El secuestro y la desaparición forzada en 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, es una de las atrocidades sin resolver más tristemente célebres de México.
Hace unos meses, parecía que el caso estaba finalmente avanzando en la identificación de los responsables, pero ahora la esperanza se desvanece.
Tras la desaparición, Human Rights Watch documentó graves falencias en la respuesta de las autoridades. Más tarde, un grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que las autoridades habían llevado a cabo un encubrimiento masivo y habían torturado a presuntos implicados y manipulado pruebas para crear una versión falsa de los acontecimientos.
Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, prometió determinar de una vez por todas qué había ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables. A fin de asegurar una investigación creíble, el fiscal general creó una unidad especial de investigación para el caso, designó al frente de esta a un respetado defensor de derechos humanos y aseguró permitirle trabajar con independencia absoluta.
El fiscal especial logró avances importantes. Y en agosto de 2022, las autoridades obtuvieron 83 órdenes de arresto contra funcionarios públicos, presuntos miembros de cárteles y soldados implicados en la desaparición y el encubrimiento.
Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de acontecimientos y revelaciones han puesto en duda la voluntad de las autoridades de resolver el caso.
El 27 de septiembre, el fiscal especial renunció de manera repentina e inesperada. Días después, el grupo de expertos de la CIDH presentó un informe en el cual sostuvo que el fiscal general había obstaculizado la investigación durante meses, entre otras cosas, al negarse a ejecutar órdenes de arresto o llevar a cabo pericias, quitar personal y casos a la fiscalía especial de manera arbitraria, interceder para que se cancelaran órdenes de detención contra militares y funcionaros públicos, y abrir una investigación interna contra el fiscal especial. Hace dos semanas, el fiscal general nombró a un nuevo fiscal especial para el caso: un aliado político del presidente que no tiene experiencia en la investigación de violaciones de derechos humanos.
Es llamativo que esta injerencia en el caso parezca haberse centrado en las acusaciones contra militares. El grupo de expertos de la CIDH ha manifestado reiteradamente su preocupación debido a que las fuerzas militares se niegan a entregar información relevante sobre el caso, a pesar de una orden presidencial en ese sentido. Y correos filtrados hace poco sugieren que el secretario de Defensa pidió al presidente que intercediera personalmente para evitar que se procesara a soldados.
El caso de Ayotzinapa es una muestra clara de las fallas del sistema de justicia disfuncional de México, donde reina la impunidad. Para que eso cambie, las autoridades deben hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que haya una investigación independiente y creíble.
