Indonesia: Indigenous Peoples Losing Their Forests

The Indonesian government is failing to protect the rights of Indigenous peoples who have lost their traditional forests and livelihoods to oil palm plantations in West Kalimantan and Jambi provinces.

(Yakarta) – El gobierno de Indonesia no está protegiendo los derechos de los pueblos indígenas que han perdido sus bosques tradicionales y medios de subsistencia a causa de plantaciones de aceite de palma en las provincias de West Kalimantan y Jambi, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. La pérdida de bosques se produce a gran escala y no sólo perjudica a los pueblos indígenas locales, sino que también está relacionada con el cambio climático mundial.

El informe de 89 páginas, “‘When We Lost the Forest, We Lost Everything’: Oil Palm Plantations and Rights Violations in Indonesia” [“Al perder el bosque, perdimos todo”: Plantaciones de aceite de palma y violaciones de derechos en Indonesia], analiza cómo la combinación de leyes poco rigurosas, la débil fiscalización por parte del gobierno y el incumplimiento por las empresas que operan plantaciones de aceite de palma de sus responsabilidades en materia de derechos humanos ha tenido un impacto negativo en los derechos de los pueblos indígenas a los bosques, medios de subsistencia, alimentos, agua y cultura en la regencia de Bengkayang en West Kalimantan, y en la regencia de Sarolangun, en Jambi. El informe, elaborado a partir de entrevistas con más de 100 personas y una exhaustiva investigación de campo, pone de manifiesto los desafíos singulares que enfrentan como resultado de esto los pueblos indígenas, y particularmente las mujeres.

“Las comunidades indígenas de Indonesia han sufrido perjuicios considerables desde que perdieron sus frondosos bosques ancestrales por el avance de las plantaciones de aceite de palma”, expresó Juliana Nnoko-Mewanu, investigadora sobre mujeres y tierra de Human Rights Watch y autora del informe. “El gobierno de Indonesia ha creado un sistema que facilita la privación de los derechos indígenas sobre las tierras”.

Existe un entramado complejo de empresas locales e internacionales que participan en el cultivo del fruto de la palma, su procesamiento para convertirlo en aceite, la manufactura de ingredientes y el uso de estos para elaborar productos para el consumo que se venden en todo el mundo, desde mezclas de biodiésel, pizzas congeladas, cremas untables de chocolate y avellana, galletitas y margarina, hasta la fabricación de numerosas cremas y lociones, jabones, maquillajes, velas y detergentes. Debido a su omnipresencia en los artículos de consumo, es probable que cada persona del mundo haya consumido aceite de palma en alguna de sus formas.

Human Rights Watch se centró en las plantaciones de dos empresas de aceite de palma: PT Ledo Lestari en West Kalimantan y PT Sari Aditya Loka 1, subsidiaria de Jardine Matheson Group, en Jambi. Ambas plantaciones de aceite de palma han tenido un impacto devastador sobre los derechos de dos poblaciones indígenas: los Ibans, un subgrupo del pueblo Dayak autóctono de Borneo (Kalimantan), y los Orang Rimba, un pueblo indígena seminómada, oriundo de Sumatra central, que depende del bosque.

El impacto de la producción de aceite de palma se puede apreciar en todo el territorio de Indonesia, incluso en la inestable provincia de Papúa, indicó Human Rights Watch. Aquí son generalizados los conflictos relacionados con tierras, que con bastante frecuencia están asociados con plantaciones de aceite de palma. Konsorsium Pembaruan Agraria (Consorcio por la Reforma Agraria), una organización no gubernamental indonesia, documentó más de 650 conflictos vinculados con tierras que afectaron a más de 650.000 hogares en 2017, y cerca de 410 conflictos que afectaron a 87.568 hogares en 2018.

Desde 1999, varias leyes indonesias exigen que las empresas que pretendan desarrollar plantaciones de aceite de palma consulten a las comunidades locales en cada etapa del proceso para obtener las licencias gubernamentales. Conforme al derecho internacional, las empresas tienen la responsabilidad de realizar consultas permanentes a las comunidades.

