujeres y niñas con discapacidad como una categoría diferenciada desde que, en 2003, empezó a registrar y analizar datos de violencia contra mujeres y niñas de 15 años de edad o más.
Según la edición 2021 de la encuesta, que se divulgó en agosto de 2022, el 11,9% de las mujeres y niñas de al menos 15 años de edad en México, que son más de seis millones, tiene alguna discapacidad. La encuesta confirma que, a lo largo de su vida, la totalidad de las mujeres y niñas enfrentan un índice de violencia alto, del 70,1%. Pero para las mujeres y niñas con discapacidad, la tasa es incluso mayor: el 72,6% han sufrido violencia al menos una vez en su vida.
La encuesta contempla cinco categorías de violencia: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, que en el último caso se refiere a cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la víctima. Y para cada forma de violencia, salvo la violencia sexual, el porcentaje de encuestadas que habían experimentado violencia en el año precedente era mayor entre las mujeres y niñas con discapacidad.
Durante la vida de las encuestadas, los índices de violencia sexual son muy similares entre quienes tienen alguna discapacidad y quienes no la tienen. Sin embargo, en las demás categorías, las tasas son sustancialmente más altas para quienes tienen alguna discapacidad.
Incluir este tipo de información resulta esencial para establecer y desarrollar adecuadamente políticas que prevengan la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. Y si bien esto hace que la nueva edición de la encuesta sea muy valiosa, todavía hay margen para mejoras.
Por ejemplo, la encuesta no captó en forma suficiente información sobre mujeres y niñas con discapacidades psicosociales o condiciones de salud mental. El organismo de estadísticas de México y otras autoridades gubernamentales que recaban datos sobre violencia contra las personas con discapacidad deberían realizar un esfuerzo coordinado para reunir información sobre niñas y mujeres con discapacidad psicosocial, a fin de comprender cabalmente la magnitud del problema.
Otra área que no está presente son las mujeres que se encuentran institucionalizadas, lo cual de por sí representa un abuso contra las personas con discapacidad. No se dispone de datos nacionales acerca de las personas con discapacidad que viven en instituciones, donde es improbable que se denuncien la mayoría de los eventos violentos. Debido a las dificultades que implica recabar datos de personas que se encuentran en instituciones, es posible que al INEGI no le resulte fácil obtener esta información crucial para la próxima encuesta nacional. Pero otro tipo de instrumento, como un censo general de personas que viven en instituciones, y que ha sido implementado en otros países, como Brasil, podría permitir conocer cómo afecta la violencia a las personas con discapacidad que viven en esas condiciones.
Habíamos instado al INEGI a que recabara información desglosada sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Incluso con la información que falta, ahora tenemos un panorama mucho más preciso de cuál es la situación y qué políticas deben establecerse.
Los organismos públicos en todos los niveles deberían analizar estos nuevos datos y reconsiderar sus políticas y prácticas con el propósito de contribuir a la seguridad de las mujeres y niñas con discapacidad.
Ya está en trámite un proyecto legislativo para que las mujeres con discapacidad cuenten con servicios accesibles que las protejan frente a la violencia. El año pasado, una coalición de organizaciones de mujeres con discapacidad y otras organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch y Yo También, presentaron una propuesta para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estableciendo la exigencia de que los albergues para mujeres hagan accesibles sus servicios a las mujeres con discapacidad y, entre otras cosas, presten los servicios de apoyo necesarios para que puedan escapar de la violencia.
Si bien el Senado aprobó la propuesta en noviembre de 2021, esta se encuentra detenida en la Cámara de Diputados.
Ahora que cuenta con evidencias concretas sobre los altos índices de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad que surgen de la encuesta del INEGI, el poder legislativo debería capitalizar esta oportunidad de impulsar el proceso legislativo y asignar los fondos que sean necesarios. Estas reformas ofrecerían protecciones largamente postergadas a mujeres y niñas con discapacidad que llevan tiempo sufriendo, sin ninguna ayuda ni posibilidad de recurso.
