(Nueva York) – México debería abordar inmediatamente las fallas en su investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, y llevar a los responsables ante la justicia, señaló hoy Human Rights Watch. La Procuraduría General de la República (PGR) debería investigar de inmediato las denuncias de graves abusos y obstrucción de justicia planteados por un grupo de expertos internacionales que evaluó la investigación oficial sobre las desapariciones.
El 6 de septiembre de 2015, un grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe que refuta la versión oficial sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero. La versión oficial sostenía que los 43 estudiantes habían sido detenidos por policías municipales y entregados a miembros de una organización delictiva, quienes mataron a las víctimas y quemaron sus cuerpos en un basurero municipal cercano. Según el grupo de expertos, estas conclusiones se basan en declaraciones de testigos que habrían sufrido graves abusos, y que son contradictorias con la evidencia física.
“Este informe contiene una evaluación extremadamente crítica sobre la actuación de México ante la atrocidad de derechos humanos más grave de los últimos tiempos”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”.
Expertos forenses austríacos identificaron los restos de un solo estudiante, supuestamente encontrados cerca del basurero. Todavía se desconoce el paradero de los otros 42.
El informe cuestiona aspectos clave de las conclusiones de la PGR, que aseguró haber esclarecido el caso en enero de 2015. Según el grupo de expertos, es “imposible” que 43 cuerpos hayan sido cremados en el basurero, y “no existe ninguna evidencia” que sustente esa hipótesis.
La investigación oficial estuvo marcada por el manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave. Las autoridades estatales no aseguraron ni documentaron adecuadamente distintos lugares donde ocurrieron los delitos, y debido a esto hubo elementos de prueba cruciales, como sangre y cabellos, que quedaron expuestos a la contaminación y manipulación. En julio de 2015, a más de nueve meses de iniciada la investigación, el grupo descubrió que numerosas prendas de vestir que pertenecían a las víctimas habían sido recogidas pero nunca habían sido analizadas.
Los agentes de la PGR no examinaron grabaciones de cámaras de seguridad hasta que fue solicitado por el grupo de expertos, y en ese momento gran parte del contenido había sido borrado. Por ejemplo, un video con imágenes de un enfrentamiento entre estudiantes y policías fue borrado mientras se encontraba bajo la custodia de agentes del Poder Judicial estatal, señaló el grupo. Las autoridades tampoco allanaron las viviendas u oficinas de policías municipales que estaban entre los principales presuntos responsables. Dos conductores de autobús que presenciaron enfrentamientos entre estudiantes y policías no fueron entrevistados por los agentes del Ministerio Púbico hasta abril de 2015.
El grupo de expertos concluyó que numerosos detenidos sufrieron lesiones provocadas por abusos deliberados. Varios presuntos implicados les dijeron a los expertos que fueron torturados por agentes de seguridad.
Asimismo, el informe revela que los agentes de la PGR solamente enfocaron sus investigaciones en cuatro autobuses que llevaban a los estudiantes, y no investigaron el posible nexo entre las desapariciones y un quinto autobús, que también trasladaba a estudiantes. Las autoridades federales indicaron al grupo que el quinto autobús había sido destruido por estudiantes antes de los enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad, pero, según los expertos internacionales, esta aseveración fue contradicha por numerosos testigos y por la investigación inicial que llevaron a cabo autoridades estatales.
La omisión tuvo “serias consecuencias” para la investigación, ya que es probable que este autobús sea un “elemento central del caso”, señalaron los expertos.
Las conclusiones del grupo de expertos son el resultado de seis meses de análisis de las evidencias disponibles y el expediente judicial, pericias independientes de los lugares de los hechos y entrevistas con presuntos implicados, autoridades federales, testigos sobrevivientes y familiares de víctimas.
El informe insta a las autoridades mexicanas a redoblar sus esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de las desapariciones forzadas, esclarecer el destino de los estudiantes desaparecidos e investigar exhaustivamente los nexos entre autoridades y la delincuencia organizada. Si bien el mandato del grupo concluyó el 2 de septiembre, el gobierno mexicano está considerando la posibilidad de una extensión.
La falta de resolución del caso de Ayotzinapa por las autoridades resulta incluso más inquietante ante la inusual atención que el caso ha recibido del público, y las reiteradas ocasiones en que el gobierno aseguró estar comprometido con su resolución, indicó Human Rights Watch.
Las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad son generalizadas en México. Decenas de cuerpos fueron exhumados en varias fosas en Iguala durante el transcurso de la investigación de Ayotzinapa. Tan sólo en el municipio de Iguala, hay más de 300 investigaciones abiertas por presuntas desapariciones forzadas, según la PGR. A nivel nacional, se desconoce el paradero de más de 25.000 personas, según un registro nacional oficial.
Hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas cometidas después de 2006, según estadísticas oficiales. En agosto de 2015, un representante de la PGR indicó a Human Rights Watch que estaban trabajando en la actualización de datos oficiales sobre desapariciones forzadas.
“Sin este informe, la magnitud de las fallas en la investigación probablemente nunca hubieran salido a la luz, y el caso de los 43 estudiantes se habría cerrado”, indicó Vivanco. “El mandato del grupo de expertos debería ahora ser renovado, para que pueda monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre este y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se repita este desempeño lamentable”.