Human Rights Watch determinó que no había evidencias de que estas empresas de plantaciones de aceite de palma consultaran en forma adecuada a los hogares afectados hasta después de que ya hubiera una destrucción significativa de los bosques. En West Kalimantan, pobladores de Iban señalaron que se enteraron de que la empresa había iniciado actividades en su bosque recién cuando llegaron maquinas excavadoras y otras maquinarias para arrasar con sus tierras. Una década más tarde, PT Ledo Lestari firmó acuerdos con algunas familias para reubicar sus viviendas varios kilómetros dentro de la plantación, pero no brindó ninguna indemnización por la pérdida de su bosque autóctono ni de los medios de subsistencia que este generaba. La comunidad ahora se encuentra enclavada dentro de la plantación de aceite de palma de la empresa, y debido a esto no les quedan tierras para jardines. Los bosques han sido mayormente destruidos, y en este proceso se han eliminado las plantas que utilizan para alimentarse y los materiales que usan para fabricar esteras y cestas que venden con el fin de complementar los ingresos del hogar. Diversos miembros de la comunidad señalaron que representantes de la empresa incendiaron sus viviendas en la antigua aldea, incluidos los objetos de los residentes que se negaron a reubicarse.

En Jambi, en el centro de Sumatra, PT Sari Aditya Loka 1 no consultó de manera adecuada a los Orang Rimba para mitigar posibles perjuicios luego de reformas legales que establecieron claras obligaciones en este sentido. La empresa no ha organizado ningún tipo de consultas genuinas ni ha llegado a un acuerdo para brindar reparaciones a las comunidades Orang Rimba que la compañía desplazó de sus bosques.

El bosque mismo ha sido modificado en forma irreversible. Anteriormente, el bosque cubría casi todas las necesidades de los miembros de la comunidad, desde alimentos hasta ratán. Muchos Orang Rimba en la provincia de Jambi ahora se han quedado sin vivienda y viven en carpas de plástico, sin apoyo para su subsistencia. Algunos miembros de la comunidad Orang Rimba indicaron que antes eran autosuficientes pero que, ahora, se ven obligados a mendigar en las carreteras o “robar” frutos de la palma de la plantación para venderlos y obtener algún dinero. Muchos viven actualmente sumidos en la pobreza absoluta.

En ambas comunidades, las mujeres sufrieron pérdidas concretas en lo que respecta a la transmisión intergeneracional de conocimientos y habilidades, como tejer esteras y cestos con materiales procedentes del bosque. Varias mujeres indígenas narraron que perdieron fuentes de ingresos adicionales.

En 2018 y 2019, Human Rights Watch escribió a PT Ledo Lestari y PT Sari Aditya Loka 1 presentando nuestra investigación y explicando posteriormente nuestros hallazgos, junto con una lista de preguntas. PT Ledo Lestari no ha respondido. En agosto, Human Rights Watch recibió un carta por correo electrónico del vicepresidente de sostenibilidad de de PT Astra Agro Lestari Tbk. En la carta se indicaban detalles sobre programas económicos, de educación y de salud que la empresa implementa en el lugar. No obstante, las empresas no han creado ningún mecanismo para evaluar la posibilidad de restitución o brindar una indemnización justa y equitativa por las pérdidas sufridas, en consulta con los pueblos indígenas afectados.

Los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos imponen responsabilidades a las empresas con independencia de las obligaciones gubernamentales de identificar, prevenir, mitigar y remediar violaciones de derechos humanos vinculadas con sus operaciones. Las investigaciones de Human Rights Watch indican que las empresas no estaban cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Sucesivos gobiernos en Indonesia han hecho caso omiso de la desforestación generalizada y han facilitado la proliferación de plantaciones de aceite de palma. Entre 2001 y 2017, Indonesia perdió 24 millones de hectáreas de bosques, un territorio casi del tamaño del Reino Unido. Indonesia tiene cerca de 14 millones de hectáreas de tierras plantadas con aceite de palma.

La deforestación a este nivel masivo no solo amenaza el bienestar y la cultura de las poblaciones indígenas, sino que además tiene implicancias globales asociadas con el cambio climático. La Unión Europea respondió a las inquietudes ambientales con respecto a la producción del aceite de palma estableciendo los niveles de 2019 como tope máximo para todas las importaciones de este producto destinadas a biocombustibles hasta el año 2023, y previó que su eliminación progresiva culmine en 2030. La política de la UE también debería promover la transparencia dentro de la cadena de suministro para contrarrestar los riesgos de derechos humanos que enfrentan las comunidades debido a las plantaciones de aceite de palma.

El 23 de septiembre, en la Cumbre de Acción Climática de Nueva York, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pedirá a los líderes de los gobiernos y de las empresas que aumenten sus compromisos de reducir drásticamente las emisiones de carbono para mediados de siglo. Un tema clave de la cumbre es centrarse en soluciones basadas en la naturaleza mediante el aumento de la capacidad de los sumideros de carbono y mejorar la capacidad de recuperación a través de la silvicultura.

