(Nueva York) – El gobierno mexicano llevó a cabo investigaciones tardías sobre las desapariciones forzadas de 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, y el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, señaló hoy Human Rights Watch. En el caso de Tlatlaya, ministerios públicos estatales procuraron encubrir la actuación de militares obteniendo testimonios coaccionados de las testigos de los hechos.
El gobierno mexicano debería llevar a cabo investigaciones exhaustivas de ambos episodios, sostuvo Human Rights Watch. Los funcionarios públicos que no dieron una respuesta inmediata a estos incidentes o intentaron encubrirlos deben rendir cuentas por sus actos.
“Estas son las peores atrocidades que hemos visto en México en años, pero no se trata de incidentes aislados”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, estos homicidios y desapariciones forzadas reflejan un patrón más amplio de abusos y son en buena medida consecuencia del persistente fracaso de las autoridades mexicanas para abordar este problema”.
Human Rights Watch visitó Guerrero y México, D.F. a partir del 3 de noviembre de 2014 para reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos, testigos de los dos incidentes, y altos funcionarios públicos en México, D.F., incluido el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam.
Murillo Karam y otros miembros de la PGR expresaron su compromiso para encontrar a los estudiantes de Guerrero y para asegurar que los responsables rindan cuentas por sus actos. No obstante, la respuesta inicial de la Procuraduría General de la República (PGR) a estos casos ha estado marcada por demoras significativas. En el caso de Iguala, la oficina inició la investigación recién 10 días después de que los estudiantes desaparecieran. En el caso de Tlatlaya, la PGR tardó tres meses en intervenir.
“Estas demoras inexcusables han dañado fuertemente la credibilidad de la PGR y han generado una presión creciente para que este organismo muestre resultados”, sostuvo Vivanco. “Pero sería un grave error que la PGR pasara de hacer poco o nada sobre estos casos a apurarse a llegar a conclusiones infundadas para dar respuestas sin sustento a los casos”.
En el episodio de Tlatlaya, militares mataron a 22 personas que se encontraban dentro de una bodega vacía el 30 de junio. Según testigos y un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al menos 12 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente.
Fiscales detuvieron a dos de las tres testigos, las golpearon, asfixiaron repetidamente con una bolsa, y amenazaron con abusarlas sexualmente para forzarlas a confesar que tenían vínculos con las personas asesinadas en los incidentes y a señalar que los militares no eran responsables de los asesinatos, determinó la CNDH. Una tercera testigo, quien vio como los militares ejecutaban a su hija, también fue amenazada y maltratada por fiscales.
Además, policías obligaron a las tres testigos a firmar documentos, cuyo contenido no pudieron leer.
Durante semanas, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobernador del Estado de México, y el procurador general de justicia del estado de México sostuvieron la versión oficial, según cual las muertes ocurrieron debido a un enfrentamiento y los militares habían actuado de forma adecuada.*
La PGR sólo intervino en la investigación de las presuntas ejecuciones tres meses después, luego de que la revista Esquire publicara el 17 de septiembre una entrevista a una de las testigos con su versión de los hechos.
El 25 de septiembre, el sistema de justicia militar detuvo a 24 soldados y un teniente que presuntamente participaron en los incidentes, y consignó a 8 de ellos por violaciones a la disciplina militar. El 30 de septiembre, la PGR consignó a 7 soldados y al teniente de “ejercicio indebido del servicio público”. Tres de ellos además fueron acusados de “abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo”.
En el ataque de Iguala, cerca de 30 miembros de la policía municipal abrieron fuego sin preaviso el 26 de septiembre contra tres autobuses que llevaban aproximadamente 90 normalistas de Ayotzinapa, hiriendo a más de 15 estudiantes, incluido uno que recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en estado vegetativo. Durante este incidente y uno posterior en el cual personas no identificadas dispararon en contra de los estudiantes y otros civiles, seis personas perdieron la vida.
Los estudiantes estaban regresando luego de haber tomado autobuses en Iguala con el propósito de viajar a México, D.F. para participar de manifestaciones conmemorativas de la masacre contra manifestantes en Tlatelolco en 1968.
Los policías ordenaron a los estudiantes del tercer autobús que bajaran y los golpearon y los obligaron a punta de pistola a acostarse al costado del camino, dijeron testigos a Human Rights Watch. Luego, los policías obligaron a los estudiantes a subir a por lo menos tres autos de la policía, en los cuales se los llevaron. Aún se desconoce el paradero de 43 estudiantes.
Las autoridades federales y estatales no intervinieron para proteger a los estudiantes, a pesar de que grupos locales de derechos humanos alertaron al gobierno del estado sobre los incidentes en el momento que estaba ocurriendo, y los autobuses fueron parados a 100 metros de una base militar.
Más de 50 personas han sido detenidas y más de 20 han sido consignadas por su presunta participación en los hechos en Iguala.
En febrero de 2013, Human Rights Watch público un informe titulado “Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan 149 casos de desapariciones forzadas en los cuales existe evidencia convincente de la participación de agentes de todas las fuerzas de seguridad en los hechos, cometidos durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón. Nadie ha sido condenado en estos casos de desaparición forzada ni en ningún otro cometido después de 2006, según información oficial.
*Corrección: La versión original de este comunicado de prensa decía, "Durante semanas, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobernador del Estado de México, y el procurador general de justicia del estado de México sostuvieron la versión oficial, según la cual los soldados habían muerto en un enfrentamiento y los militares habían actuado de forma adecuada".
