(Washington D.C.) – Honduras debería elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia por sus aptitudes, experiencia e integridad, señaló hoy Human Rights Watch. La selección debe realizarse sobre la base de criterios claros y el proceso debe ser transparente y permitir la participación de la sociedad civil.
El proceso de selección acaba de comenzar y se espera que culmine en enero de 2023. La decisión final con respecto a los nuevos magistrados la tomará el Congreso, cuyo presidente, Luis Redondo, es aliado de la presidenta Xiomara Castro.
“Mientras el Estado de derecho se cae a pedazos en América Central, Honduras puede marcar la diferencia si selecciona a los nuevos magistrados de la Corte Suprema en función del mérito, fortaleciendo así la independencia judicial”, dijo César Muñoz, investigador sénior de la división de las Américas de Human Rights Watch. “La presidenta Castro no debe caer en la tentación de elegir una Corte Suprema que responda a sus propios intereses y a los partidos políticos, incluido el suyo”.
Las falencias en el proceso de selección de autoridades judiciales es una de las principales causas de algunos de los males que aquejan a Honduras y a sus vecinos de América Central, como instituciones frágiles, corrupción desenfrenada y un sistema de justicia que ha sido utilizado para proteger a los poderosos y perseguir a defensores de derechos humanos y periodistas.
En Guatemala, el gobierno de Alejandro Giammattei ha trabajado con el Ministerio Público para impedir investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, y ha usado el sistema de justicia contra jueces, fiscales y periodistas independientes. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha socavado las instituciones democráticas, eliminando prácticamente cualquier contrapeso a su poder. Y, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega controla todos los estamentos del gobierno y ha perseguido de manera sistemática a críticos, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
La victoria de la presidenta Castro en noviembre de 2021, a partir de una plataforma electoral que promovía los derechos humanos, generó inmensas expectativas de cambios, pero la respuesta a tales expectativas ha sido lenta, señaló Human Rights Watch. La selección de los nuevos integrantes de la Corte Suprema ofrece a la presidenta Castro y a sus aliados en el Congreso una oportunidad crucial de fortalecer la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho.
Actualmente la Corte tiene ante sí casos sobre aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo y otros asuntos de derechos humanos. Además, la Corte Suprema cumple una función muy importante en la lucha contra la corrupción, dado que ejerce competencia respecto de casos en los que están implicados miembros del Congreso y otros altos funcionarios públicos.
En julio de 2022, en respuesta a una carta enviada por Human Rights Watch, el gobierno de la presidenta Castro se comprometió a establecer un proceso de selección que garantice la independencia judicial.
Un líder político, varios jueces y representantes de la sociedad civil dijeron a Human Rights Watch que, tradicionalmente, los partidos políticos han abusado de la facultad de designar a magistrados de la Corte Suprema repartiéndose las vacantes entre ellos en función de la proporción de escaños que ocupan en el Congreso. Asimismo, diversas fuentes señalaron que cuando un caso que involucra a un partido político llega a la Corte Suprema, incluidas las causas por corrupción, por lo general se asigna a un magistrado afín al partido involucrado.
Esta práctica ha convertido a la Corte Suprema en un instrumento de fuerzas políticas, con consecuencias nefastas para el país, en lugar de una institución independiente que aplique la ley a todos por igual, dijo Human Rights Watch.
Por ejemplo, en 2009, la Corte Suprema emitió pronunciamientos en claro apoyo al golpe militar contra el presidente depuesto Manuel Zelaya. También destituyó a cuatro jueces de instancias inferiores que se opusieron al golpe. La Corte Interamericana de Derechos Humanos posteriormente ordenó a Honduras reincorporar a tres de ellos en sus cargos.
En 2015, la Corte Suprema revocó el límite constitucional a la reelección, con el argumento de que resultaba violatorio de los derechos humanos de funcionarios que aspiraban a otro mandato. La sentencia permitió que el entonces presidente Juan Orlando Hernández se postulara a la reelección y ganara las elecciones. En 2021, a través de una opinión consultiva solicitada por Colombia, la Corte Interamericana concluyó que la prohibición a la reelección presidencial indefinida no violaba los derechos humanos, sino que contribuía a la pluralidad e impedía que el poder se perpetuara en manos de una sola persona. Actualmente, Hernández se encuentra detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y armas de fuego.
Honduras renueva a los 15 miembros de la Corte Suprema cada siete años, en un proceso de dos instancias. Primero, una junta nominadora integrada por siete miembros —el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, representantes de la Corte Suprema saliente, el Colegio de Abogados, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, los claustros de profesores de las escuelas de ciencias jurídicas, la sociedad civil y las confederaciones de trabajadores— elige a 45 candidatos para las 15 vacantes. La junta nominadora inició su trabajo el 19 de septiembre.
En julio, el Congreso adoptó una ley que regula el funcionamiento de la junta nominadora y establece estándares de evaluación para la selección de los candidatos, dispone el carácter público de las sesiones y las entrevistas, y permite la participación en calidad de observadores de la sociedad civil, los medios de comunicación y agencias de la ONU. También dispuso que al menos 7 de los nuevos 15 magistrados deben ser mujeres. En la actualidad hay 5 magistradas en la Corte Suprema.
Aunque la ley establece principios generales para el proceso de selección, la junta nominadora deberá adoptar un reglamento concreto sobre su funcionamiento y criterios de evaluación. El contenido y la aplicación de dicho reglamento serán cruciales para que todos los candidatos sean tratados por igual.
La segunda instancia del proceso es el nombramiento de magistrados por el Congreso, a través de una votación para la cual se requiere una mayoría de dos tercios. La Constitución de Honduras exige al Congreso elegir a la Corte Suprema y al fiscal general a partir de una lista de candidatos propuesta por las respectivas juntas nominadoras. Sin embargo, el fiscal general actual, cuyo mandato concluye en septiembre de 2023, fue seleccionado por el Congreso anterior a pesar de no encontrarse incluido en la lista elaborada por la junta proponente.
El presidente del Congreso y las bancadas de oposición deberían asumir el compromiso público de elegir a los magistrados de la Corte Suprema a partir de la lista elaborada por la junta nominadora, conforme lo estipulan la Constitución y la ley que se aprobó en el mes de julio. Los deben elegir en función de sus méritos y no de afinidades políticas, a través de un proceso transparente, dijo Human Rights Watch.
Si bien la selección de magistrados independientes e idóneos es crucial para el futuro de Honduras, ello no bastará para asegurar la independencia judicial. Se requieren otras reformas que aseguren una distribución imparcial de las causas y una gestión más transparente y eficiente del sistema de justicia. En la actualidad, el presidente de la Corte Suprema tiene la decisión final en lo que respecta a la selección, el ascenso, el traslado y las medidas disciplinarias de los jueces de tribunales inferiores. La presidenta Castro debería presentar un proyecto de ley para crear un órgano separado que administre el sistema de justicia, planteó Human Rights Watch.
“La impunidad, la corrupción y las violaciones de derechos humanos son factores clave que impulsan a los hondureños a abandonar sus hogares”, dijo Muñoz. “La selección de una nueva Corte Suprema que tome decisiones con apego a la ley, en vez de atender intereses políticos, sería un paso importante para fortalecer el Estado de derecho y abordar las razones por las que tantas personas se ven obligadas a emigrar. También sería un ejemplo positivo para la región”.