En 2018, el presidente Joko Widodo anunció una moratoria para los nuevos permisos de plantaciones de aceite de palma. La moratoria es una buena primera medida, pero es importante que se lleven a cabo reformas largamente esperadas, señaló Human Rights Watch.

El parlamento de Indonesia está tratando un proyecto para proteger los derechos de los pueblos indígenas y asegurar que se establezcan procedimientos de reconocimiento sencillos. De ser aprobada, la norma contribuiría sustancialmente a proteger los derechos de los pueblos indígenas a sus bosques tradicionales.

“La pobreza, el hambre y la pérdida de identidad que padecen las poblaciones indígenas a cambio del aceite de palma y los artículos de consumo que se producen con este representan una tragedia de derechos humanos”, expresó Nnoko-Mewanu. “El parlamento debería adoptar sin demora el proyecto legislativo para proteger los derechos indígenas, y frenar más daños irreversibles provocados por la industria de la palma”. 

Selección de testimonios del informe:

Leni, de 43 años y miembro de la comunidad Iban Dayak, es madre de dos hijos y vive en el distrito Jagoi Babang de la provincia West Kalimantan, una zona en la que habita su comunidad indígena desde hace siglos. Algo de 15 años atrás, la casa estaba rodeada de frondosos árboles frutales de rambután. Actualmente, son pocos los terrenos donde pueden realizar actividades agrícolas y no queda mucho bosque donde recolectar alimentos desde que las tierras fueron despejadas para hacer lugar a una plantación de aceite de palma que administra una empresa indonesia. Leni explicó:

Antes nuestras vidas eran simples; no éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Desde que llegó la plantación de aceite de palma, hay más sufrimiento. No puedo dar de comer a mi familia. Tengo un bebé. Todos los días tengo que poner comida en la mesa. ¿Cómo puedo hacerlo si de nosotros [mi esposo y yo] trabaja? Cada día tengo que rebuscármelas para ver cómo lo logro.

Maliau, una mujer anciana de la comunidad Orang Rimba que tiene nueve hijos, ha tenido dificultades para vivir de la tierra en el distrito de Sarolangun, provincia de Jambi, en la isla de Sumatra. En el pasado los bosques daban sustento a varias familias de su comunidad, incluida la suya. Actualmente se encuentran diezmados por la plantación de aceite de palma que empezó a funcionar en la zona hace casi tres décadas:

Antes la vida era mejor. Las mujeres podrían encontrar muchos tipos de alimentos. Algunas tejían esteras con hojas y hacían cestas. Hacíamos lámparas con resina natural. Ahora no podemos encontrar materiales para nada de esto.

Mormonus, un líder comunitario de 49 años de Semunying Jaya, fue una de las dos personas detenidas por la policía en 2006 por organizar manifestaciones contra la expansión de PT Ledo Lestari en sus bosques:

Los bosques eran todo. Nos dan agua. Y el agua es como la sangre... la tierra es el cuerpo, y la madera es la respiración. Al perder el bosque, perdimos todo. No podemos rezar al dios del aceite de palma.

Francesca, de 28 años, que pertenece a la comunidad Iban Dayak y es madre de dos hijos, expresó que ella y su esposo se negaron a trasladarse. Afirmó que representantes de la empresa quemaron su vivienda, y que esto hizo que quedaran sin techo:

Un subcapataz se presentó en mi vivienda. Ese día, mi hijo mayor tenía fiebre. Le dijo a mi esposo: “Sus cinco hectáreas de tierra aquí ya no existen, y tampoco las dos hectáreas de aquí. Vayan a la empresa y reclamen su dinero”. Mi esposo les dijo que no quería vender. Algunos meses después, mientras estaba en la nueva casa de mi madre [dentro de la plantación] y mi esposo estaba de viaje en Malasia, escuchamos un estruendo y luego vimos humo. Fui a ver, y era algo tremendo. Mi casa ya se había quemado. Todo lo que había dentro, la bicicleta de mi hijo, la ropa de vestir y toda la madera con la que pensábamos construir una casa, habían desaparecido.

Susanti, una mujer 37 años de la comunidad Iban Dayak y madre soltera de cuatro niños, expresó:

La [empresa] despejó el terreno y dijo que debía irme a otro lugar. Tuve que vender mi tierra o dejar que se la quedaran sin darme pago alguno. Lo hice para sobrevivir. Ellos [la empresa] no brindaron transporte para que yo pudiera trasladar mis cosas [al nuevo lugar]. Quemaron mi madera y los objetos personales que había dejado.