Durante los primeros días desde que Twitter pasó a ser propiedad de Elon Musk, no abundan los motivos para ser optimistas desde una perspectiva de derechos humanos. La impronta caótica e impulsiva que ha mostrado Musk tiñe de incertidumbre el futuro de la plataforma y deja muchos interrogantes. Pero lo que sí sabemos es, como mínimo, inquietante y, en algunos casos, directamente alarmante.
Una de las primeras medidas concretas que adoptó Musk ha sido despedir a casi la mitad del personal de Twitter, incluida la totalidad del equipo dedicado a derechos humanos, el equipo de accesibilidad que intentó mejorar la experiencia de las personas con discapacidad en Twitter y el equipo abocado a reducir posiciones tendenciosas y daños. Poco después, renunció personal clave responsable de las áreas de seguridad de la información, privacidad y confianza y seguridad.
La divulgación —y posterior eliminación— por parte de Musk de teorías conspirativas nocivas acerca del ataque contra el esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes por el partido demócrata, parecen confirmar nuestros peores temores sobre la postura de Musk como “absolutista de la libertad de expresión”, conforme él mismo se proclama. La libertad de expresión no equivale a “cualquier expresión”, dado que hay límites.
A esto se suma, ni más ni menos, que la intención de Musk de monetizar la verificación en la plataforma. Cobrar a los usuarios un cargo mensual para convertirse en usuarios “verificados” podría agravar el riesgo de suplantación de identidad y prestar aún más legitimidad a la desinformación, como se hizo patente en los últimos días. Para algunas personas, incluidos defensores de derechos humanos, la suplantación de identidad puede tener consecuencias muy graves, e incluso fatales. Ante estas cuestiones, Twitter suspendió hasta nuevo aviso la implementación del servicio de suscripción Twitter Blue.
El proceso antiguo y engorroso que implicaba la verificación en Twitter presentaba numerosas falencias, pero al menos intentaba establecer ciertas protecciones orientadas a impedir la suplantación.
Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Con independencia de qué forma adopte, Twitter, al igual que todas las plataformas sociales, debería asegurar transparencia, rendición de cuentas y congruencia en las medidas que toma que afecten los derechos humanos de las personas. Despedir a las personas que cuentan con conocimientos esenciales sobre derechos humanos y que conocen los distintos contextos no es en absoluto congruente con estas responsabilidades. Los posibles daños —sobre todo a comunidades marginadas— son mayúsculos, como se ha visto antes. (Los principios de Santa Clara sobre moderación de contenidos brindan un marco con respecto a cómo responder a estos desafíos).
Algunas de las cuestiones que se manifestaron cuando Musk tomó el control de Twitter muestran la necesidad de repensar a las plataformas sociales en general. Las plataformas sociales son espacios públicos digitales y, como tales, adoptan muchas de las cualidades de un bien público; ello implica que necesitan de más supervisión, incluidas reglamentaciones más rigurosas fundamentadas en estándares de derechos humanos. Ninguna persona debería tener el poder que Musk ejerce sobre una infraestructura de información tan crucial.
Desconocemos todavía si la presión —que incluye desde la salida de patrocinadores hasta el éxodo de usuarios— limitará el accionar de Musk y lo llevará a reposicionar a Twitter para que su situación sea más acorde con el respeto de los derechos. Es mucho lo que está en juego.
Al momento de la publicación, Twitter no había respondido a nuestro pedido de comentarios.
