(São Paulo) - El gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha logrado importantes avances en la protección de la Amazonia, los derechos de las mujeres y otros derechos durante 2023, pero no ha abordado adecuadamente el problema crónico de la violencia policial ni defendido los derechos humanos de forma consistente en su política exterior, señaló hoy Human Rights Watch al publicar su Informe Mundial 2024.
“El presidente Lula terminó su primer año de mandato presentando inconsistencias en materia de derechos humanos”, señaló César Muñoz, director de la oficina de Human Rights Watch en Brasil. “Revirtió algunas políticas contrarias a los derechos humanos de su antecesor, pero siguen existiendo importantes desafíos, como el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, que afecta desproporcionadamente a la población negra brasileña, y una política exterior que no promueve los derechos humanos de forma coherente.”
La 34.a edición del Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch, de 740 páginas, analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En el ensayo introductorio, la directora ejecutiva Tirana Hassan señala que 2023 fue un año con fuertes implicancias no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino además por el ejercicio de la diplomacia transaccional y la indignación selectiva que manifestaron algunos gobiernos, lo cual conllevó costos profundos para los derechos de quienes se encontraban fuera de estos acuerdos. Pero señala que también hubo destellos de esperanza, que muestran que es posible un camino diferente, e insta a los gobiernos a respetar de manera congruente sus obligaciones en materia de derechos humanos.
El presidente Lula revocó algunas de las desastrosas políticas anti-ambientales de su antecesor, Jair Bolsonaro. Durante el gobierno anterior, la deforestación en la Amazonia aumentó un 53%. En 2023, el primer año del gobierno de Lula, la deforestación de la Amazonia cayó un 50% en comparación con 2022, según las alertas de deforestación del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), actualizadas hasta el 29 de diciembre.
El presidente Lula también rompió con la postura hostil a los derechos indígenas adoptada por Bolsonaro, al reanudar la titulación de tierras indígenas y nombrar a las primeras líderes indígenas para dirigir un recién creado Ministerio de Pueblos Indígenas y la Agencia de asuntos indígenas de Brasil. En una decisión histórica, el Tribunal Supremo rechazó un intento de restringir el derecho de los indígenas a sus tierras tradicionales. Sin embargo, el Congreso reaccionó, aprobando un proyecto de ley contrario a esta decisión y, posteriormente, revocando el veto del presidente a ese proyecto.
El gobierno de Lula mejoró las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil y envió al Congreso para su aprobación el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que exige a los gobiernos de América Latina y el Caribe que tomen medidas para proteger a los defensores del medio ambiente y para garantizar el acceso a la información y la participación pública en asuntos medioambientales.
En cambio, el gobierno no logró contener la destrucción de la sabana tropical, conocida como Cerrado, donde la deforestación aumentó un 43% en 2023, según las alertas de deforestación del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Además, el gobierno planea aumentar significativamente la producción de petróleo y gas en la próxima década. En diciembre, durante la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el clima, COP 28, el presidente Lula anunció que Brasil pretende integrarse, como observador, al grupo OPEP+ de naciones productoras de petróleo.
El gobierno de Lula presentó al Congreso y posteriormente promulgó un proyecto de ley para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y derogó una norma que obligaba a los profesionales de la salud a denunciar a la policía los casos de supervivientes de violación que quisieran interrumpir un embarazo. También retomó una iniciativa para promover la educación en salud sexual y reproductiva en las escuelas.
Aunque el gobierno de Lula creó un nuevo Ministerio de Igualdad Racial, no adoptó medidas contundentes para hacer frente a la violencia policial, que afecta de forma desproporcionada a la población negra. La policía ha matado a más de 6.000 personas cada año en Brasil desde 2018. Más del 80% de las víctimas en 2022 eran negras. De enero a junio de 2023, la letalidad policial aumentó en 16 estados, en comparación con el mismo periodo de 2022, según datos recopilados por la organización no gubernamental Foro Brasileño de Seguridad Pública.
A lo largo de la última década, Human Rights Watch ha documentado graves fallas en las investigaciones llevadas a cabo por la policía civil, el cuerpo estatal investigativo, incluyendo en el caso de la muerte de 28 personas durante una operación de la policía de São Paulo en 2023.
Aunque los gobernadores son responsables por los cuerpos de policía estatales, el gobierno federal tiene autoridad para coordinar con los estados y municipios, desarrollar políticas públicas nacionales y garantizar que la financiación federal de la seguridad pública esté condicionada a la reducción de la letalidad policial. El gobierno de Lula está revisando el plan nacional de seguridad pública de Brasil, el cual debería incluir objetivos y medidas concretas para frenar los homicidios causados por la policía en todo el país, señaló Human Rights Watch. Es esencial que este plan esté estrechamente coordinado con el Ministerio Público, que debería mejorar la supervisión policial y exigir que los fiscales dirijan las investigaciones sobre abusos policiales, en lugar de dejar que la policía se investigue a sí misma.
Una medida clave para garantizar la independencia judicial y la protección de los derechos humanos es contar con un fiscal general que tome decisiones basadas en la ley y no en intereses políticos. En Brasil, esa independencia se ha preservado tradicionalmente mediante la práctica de elegir de una triple lista de candidatos votados por los fiscales de todo el país. Sin embargo, el presidente Lula siguió el ejemplo negativo de Bolsonaro al elegir a un fiscal general que no figuraba en esa lista.
La política exterior del gobierno de Lula ha sido incoherente en materia de derechos humanos. Abogó por una mayor protección del derecho a la educación e impulsó la ayuda humanitaria a los civiles de Gaza en medio de la escalada de las hostilidades en Israel y Palestina.
Sin embargo, el presidente Lula calificó el debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela como una “narrativa construida”, a pesar de la larga lista de acciones autoritarias y abusos de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
“El presidente Lula prometió que volvería a situar a Brasil en la escena mundial”, dijo Muñoz. “Debería utilizar el nuevo perfil global de Brasil, como su presencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los BRICS, y la presidencia del G20 en 2024, para promover los derechos humanos y condenar los abusos, independientemente de los intereses geopolíticos o de la ideología del gobierno responsable por las violaciones.”
